BOLETIN REDLAC - GAATW DE FEBRERO DE 2019

BOLETÍN REDLAC - GAATW DE FEBRERO DE 2019

Boletín informativo de la red Latinoamericana y del Caribe contra la Trata de Personas, capítulo regional de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres, GAATW, por sus siglas en inglés.

Queridas amigas y amigos,

¡Un cordial saludo desde Bangkok!

¡Este año se cumple el 25 aniversario de GAATW! Tal y como decía nuestra Coordinadora Internacional en su mensaje de fin de año, el año pasado estuvimos conversando con las organizaciones miembro, reflexionando sobre las lecciones aprendidas del último cuarto de siglo y deliberando sobre las prioridades futuras de nuestra Alianza.

Ahora es el momento de pasar a la acción y poner en marcha muchas de las ideas surgidas en esas conversaciones tan inspiradoras. En 2019 fortaleceremos la Alianza a través del intercambio y aprendizaje interregional e intersectorial con la celebración de dos encuentros globales: uno en abril sobre Prevención de la trata y la migración insegura, y otro a finales de años sobre Mujeres, Trabajo y Migración. Dada la limitada financiación para este tipo de convocatorias, también organizaremos una serie de seminarios on-line sobre ciertos temas que han sido identificados por la Secretaría de la GAATW y sus miembros, tales como el feminismo, la construcción de movimientos, el trabajo, el trabajo sexual, y la migración.

Este año seguiremos fortaleciendo nuestro enfoque laboral hacia la trata con una articulación todavía más potente. Centrarnos en este enfoque significa crear un cambio en las dinámicas de poder entre personas trabajadoras, personas o empresas empleadoras y estados, aumentando el poder de todas las trabajadoras y trabajadores (independientemente de su estatus y sector) para disfrutar de un salario digno, condiciones de trabajo decentes y derechos laborales plenos, sin explotación ni vulnerabilidad frente a la trata. Un enfoque laboral trasladaría el foco de los daños individuales hacia las disparidades de poder entre quienes trabajan y quienes emplean y las condiciones económicas y sociales que hacen que las personas estén en riesgo de trata. Esperamos desafiar, con nuevos análisis y evidencias, la invisibilidad social y económica del trabajo de las mujeres, promover políticas que reconozcan a las trabajadoras y apoyar su movilización, su voz colectiva, su poder de negociación y su representación en los procesos políticos relevantes.

Continuaremos documentando y compartiendo las experiencias de las mujeres en el ámbito del trabajo y la migración a través de tres proyectos de Investigación de Acción Participativa Feminista que se centran en los sectores textil, de entretenimiento y trabajo del hogar, en el sur, el sudeste y el oeste de Asia, así como en el sector del trabajo del hogar en el corredor entre África Oriental y Asia Occidental, y en Tailandia. En la región de América Latina, trabajaremos con nuestras entidades miembros para documentar las experiencias de violencia de las trabajadoras migrantes en el mundo del trabajo y sus estrategias para enfrentar y superar dichas experiencias. Esta información nos ayudará a identificar acciones clave para la prevención y la asistencia.

Los resultados de nuestras investigaciones, consultas y nuestro giro estratégico hacia un enfoque laboral alimentarán nuestras acciones de incidencia política. En marzo, durante la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), organizaremos un evento paralelo sobre las trabajadoras migrantes y los servicios públicos. Este evento analizará cómo se puede mejorar el acceso de las mujeres migrantes a los servicios básicos a través de las políticas de migración y las organizaciones de derechos de las personas migrantes. También haremos hincapié en cómo las políticas migratorias y laborales pueden reconocer, reducir y redistribuir la carga de cuidado no remunerado de las mujeres en los países de origen y destino.

En junio compartiremos nuestro análisis en la Conferencia Internacional del Trabajo, donde los interlocutores sociales negociarán un nuevo convenio y una recomendación sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Contribuiremos, junto con la organización International Watch Rights Watch Asia Pacific (IWRAW-AP) y otras aliadas, al desarrollo de la Recomendación General de la CEDAW sobre la trata de personas. Continuaremos con nuestro trabajo de incidencia para la implementación y el monitoreo del Pacto Mundial sobre Migración, y puede que nos involucremos en el recientemente adoptado Mecanismo de Revisión de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional. Si encontramos financiación, incrementaremos nuestra participación en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés), en particular, con el monitoreo de la implementación de la Convención de la ASEAN sobre la trata de personas. Al mismo tiempo, reconocemos que los tratados internacionales parecen estar perdiendo su poder y tener un impacto muy limitado en las vidas de las personas, por lo que también planeamos hacer más esfuerzos para apoyar a nuestros miembros con la incidencia a nivel nacional.

Publicaremos dos nuevos números del Anti-Trafficking Review. La edición de abril, con el tema "Trabajo sexual", destacará, entre otras cosas, la fuerza del movimiento organizado de trabajadoras sexuales y los desafíos y beneficios de construir alianzas con otros movimientos. El número de septiembre, titulado "Percepciones públicas y respuestas a la trata de personas", se centrará en la imagen de la trata de personas que crean las campañas de sensibilización y los medios de comunicación y las acciones que promueven entre el público en general. Haremos un esfuerzo extra para que este riguroso material sea accesible a una audiencia más amplia a través de videos y publicaciones breves basadas en los artículos publicados. También organizaremos más eventos públicos para promocionar la revista.
¡Esperamos compartir este año de aniversario con todas nuestras entidades miembros, aliadas y simpatizantes! Si también desea compartirlo con nosotras, lea estos boletines, suscríbase para recibirlos y síganos en las redes sociales.

Como siempre, pueden enviarnos sus comentarios a chusa@gaatw.org

-0-0-0-0-0-0-

Noticias del Secretariado Internacional de la GAATW
Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y Pacto Mundial sobre Migración

En diciembre, GAATW asistió a la Semana de la Migración en Marrakech, en la que se celebraron las Jornadas de la Sociedad Civil del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), el FMMD propiamente dicho, la Acción Mundial de los Pueblos, y la Conferencia Intergubernamental para adoptar el Pacto Mundial sobre la Migración. (PMM)

En Marrakech se adoptó el PMM de forma ceremoniosa para más tarde en diciembre adoptarlo de manera formal en la Asamblea General de la ONU. 152 países votaron a favor, 5 en contra (República Checa, Hungría, Israel, Polonia, Estados Unidos) y 12 se abstuvieron (Argelia, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Letonia, Liechtenstein, Libia, Rumania, Singapur y Suiza). Esto refleja que en la sala solo había 169 estados, en lugar de los 193 que son miembros de la ONU.

