Avances, oportunidades y retos en la cascada de atención 90 – 90 – 90 entre trabajadoras sexuales que interactúan con la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.

Avances, oportunidades y retos en la cascada de atención 90 – 90 – 90 entre trabajadoras sexuales que interactúan con la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.

Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, 6 de diciembre de 2016.-

Brigada Callejera cuenta con un programa de salud comunitaria donde ofrece a trabajadoras sexuales, mujeres migrantes, poblaciones callejeras y mujeres de colonias populares donde tiene intervenciones educativas, consulta médica general, pruebas rápidas de vih y sífilis, Papanicolaou, colposcopía, electrocirugía, atención dental, atención psicológica, masoterapia, banco de medicamentos y capacitación de promotoras/es de salud.

Contamos con un programa de mercadeo social de condones Encanto, marca de nuestra propiedad que nos permite distribuir de forma gratuita 7,200 condones al mesen Huixtla y Tapachula, Chiapas.

Trabajamos la prevención de la trata de personas en comunidades con antecedentes de casos de desaparición de mujeres adultas y adolescentes, feminicidios y trata de personas, tres líneas de acción: la prevención de dicho delito, la protección de víctimas potenciales y el desarrollo de capacidades para reaccionar de forma inmediata ante evidencias de tales delitos y otras formas de violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.

Promovemos el reconocimiento del trabajo sexual independiente como trabajo no asalariado, como lo muestra la Sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación que obligó al Gobierno del Distrito Federal a reconocer y acreditar como tales a este grupo social.

Contamos con los servicios de la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, iniciativa creada por nuestra organización.

Hemos desarrollado un proyecto editorial que ha producido más de 12 libros y manuales, 15 cómics contra la trata de personas, 12 sobre salud sexual dirigidos a trabajadoras sexuales, 6 dirigidos a jóvenes y adolescentes, entre otros.

Participamos en la elaboración del Informe País México para la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), donde un grupo de sobrevivientes de trata, expresan sus percepciones sobre las ayudas recibidas por parte de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Tenemos más más de 25 años de activismo comunitario.

AVANCES:

El 25 de mayo de 2000, cuando el Doctor Armando Cordera Pastor, Secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la suspensión de la expedición de la credencial de Conasida y su resello trimestral; por haberse prestado para la extorsión y para según él, "fines ilícitos a los de prevención y control sanitario"; producto de denuncias internacionales y locales en las que participaron Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez" A.C., la Red Mexicana de Trabajo Sexual y otras organizaciones del movimiento amplio de trabajo sexual de la Ciudad de México.

Colaboración entre nuestra organización y ayuntamientos de Tapachula y Huixtla, para garantizar acceso a pruebas de detección del vih y sífilis, con una cobertura del 95% de las mismas.

Acuerdo de cabildo del ayuntamiento de Huixtla, Chiapas por medio del cual se canceló el cobro de la tarjeta de control sanitario y de los servicios involucrados como el Papanicolaou, detección de vih y sífilis.

CEDH de Jalisco emite Conciliación con la entonces Procuraduría Estatal de Justicia para evitar usar condones como prueba del delito de trata de personas, después de quejas de promotoras de salud de la Brigada Callejera en el año 2010.

Censida emite carta a procuradores manifestando que los condones no son prueba de delitos, por petición de Brigada Callejera.

Emisión de cuadernillo de derechos humanos de trabajadoras sexuales y postales por parte de la CNDH.

OPORTUNIDADES:

Establecer convenios de colaboración entre Seguro Popular, Capasits, jurisdicción sanitaria y servicios o secretaría de salud municipal para garantizar gratuidad y carácter voluntario de servicios de control sanitario.

Regularización migratoria a personas con vih y luego hacer el cambio de condición migratoria a Residencia temporal con campaña de regularización para personas solteras.

Iniciar queja ante la CNDH por el control sanitario recaudatorio de Tapachula y Huixtla, Chiapas, así como de otros municipios del Soconusco.