Hubo algunas retiradas del acuerdo en el último momento y varios países diluyeron su apoyo por medio de una explicación de posición en la que enfatizaron que el documento no crea nuevas obligaciones legales para los Estados ni lo hace el derecho internacional consuetudinario o los compromisos del tratado. A pesar de esto, un número abrumador de estados miembros se comprometió a la adopción del Pacto. Varios países, entre ellos Bélgica, y Filipinas y, en cierta medida, Alemania adoptaron posiciones de principio apoyando el pacto a través de sus intervenciones. Ciertamente, el PMM introduce algunos cambios clave positivos en la forma en que se aborda la migración en el contexto de la ONU, incorporándola firmemente dentro de la arquitectura de la institución. Las Naciones Unidas, con el nuevo Director General Antonio Vittorino a la cabeza, dieron la bienvenida a la OIM que ahora forma parte del sistema de la ONU. La OIM supervisará la implementación del Pacto a través de la nueva "Red de Migración" de las Naciones Unidas que establecerá foros de revisión, el primero de los cuales se celebrará en 2022.

A lo largo de esa semana, GAATW destacó los puntos clave que hemos venido señalando a lo largo del proceso. Lo hicimos a través de discusiones con otras OSC, la incidencia colaborativa con la Red de Mujeres en Migración (WIMN) y dos eventos paralelos que organizamos en colaboración con las entidades miembros OKUP, BOMSA y el Centro de Justicia de Hong Kong, la OIM, ACNUR, ACNUDH y WIMN. Uno de los eventos se basó en el último número de Anti-Trafficking Review "¿Personas migrantes irregulares, refugiadas o personas objeto de trata?" (flyer), y el otro se centró en el corredor migratorio de Bangladesh y Jordania a través de una iniciativa para mejorar los derechos de las trabajadores migrantes en la industria de la confección (flyer). Con la Red de Mujeres en Migración, desarrollamos y lanzamos el Manifiesto de los Derechos de las Mujeres, donde pedimos a los gobiernos y otras partes interesadas que se aseguren de que las mujeres migrantes estén en el centro de la política migratoria.

Sin embargo, el PMM no será nada sin su implementación, cuyo éxito aún está por ver. GAATW seguirá participando en este proceso, y aprovechará cualquier oportunidad para fomentar cambios significativos, centrados en los derechos de migración y laborales, criticando y ofreciendo narrativas alternativas cuando sea necesario.

-0-0-0-0-0-0-0-

Noticias de nuestros miembros:

https://gaatw.org/resources/e-bulletin/986-boletin-de-gaatw-redlac-febre...

Boletin de GAATW-REDLAC febrero 2019 - Noticias de nuestros miembros
«Somos trabajadoras sexuales, somos activistas y queremos ser periodistas para poder contar nuestras batallas, nuestras guerras, nuestros sueños»
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, "Elisa Martínez", A.C.

"Putas, activistas y periodistas", es un trabajo periodístico colectivo producto de una alianza estratégica entre Desinformémonos y la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, "Elisa Martínez", A.C., donde las trabajadoras sexuales cis y transgénero entrevistan a sus propias compañeras.

Fueron mucho los temas abordados: economía en el trabajo; relaciones sentimentales; vanidad y salud; la tercera edad en el trabajo sexual; explotación sexual y trata de personas; gobierno, policía y extorsión; los medios de comunicación; salud sexual y métodos anticonceptivos; violencia en el trabajo sexual; violencia y discriminación específica contra mujeres trans; y adicciones.

El taller de periodismo "Aquiles Baeza", resultado de la alianza entre la reportera Gloria Muñoz Ramírez y la dirección nacional de la Brigada Callejera, termina con esta publicación. Páginas llenas de emotividad, lágrimas, sueños y esperanzas donde se reivindica que la calle y la nota periodística son de quienes las trabajan.

Después de esto surgirán serán otras iniciativas periodísticas y, en nuestro caso, fortaleceremos a la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle y por tanto a las luchas de las trabajadoras sexuales de la Red Mexicana de Trabajo Sexual y otras compañeras del amplio movimiento de trabajo sexual en México.

Ver vídeo de presentación:
https://www.youtube.com/watch?v=u_isSmN53xQ

Mujeres en el lugar de trabajo: abordando la discriminación basada en el género a través de la investigación participativa
Focus on Labour Exploitation (FLEX), Reino Unido

La organización FLEX en Reino Unido (Focus on Labour Exploitation que podría traducirse como Centradas en la explotación laboral), se ha embarcado en un nuevo proyecto para destapar las condiciones laborales de algunos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de trabajadoras en el Reino Unido. El proyecto pretende comprender los factores estructurales que provocan prácticas comerciales abusivas asociadas a las cadenas globales de suministro. Estos factores han aumentado la subcontratación, los contratos zero-hour (que no establecen horas de trabajo, sino que se basan en la disponibilidad total de la persona empleada para acudir cuando sea requerida), el reclutamiento a través de agencias, el trabajo informal y otras prácticas comerciales que hacen que las trabajadoras sean reemplazables, prescindibles y explotables. El proyecto también tratará de averiguar y documentar los motivos específicos del abuso y la explotación laboral basada en el género. La investigación realizará entrevistas en profundidad con trabajadoras en sectores industriales altamente feminizados, marginados y de bajo estatus, como la hostelería, la limpieza y la fabricación de prendas de vestir.

FLEX cree que el cambio efectivo solo provendrá de la acción dirigida por la comunidad, así que en lugar de proceder de la manera tradicional, donde las investigadoras de las ONG obtienen información de los "sujetos" de la investigación y la utilizan para la promoción de políticas, FLEX utilizará una investigación de acción participativa. Este enfoque involucra directamente a las comunidades afectadas y las apoya para convertirse en las propietarias del proceso. Esto implica reclutar investigadoras pares, personas que son miembros de, o que tienen una mayor conexión cultural y lingüística con comunidades específicas de trabajadoras.

Los resultados del proyecto ayudarán a encontrar soluciones más efectivas para abordar el abuso y la explotación de las trabajadoras. La investigación proporcionará nuevos conocimientos útiles para respaldar el cumplimiento de las leyes estatales sensibles al género y FLEX continuará apoyando a las agencias clave para fortalecer sus estrategias de manera que aborden los riesgos y abusos específicos que enfrentan las trabajadoras.

Trata de personas para la explotación laboral en el caso de las mujeres: ¿un fenómeno invisible?
KOK, Alemania

En 2016, KOK, la red de ONG alemanas contra la trata de seres humanos, publicó un estudio (en alemán) sobre la explotación laboral grave y la trata de mujeres con fines de explotación laboral en el país. En 2018 KOK publicó un resumen en inglés del estudio.

Basado en una revisión de artículos de noticias sobre trata de personas y entrevistas con proveedores de servicios, sindicatos y un oficial de policía, el estudio encontró que en Alemania la trata de mujeres está asociada casi exclusivamente con la industria del sexo. Las mujeres objeto de trata en otros sectores, como el trabajo del hogar, el trabajo en fábricas o la agricultura, siguen siendo en gran parte invisibles. Los roles de género socialmente construidos y la atribución de características específicas de género a ciertos trabajos significa que las personas tienden a esperar hombres o mujeres en ciertas industrias o sectores. Esto, a su vez, dificulta el acceso a la justicia y los servicios para las mujeres víctimas de la trata en otros sectores.

El estudio concluye con recomendaciones para los medios de comunicación, centros de asesoría, sindicatos y agencias gubernamentales, todos ellos con un papel para luchar contra los estereotipos de género y asegurar que todas las personas objeto de trata, en todos los sectores laborales, estén identificadas y reciban el apoyo al que tienen derecho.

Alternativas creativas e incluyentes para la prevención de la trata y la promoción de la migración segura

Asociación para el Desarrollo Comunitario, Bangladesh

Theater for development show1Las personas migrantes y objeto de trata a menudo no están bien informadas sobre cómo moverse de manera segura en busca de trabajo decente. El desconocimiento comúnmente citado incluye información sobre opciones de empleo, leyes y procedimientos en los lugares de destino, educación financiera básica (incluido el análisis de costo-beneficio de la migración) y opciones de reclutamiento. El enfoque de la migración basado en los derechos no se ha incorporado suficientemente en el trabajo comunitario en Bangladesh. Como resultado, las comunidades migrantes son menos capaces de abordar los problemas relacionados con la migración de manera organizada y habilitadora. Junto con la necesidad de brindar mayores niveles de conciencia y educación para proteger y prevenir de los riesgos y consecuencias, se necesita un enfoque basado en los derechos que aumente el acceso de las personas objeto de trata a la rehabilitación física, psicológica y social; también debe involucrar a toda la comunidad para desarrollar la capacidad de las partes interesadas del gobierno, como los comités contra la trata de personas, así como las organizaciones comunitarias, ONG, defensores de derechos humanos y otros actores relevantes para promover la migración segura.

La Asociación para el Desarrollo Comunitario (ACD, por sus siglas en inglés) trabaja para reducir la incidencia, las causas y las consecuencias de la trata de personas y para promover la migración segura en la parte noroccidental de Bangladesh. ACD utiliza Teatro para el desarrollo (TpD), un enfoque que busca llegar a un público más amplio. Realizado por jóvenes y sobrevivientes de la trata, los programas de TpD incluyen modos de migración segura y conversaciones directas con las y los espectadores. El público plantea preguntas sobre la trama y los personajes. El juego de roles presenta la realidad de cómo trabajadoras y trabajadores migrantes reciben información de los dalals (intermediarios informales) sobre las oportunidades de trabajo en el extranjero, de dónde sacan el dinero para poder emprender el viaje (por ejemplo, vendiendo sus tierras) y las posibles consecuencias negativas de la migración laboral. Al final del juego de roles, quienes ejecutan la obra entregan mensajes clave sobre la migración.

ACD también organiza la campaña de concientización "rally de patinaje" en la que informan a las personas sobre los pasos de la migración segura y cómo evitar la migración insegura a nivel comunitario. Las personas retornadas, migrantes potenciales y familiares, junto a funcionarias y funcionarios del gobierno, periodistas, comités comunitarios, comités de lucha contra la trata de personas y personas de la comunidad, todas ellas presentes durante la campaña, expresaron su solidaridad hacia la migración segura y la protección a hombres y mujeres de la migración insegura.

-0-0-0-0-0-0-

Para cualquier comentario o participación en el boletín puede escribir a chusa@gaatw.org

-0-0-0-0-0-0-

http://gaatw.org/e-bulletin/spanish/Servicios%20de%20asistencia.pdf

Servicios de asistencia a las víctimas de trata de personas proporcionados por el Estado
Corporación Espacios de Mujer (CEM), Colombia

El Observatorio del Delito Trata de Personas, creado en 2016, ha publicado sus primeros informes en la materia basados en los datos oficiales del gobierno. En total son tres informes que presentan los Servicios de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata de Personas y los Casos Registrados de Trata de Personas, y hacen un Análisis Socio demográfico de las Víctimas de Trata de Personas. Los tres informes pueden ser consultados en la página web del Ministerio de Interior. Es importante conocer y compartir esta información para tener un punto de partida desde el que poder analizar y valorar los servicios. Con esta idea, CEM ha armonizado la información contenida en dos de los informes presentando de forma más concisa lo que el gobierno ofrece a las víctimas oficialmente, que no en la realidad tal y como muestran los balances de implementación de la legislación contra la trata que la organización ha publicado en los últimos 3 años.
El Estado Colombiano es una República descentralizada, democrática, participativa y pluralista, con autonomía de sus entidades territoriales. El programa de asistencia y protección a las víctimas de trata de personas (consagrado en el Decreto 1066 de 2015) refleja estos principios. Es decir que las entidades territoriales (Alcaldías y Gobernaciones) lideran el proceso de restablecimiento de derechos y reformulación del proyecto de vida de las personas sobrevivientes de la trata. Los Comités Departamentales, Distritales y Municipales de Lucha contra la Trata de Personas son responsables de brindar los servicios de asistencia a las víctimas, de acuerdo a las particularidades de cada caso.
El Programa de Protección y Asistencia a las víctimas de Trata, cuyo objetivo es la recuperación física, psicológica y social de la persona, recoge el conjunto de medidas, mecanismos y proyectos encaminados a garantizar la prestación de servicios de protección y asistencia a las víctimas “directas” de la trata de personas, así como a las víctimas “indirectas” (sus familiares hasta el 1° grado de consanguinidad1). Es importante señalar que, solo después de la sentencia C-470 de 2016 no se requiere de denuncia para que las víctimas puedan acceder a los servicios requeridos, o su colaboración en procesos penales.