Iniciar juicio de amparo para que se reconozca a trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas con el antecedente de la Sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación, obtenida por brigada callejera, la Red Mexicana de Trabajo sexual y el Bufete tierra y libertad y así evitar expulsiones de puntos de encuentro, altas multas y extorsión que repercuten directamente sobre la salud de este grupo.

RETOS:

Hay desabasto de pruebas rápidas en el Soconusco, Chiapas y si no hay búsqueda de personas afectadas por el vih, no hay cascada de atención.

Sólo se garantiza acceso a ARV a personas con vih, durante 90 días y si no hay acompañamiento de organizaciones o queja ante CEDH o CNDH, este derecho no se garantiza a personas en situación migratoria irregular.

La jefatura de gobierno de Cuauhtémoc, CDMX, pretende instalar nuevamente el control sanitario del vih y otras its, a pesar de su carácter discriminatorio.

Prohibición del trabajo en la calle, dificulta prevención del vih en varios municipios del Soconusco, Chiapas.

A amenazas de expulsión de trabajadoras sexuales del Parque Morelos en Guadalajara, Jalisco, no generan las mejores condiciones para prevenir el vih ni para garantizar cascada de atención a quienes viven con vih.

El uso del condón para fincar lenocinio y delitos relativos a la trata de personas, dificultan la prevención del vih entre trabajadoras sexuales, meseras, bailarinas y otras/os trabajadores de bares, cantinas, centros nocturnos, cuarterías y hoteles de paso en toda la república.

Trabajadoras sexuales detectadas con vih por ayuntamientos de Chiapas que reglamentan el control sanitario, son expulsadas a la calle, se pierde la confidencialidad de los resultados y no son acompañadas para que se garantice su acceso a tratamiento ARV.

Clausuras masivas de bares y cantinas como la de la semana pasada en Tapachula, Chiapas donde fueron cerrados 53 negocios, lanzan a la calle a más de 500 meseras, bailarinas y trabajadoras sexuales, a condiciones de mayor riesgo para su integridad y para que se les transmita el vih.

Extorsión policíaca de trabajadoras sexuales de la vía pública en Tapachula, Chiapas, dificulta que puedan comprar condones para prevenir la transmisión del vih, cuando la cuota a pagar es el equivalente a dos o tres servicios sexuales.

La venta de condones del sector salud, dificulta que lleguen gratuitos a quienes viven con vih.

Que el municipio de Huixtla, Chiapas, incluya en su Bando de Policía y Buen Gobierno, la prohibición de cobrar los servicios de control sanitario.

¿QUÉ DEMANDAMOS DE INSTITUCIONES DEL GOBIERNO MEXICANO?

Que las pruebas rápidas de detección de vih estén certificadas por la OMS, ya que algunas que se han manejado en el estado de Veracruz y Chiapas, provocan muchos falsos positivos.

Abasto oportuno de pruebas rápidas de detección de vih y sífilis, acceso a Papanicolaou, condones y fórmula láctea.

Que se garantice el acceso a ARV, más allá de los 90 días que el Seguro Popular establece para personas en situación migratoria irregular. Es suficiente con que se publique un memorándum en la página del Seguro Popular y en el Diario Oficial de la Federación para que tenga carácter vinculatorio.

Suspender el control sanitario obligatorio del trabajo sexual; ya que por temor a ser expulsadas/os del lugar donde laboran, quienes obtienen resultados reactivos al vih, evaden ir al Capasits por temor a ser estigmatizados/as.

Que las personas con vih que obtienen “visa humanitaria”, puedan tramitar el Curp para poder acceder a medicamento ARV el tiempo que lo requieran.

Suspender deportaciones masivas de mujeres, que tienen hijas/os nacidos en México.

Promover un acuerdo entre la PGR y las procuradurías estatales para que el condón deje de utilizarse como prueba para fincar lenocinio, delitos relativos a la trata de personas y hasta delincuencia organizada.