-0-0-0-0-0-0-0-

Los siete pilares del lenocinio o del Estado proxeneta en México: el Estado como padrote o crimen organizado que institucionalizó el cobro de derecho de piso a trabajadoras sexuales

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, "Elisa Martínez", A.C.

EL PRIMER PILAR, erigido como patrón "sustituto" por encima de los dueños de los establecimientos mercantiles ante la falta de una legislación laboral en este sector económico es la imposición de representantes del Estado que controlen los intercambios del comercio sexual entre trabajadoras y clientes.

EL SEGUNDO PILAR, es la obligatoriedad de realizarse pruebas de detección de VIH e ITS que cada nueva administración pública desea imponer donde no está contemplada, colocarle un costo donde es gratuito o aumentar su valor. Por lo general dicho control sanitario, es recaudatorio y afecta la economía de las trabajadoras sexuales.

EL TERCER PILAR, es la obligación de las trabajadoras de tramitar una tarjeta de control sanitario, carnet o código, donde se acredite que están libres de VIH e ITS o portar un documento que certifique que está libre de ITS o está atendiendo su salud, cuyo costo suele ser excesivamente alto.

EL CUARTO PILAR, es el empadronamiento de las trabajadoras sexuales bajo diferentes sistemas de control sanitario señalándolas como vectores de diferentes enfermedades como la tuberculosis, el VIH/Sida e ITS. Es una práctica discriminatoria que expone a las trabajadoras al linchamiento público y que se acompaña de otros estigmas asociados a las trabajadoras sexuales, como son el considerarlas propensas a delinquir, a ser malas madres y mujeres fatales, roba-maridos, que atentan contra la unidad de muchas familias.

EL QUINTO PILAR, es la imposición de puntos y zonas de tolerancia como únicos lugares autorizados para el comercio sexual. Esta iniciativa es justificada como necesaria para contener el VIH/Sida e ITS y no se altere la moral y las buenas costumbres de una comunidad o ciudad, donde dicho sea de paso se explota tanto a las mujeres trabajadoras sexuales como a las obreras en las maquilas. De esta manera, se garantiza el monopolio del comercio sexual en pocas manos y la impunidad de los abusos que se cometan en dichos establecimientos mercantiles. Con las legislaciones contra la trata, se clausuran los lugares de trabajo despojando de diferentes fuentes laborales a las trabajadoras sexuales, sometiéndolas a desplazamiento forzado y dejándoles como única opción trabajar en manos del crimen organizado que está refundado la prostitución forzada y explotación sexual adolescente, a lo largo y ancho de toda la república.

EL SEXTO PILAR, es obligar a las trabajadoras sexuales a participar en programas sociales para intentar reinsertarlas a otras opciones laborales. Hoy, estos programas llamados de "rehabilitación" se presentan, como una opción frente a las clausuras de los establecimientos donde se laboraba. Sin embargo, no son iniciativas donde se obtengan ingresos dignos para mantener a una familia y tampoco están a la disposición de la mayoría de mujeres que las procuradurías han dicho que han rescatado.

EL SÉPTIMO PILAR, es la legislación actual que sustenta las facultades de dicha institución colonial de invadir, colonizar y desechar cuerpos de trabajadoras sexuales para imponer el terror y así poder explotar, reprimir y despreciar a un grupo importante de trabajadoras sexuales. Hay leyes estatales y reglamentos municipales de salud que establecen la obligatoriedad del control sanitario del VIH e ITS; los códigos civiles y familiares que facultan al DIF para despojar a las trabajadoras sexuales de la patria potestad de sus hijos/as menores de 12 años de edad; los reglamentos de policía y buen gobierno, que prohíben el ejercicio del trabajo sexual y castigan la violación de dicho precepto. Y desde el año 2012, está la "Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas" que confunde trabajo sexual voluntario o "table dance", con trata de personas y explotación sexual y que ha provocado la prohibición del "table dance" en varios estados de la república (Chiapas, estado de México, Coahuila, Guanajuato, municipio de Querétaro).

Sin embargo, ninguna de las obligaciones señaladas, otorga derechos laborales.

-0-0-0-0-0-0-

https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/desde-abajo-espacio-disputa

Los derechos humanos “desde abajo”: un espacio en disputa
Hablar en serio de los derechos humanos implica radicalizar la democracia, defender la soberanía de los pueblos, construir proyectos colectivos y reconfigurar nuevos espacios de contrapoder en el ámbito local, nacional y global

Manifestación contra el racismo institucional 2
Manifestación contra el racismo institucional MANU NAVARRO
JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA
@JUANHZUBIZA

PROFESOR DE LA UPV/EHU E INVESTIGADOR DEL OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES EN AMÉRICA LATINA (OMAL)

PUBLICADO
2018-12-10 12:29:00
Hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y se conmemora el 70 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal.

El contexto global mantiene ciertas continuidades desde entonces, pero también notables cambios, nuevos sujetos, nuevas dinámicas que marcan nuestra realidad vigente.

Estas pasan por una agudización en la mercantilización de la vida, la desregulación, la expropiación y la necropolítica, cuestiones que impactan en los núcleos centrales de los derechos. Por tanto, no parecen buenos tiempos para una reflexión en profundidad sobre el marco internacional de los derechos humanos. No obstante, es urgente y estratégico que posicionemos una reconfiguración de este desde abajo, desde los pueblos, comunidades y movimientos sociales.

LOS DERECHOS HUMANOS EN UN MOMENTO CRÍTICO
El telón de fondo, el contexto del debate actual sobre los derechos es que vivimos una ofensiva mercantilizadora a escala global, en la que las dinámicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se exacerban. Se instaura así un modelo donde las grandes empresas amplían exponencialmente su poder.
Estas ponen en cuestión la propia democracia liberal-representativa, y aspiran a un gobierno corporativo de facto, vía privatización y/o cooptación de las instituciones democráticas. El resultado es una progresiva destrucción de la soberanía popular y la captura de países y territorios como si formasen parte de la organización interna de las grandes corporaciones.

Los derechos humanos se van vaciando como categoría sustantiva al perder espacio normativo frente a la mercantilización de la vida
En este marco, las personas se están convirtiendo en una mercancía más, y por tanto, susceptibles de ser desechadas, lo que implica situar la mercantilización de la vida en el vértice de la jerarquía de las normas jurídicas. Se agudiza de este modo la asimetría normativa que protege los derechos de las corporaciones transnacionales y el capital financiero, que cuentan con reglas de obligado cumplimiento y con tribunales privados que aplican las mismas con una eficacia absoluta. Mientras tanto, los derechos humanos se mueven entre la fragilidad de las normas internacionales, las recomendaciones de los comités encargados de su aplicación, y la impunidad de los gobiernos ante el incumplimiento de los textos de derechos humanos. Esta asimetría pone en evidencia la fractura de sus sistemas de garantía y demuestra cómo evolucionan hacia territorios de la retórica jurídica.

Por otro lado, la mercantilización viene acompañada de una gran acumulación de riqueza en muy pocas manos, frente a un gran acopio de pobreza en muchas otras. La desigualdad que el modelo genera, se maquilla con la idea de estabilidad, que aparece vinculada a la seguridad que necesitan los recursos mundiales para llegar a los países ricos y con garantizar la movilidad de los flujos financieros, pero no con la protección y seguridad de los derechos humanos.

Así, en la región fronteriza con México, los empresarios y propietarios estadounidenses exigen la libre circulación de mercancías para evitar supuestas pérdidas millonarias, mientras que el presidente Trump autoriza disparar contra los migrantes que crucen ilegalmente la frontera. Es decir, se garantiza la libre circulación de personas consumidoras y se criminaliza el desplazamiento de personas que huyen de la miseria y la violencia.

En definitiva, los derechos humanos se van vaciando como categoría sustantiva al perder espacio normativo frente a la mercantilización de la vida.

En otro orden de ideas, el patriarcado también marca su propia impronta sobre los derechos humanos, y, como apunta Amaia Pérez Orozco, “la vida se resuelve mediante los trabajos que no existen, realizados en los ámbitos que no son económicos y por los sujetos que no son sujetos políticos”. Es decir, el trabajo comunitario no valorado, el implementado en el interior de los hogares o los cuidados de las personas que los Estados no atienden, son algunos ejemplos de cómo se ignoran los elementos imprescindibles para el mantenimiento de la vida cotidiana. Por eso, los derechos humanos no pueden quedar hipotecados por una permanente invisibilidad de los procesos que sostienen la vida.

Por último, la relación entre los derechos y el colonialismo ha sido siempre una relación muy conflictiva. Por un lado, el discurso oficial sobre los derechos humanos ha venido acompañado de un supuesto universalismo, y por otro, se ha vinculado a la acción estatal, al mercado y al modelo de desarrollo capitalista. Todo ello, además, impuesto en muchas ocasiones desde relaciones de poder sustancialmente violentas, racistas y jerárquicas. Por eso, considerar los derechos humanos como formas de liberación y de resistencia contra la explotación de los pueblos y comunidades de los países del Sur pasa por resignificar los contenidos e instrumentos que los regulan.

DERECHOS HUMANOS: DESREGULACIÓN, EXPROPIACIÓN Y NECROPOLÍTICA
El punto de partida, tal y como afirma Gonzalo Fernández, es que “el capitalismo atraviesa un momento especialmente crítico, en el que a las escasas expectativas de reproducción de un enorme excedente financiero se le une la incuestionable merma física en la que opera el sistema”. Por tanto, el capital y las empresas transnacionales se lanzan a la destrucción de toda barrera que impida la mercantilización a escala global y, en este sentido, si las élites quieren mantener y aumentar sus beneficios codiciosos, las prácticas contra las personas, las comunidades y la naturaleza se extreman.
Es en este contexto donde se generan modificaciones sustanciales en la propia categoría jurídica de los derechos humanos, que sufren una triple reconfiguración. En primer lugar, se desregulan en función de la explotación generalizada de las personas y de los procesos de privatización. Segundo, se expropian en base a la acumulación por desposesión en un contexto colonial. No podemos olvidar que la disputa por la escasez de materiales y fuentes de energía es uno de los conflictos más graves en la crisis actual de acumulación y de crecimiento económico. Por último, se destruyen en función de un colonialismo/racismo extremo vinculado a la necropolítica de los seres humanos.

El discurso oficial sobre los derechos humanos ha venido acompañado de un supuesto universalismo, y por otro, se ha vinculado a la acción estatal, al mercado y al modelo de desarrollo capitalista
La desregulación de los derechos sociales, laborales y colectivos se impone como categoría jurídica inmutable. El trabajo informal; el trabajo infantil y esclavo; la persona trabajadora pobre; la limitación de la acción sindical y colectiva de trabajadores y trabajadoras; la división sexual del trabajo; y el trabajo reproductivo realizado gratuitamente por las mujeres —que, ahora en gran medida y de manera muy precaria, ejecutan las mujeres migrantes—, son el espejo sobre el que se refleja parte de la realidad de los derechos humanos.

Pero además de la desregulación intrínseca al neoliberalismo, también vemos como comunidades y personas son expulsadas de sus casas y de sus tierras para generar beneficios en la agroindustria, en la minería, en las petroleras, en las eléctricas, en el turismo, en las finanzas, en las constructoras, en la industria de la seguridad y la guerra, etc. Por ejemplo, la adquisición de tierras a gran escala por parte de las corporaciones transnacionales destruye las economías locales y redefine vastas extensiones de tierra como lugares para la extracción y el negocio, lo que provoca espacios desnacionalizados que expulsan a sus habitantes. A su vez, los desahucios en las ciudades europeas, por ejemplo, dejan sin hogar a quienes no pueden afrontar la codicia de los especuladores inmobiliarios.

Por otro lado, el cambio climático y la devastación de los ecosistemas empujan a miles de comunidades a abandonar sus tierras y a embarcarse en travesías del horror, lo que va consolidando una gradual “destrucción en masa” de los derechos humanos de efectos imprevisibles en el marco de una crisis sistémica global.

Finalmente la necropolítica completa el cuadro de desregulación y expulsión, apostando explícitamente por dejar morir a la gente. Como afirma Achille Mbembe “los dirigentes de facto ejercen su autoridad mediante el uso de la violencia y se arrogan el derecho decidir sobre la vida de los gobernados”. La violencia se revela como un fin en sí misma y se utiliza para discernir quién tiene importancia y quién no, quién es fácilmente sustituible y quién no.

Resulta muy evidente por tanto que las instituciones globales y la mayoría de los Estados no sólo están eliminando y suspendiendo derechos. También están reconfigurando quiénes son sujetos de estos, quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos, lo que provoca una sensación de descomposición generalizada del sistema internacional de los derechos humanos y la formalización “de facto” de sistemas racistas que establecen un orden jerárquico entre grupos étnico o raciales.

En suma, los seres humanos que no puedan consumir o producir estorban, y se convierten en desechos humanos, tal y como afirma Bauman. Además, se asesina a líderes y lideresas de los movimientos ecologistas, feministas, LGTBI, campesinos, afrodescendientes e indígenas, por encabezar respuestas en defensa de la tierra y en contra de los grandes proyectos hidroeléctricos —300 activistas asesinadas en 2017—, a la vez que se criminaliza a las defensoras de los derechos humanos y a las personas disidentes con el modelo político y económico.

En definitiva, hablar en serio de los derechos humanos conlleva ajustar los discursos vacíos a contextos donde los derechos se subordinan a los intereses del capital. En realidad, en el imaginario del discurso oficial se siguen vinculando los derechos humanos con la propiedad privada, la libertad y la seguridad de su único titular, el hombre blanco, propietario y judeocristiano. Se obvia, de este modo, la realidad concreta que vivimos las grandes mayorías sociales que habitamos el planeta.

RECONFIGURAR LOS DERECHOS HUMANOS “DESDE ABAJO”
Afrontar los desafíos descritos en las líneas anteriores requiere construir espacios globales donde disputar la hegemonía a las clases dominantes, donde rediseñar el sistema internacional de tutela de los derechos humanos.
Muchos de los imperativos universales de los derechos humanos conectan con la emancipación y la resistencia de los pueblos, pero otros colisionan con otras categorías de derechos y de maneras de entender las relaciones humanas.
Los derechos contrahegemónicos requieren por tanto de una nueva reinterpretación que responda a las propuestas de los movimientos sociales y comunidades en resistencia. Así, la dignidad de los seres humanos debe quedar fuera de visiones coloniales, patriarcales y capitalistas, asumiendo las agendas propuestas por las organizaciones populares.

La dignidad de los seres humanos debe quedar fuera de visiones coloniales, patriarcales y capitalistas, asumiendo las agendas propuestas por las organizaciones populares
Estas miradas basculan entre los derechos individuales y los colectivos, entre los derechos de la naturaleza y los derechos de las personas y comunidades, entre los valores inmanentes y transcendentes de los pueblos, y entre los nuevos “pueblos transnacionales” de migrantes y la ciudadanía nacional. También sitúan en el centro de las relaciones humanas, la sostenibilidad de la vida, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia machista.

El feminismo, el ecologismo, el movimiento a favor de los derechos humanos y la diversidad sexual, el sindicalismo, las comunidades indígenas y afrodescendientes, el movimiento campesino, anticolonial, antirracista etc., tienen que establecer diálogos y convertirse en los protagonistas de una nueva conceptualización de los derechos humanos, que permita reapropiarse de los mismos mediante categorías alejadas de las lógicas estatales y del mercado, siempre vinculadas al realismo en las relaciones internacionales y a los intereses de los poderosos.

Los pueblos, las comunidades y los movimientos sociales buscan ser sujetos, no meros objetos de derecho. Buscan su espacio constituyente y normativo en el devenir de la humanidad. La categoría de los Estados no puede ser por tanto el principio y el fin del Derecho Internacional, por lo que el protagonismo y el reconocimiento de los movimientos sociales y pueblos en resistencia deben ocupar el lugar que les corresponde, reconstruyendo formas de acción colectiva al margen de la visión tradicional del Estado y en pos de nuevas relaciones basadas en soberanías entendidas como nuevos vínculos entre personas, pueblos y comunidades.

Hablar en serio de los derechos humanos implica radicalizar la democracia, defender la soberanía de los pueblos, construir proyectos colectivos y reconfigurar nuevos espacios de contrapoder en el ámbito local, nacional y global.

-0-0-0-0-0-0-

https://ctxt.es/es/20190116/Firmas/23874/migracion-fronteras-lant-pritch...

El colonialismo y racismo cool de la propuesta migratoria de Pritchett
El académico sostiene su teoría sobre la falsa alternativa entre el cierre de fronteras y la política migratoria vinculada al mercado laboral, cuando ambas son parte de un mismo relato que persigue ahondar en la precariedad
GONZALO FERNÁNDEZ ORTIZ DE ZÁRATE JUAN HERNÁNDEZ-ZUBIZARRETA
Bucle.
Bucle.

LA BOCA DEL LOGO
16 DE ENERO DE 2019
Cada vez es más evidente que el capitalismo avanza desbocado y nos conduce a la humanidad y al planeta a un abismo de desigualdades crecientes y al colapso ecológico. La agenda política y mediática hegemónica insiste en negar esta realidad, obviando las causas estructurales de la situación que atravesamos. Se pone el foco, en sentido contrario, en las consecuencias. Esta inversión de prioridades, por supuesto, no es casual. Si la acumulación del capital sufre una crisis sin precedentes –en la que se aúnan escasas expectativas de crecimiento económico, reducción de la base material y energética, y vulnerabilidad climática–, quienes detentan el poder no pueden permitirse un cuestionamiento profundo de su sistema y de sus privilegios. Desvían de este modo la atención sobre otros fenómenos –productos de dicho sistema–, convertidos en núcleos centrales de la crisis, para salvaguardar e incluso fortalecer su andamiaje de injusticia y sostenibilidad en este momento especialmente crítico. La migración es, sin duda, uno de estos fenómenos estrella.

El abordaje más extendido sobre los flujos migratorios ejemplifica a la perfección este nuevo momento político en el que, aprovechándose del miedo generado por la crisis como caldo de cultivo, se azuzan lógicas de fascismo social y político. Se fomenta la guerra entre pobres, la disputa interna entre sectores dominados y explotados por razones de clase, de género, de sexo y de raza/etnia, mientras quienes dominan y explotan salen del foco de la contienda política. Se multiplican de este modo los relatos excluyentes, que dan voz y altavoz a mensajes y prácticas heteropatriarcales, clasistas, xenófobos y coloniales.

La consecuencia se convierte en causa. Las mayorías sociales, sobre todo las parias de la tierra, en culpables. Los migrantes, en invasores. Da igual que Naciones Unidas señale que el 70% de los conflictos actuales –y por tanto génesis de los flujos migratorios– tienen un origen socio-ambiental, con vínculo directo con el modelo económico que provoca el cambio climático. Da igual que la mayoría de conflictos armados vigentes partan de disputas geopolíticas y económicas entre bloques capitalistas. Da igual que la precariedad, la exclusión, la dominación y la expulsión de crecientes grupos sociales sean la seña de identidad del sistema vigente. La raíz de la crisis se sitúa en las y los migrantes, y cada vez se escucha, sin tapujos y con más fuerza, la idea de cerrar las fronteras, de crear muros, vallas, concertinas. La realidad se simplifica, la mentira se amplifica. El proceso de inversión de prioridades se cierra: las víctimas creen ver a su verdugo entre las otras víctimas, mientras este no ceja de afilar y utilizar su guillotina.

En este contexto un académico de Harvard, antiguo economista del Banco Mundial –Lant Pritchett–, ha realizado una propuesta migratoria muy polémica, que pareciera contravenir los vientos huracanados en favor de un Norte-fortaleza inexpugnable. Defiende vehementemente que Europa necesitará 200 millones de inmigrantes en los próximos 30 años, si se quiere frenar lo que considera el actual “suicido demográfico”. Apuesta así por una inmigración en masa, selectiva, rotativa y sin derechos, en base a trabajadores y trabajadoras con escasa cualificación, cuyo permiso de residencia se limitaría a un período de 3-5 años, durante el cual no contarían con ningún tipo de derecho de ciudadanía, ya que se les “integraría económicamente, pero no políticamente”. En su opinión, se trata de una estrategia win-win, todo el mundo gana. Por un lado, Europa podría contar con una masa laboral empleada en sectores de escaso valor añadido por salarios muy bajos, pero mejores que los que obtendrían en sus países. De este modo se revertiría el envejecimiento estructural y se podrían mantener ciertos estándares de bienestar, vía servicios a bajo coste y vía sostenimiento de la seguridad social mediante aumento de las cotizaciones. Por el otro, entiende que los diferenciales de productividad entre países del Norte y del Sur generan el fracaso de los actuales programas de desarrollo y cooperación internacional. No hay posibilidad de avanzar en espacios que no favorecen la productividad, por lo que invertir en desarrollo en los países del sur no es eficaz ni eficiente. En cambio, favorecer que gente con baja productividad trabaje temporalmente en espacios productivos incrementará sus recursos y capacidades, lo que en última instancia redundará en el desarrollo y bienestar de sus países de origen al regresar.

¿Cómo posicionarnos ante esta propuesta? ¿Es ética y políticamente defendible? ¿Es viable? ¿La apoyaríamos simplemente por no sustentarse sobre el cierre de fronteras, dando así espacio al debate sobre la pertinencia de las personas migrantes en nuestras sociedades, aunque sea bajo supuestas necesidades del mercado laboral? ¿Debemos al contrario enfrentarla, ya que generalizaría en Europa la situación de los migrantes asiáticos en Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí? En definitiva, ¿estamos realmente ante una mirada diferente de las migraciones, o es el mismo lobo con nueva piel de cordero, una especie de colonialismo y racismo cool?

En nuestra opinión, la propuesta de Pritchett posee una carga política tremendamente peligrosa –al ser menos evidente–, y debe ser absolutamente rechazada, por cuatro motivos complementarios: en primer lugar, se sostiene sobre una falsa alternativa entre el “cierre de fronteras” y “la política migratoria vinculada al mercado laboral”, cuando ambas son parte de un mismo relato que persigue ahondar en la precariedad y en la falta de derechos desde posturas racistas y pro-capitalistas; segundo, la lógica win-win es inviable, al basarse en un enfoque de desarrollo claramente colonial –que obvia la matriz colonial e imperial del desarrollo y de la globalización– y escasamente riguroso –al simplificar el análisis a cálculos econométricos–, generando resultados construidos sobre el barro, ajenos a una realidad mucho más compleja; tercero, la propuesta pasa por encima no solo de la historia y fenómenos sistémicos que afectan al Sur Global, sino también de asuntos globales hoy en día tan relevantes como el agotamiento de materiales y fuentes de energía fósil, el cambio climático, la nueva oleada de tratados comerciales, la cuarta revolución industrial, etc., invalidando así sus conclusiones y cálculos; cuarto, y a modo de corolario, desprende un explícito tufo xenófobo que contraviene sin paliativos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que se construye sobre la negación del conjunto de convenios internacionales.

Argumentaremos brevemente estas cuatro críticas. Comenzamos afirmando que la propuesta Pritchett en ningún caso es una alternativa al relato duro de cierre de fronteras. Como muy bien explica Pastora Filigrana, todas las propuestas que supeditan las migraciones a la oferta de trabajo nunca han tenido como objetivo las necesidades del mercado laboral, en un contexto en el que el pleno empleo no solo es ya una quimera, sino que avanzamos en sentido contrario por efecto de la automatización. Su argumentación por tanto es una falacia, ya que lo que realmente se persigue con propuestas como esta es disponer de una abundante mano de obra barata, servicial y sin derechos, independientemente de la oferta laboral. El racismo y el colonialismo sirven así de herramienta para avanzar en una de las principales necesidades del capitalismo, que es la de contar con un ejército de reserva abundante y precarizado, que permita aumentar la tasa de ganancia empresarial apretando aún más la tuerca a los y las trabajadoras. Y este es el mismo mensaje y el mismo objetivo que mantienen, con otras palabras, tonos e intensidades, quienes abogan por los muros y el cierre de fronteras: apropiarse del trabajo migrante, a la vez que se convierte a estas y estos en chivos expiatorios de la crisis cuando el momento lo demande. Dos formas, dos relatos, por tanto, de perseguir un mismo mensaje que entroniza al capitalismo desde su matriz colonial y racista.

Pero además, esta propuesta es inviable y se sustenta sobre análisis pobres, fuera de la realidad. No es casual que Pritchett fuera economista jefe del Banco Mundial, organismo de funesto recuerdo para movimientos sociales, pueblos y comunidades de muchos países empobrecidos. Su concepción del desarrollo no solo obvia la historia de imperialismo y colonialismo que desestructuró procesos propios y generó dependencias en los países del Sur –y lo sigue haciendo en la actualidad, bajo otros parámetros–. Además, abunda en un enfoque metodológico que analiza la compleja realidad económica desde el simple cálculo de dos variables –en este caso el análisis comparativo entre ingresos de las personas migrantes en Europa y en sus países de origen, así como los diferenciales de productividad entre territorios–, manteniendo lo demás ceteris paribus, esto es, constante. Sostener de este modo que la productividad de personas de baja cualificación en sectores de bajo valor añadido se va a incrementar necesariamente por trabajar temporalmente en Europa –espacio en su opinión de productividad alta– es una quimera. Pretender además que el regreso de esas personas a sus territorios de origen tiene una correlación directa con el desarrollo del país, sin tener en cuenta fenómenos históricos y sistémicos que estructuralmente lo condicionan, es vivir en un mundo irreal. La tesis por tanto de que gente improductiva en espacios productivos aumenta su productividad, y que esta se derramará en su país de origen al regreso –tesis central de la propuesta–, es todo un brindis al sol.

Pero si esta cuenta de la vieja del modelo de desarrollo made in Banco Mundial es inviable –y por tanto el win-win con el que nos trata de encandilar no es cierto–, todavía lo es más aún en términos globales. Pritchett aplica el ceteris paribus a fenómenos globales hoy en día indispensables para cualquier estudio internacional que se precie. ¿Compensarán de este modo los incrementos individuales de productividad el expolio corporativo de bienes comunes y ganancias? ¿Puede haber desarrollo en el marco de una nueva oleada de tratados comerciales, que amenaza la democracia y promueve un gobierno de facto de las grandes empresas? ¿Podemos excluir del análisis internacional hoy en día el cambio climático, el agotamiento de las fuentes fósiles de energía o las tierras raras? ¿Será que la gente migra por vicio o ganas de hacer turismo? Pritchett insiste tozudamente en el clásico error de la economía hegemónica, que abusa del cálculo econométrico y se distancia de la realidad, como si la economía fuera un ente autónomo cuyas premisas y conclusiones pueden aislarse de la realidad. El resultado final, sin duda alguna, es un endeble castillo de arena cuyo objetivo parece ser el de dotar de una pátina académica a la agenda hegemónica actual: más capitalismo, explotando para ello su matriz excluyente, racista y colonial, pero desde un tono más cool que el de Trump, Salvini y demás.

Por último, afirmamos que la propuesta Pritchett no solo es inviable, sino que también se entiende como una agresión al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Según este, todos los seres humanos, de donde quiera que sean, nacen libres e iguales en su dignidad y son titulares, sin ninguna discriminación, del conjunto de libertades y derechos, tanto individual como colectivamente, que les son inherentes en su condición de seres humanos. Toda la ciudadanía de este modo, y en particular los grupos más vulnerables, deben participar de manera determinante en las decisiones que afecten a sus vidas y a su entorno. Y los Estados, finalmente, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, es decir, los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales, tanto en su territorio como fuera del mismo. La propuesta migratoria de Pritchett indudablemente se salta a la torera estas máximas y contraviene los convenios internacionales: define ciudadanos de primer y de segunda; establece una línea abisal de ciudadanía en la masa de migrantes pobres; y lo hace además en el marco de una estrategia en la que se invita a colaborar a los Estados y a la Unión Europea.

En definitiva, Pritchett realiza una propuesta migratoria que en ningún caso es alternativa al cierre de las fronteras; cuyos análisis son inviables y ajenos a la realidad global; que atenta contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y que únicamente persigue vendernos capitalismo, colonialismo y racismo de una manera cool y bajo una supuesta pátina académica, invirtiendo causas y consecuencias. Nada que ver con un enfoque emancipador de las migraciones. Este pasa necesariamente por el señalamiento de la génesis de la crisis actual; por responder en el corto plazo a las necesidades prácticas de carácter cotidiano e inmediato de las personas migrantes; y por buscar un uso alternativo del derecho que permita que todas las personas excluidas del modelo neoliberal puedan ser sujetos de derecho de manera plena y al margen de fronteras y jerarquías. No busquemos atajos, el momento lo exige.

-------------------------

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate y Juan Hernández-Zubizarreta son investigadores de Paz con Dignidad-OMAL

-0-0-0-0-0-0-0-
https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/international-crisis-gro...

Venezuela – Un duro camino por recorrer
INTERNATIONAL CRISIS GROUP 31 January 2019
Ante la cada vez más profunda crisis en Venezuela, la Unión Europea propone liderar un Grupo de Contacto, como vía a una solución pactada. Aquí la evaluación del ICG, parte de su EU Watch List 2019. English

Protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en medio de la lucha de poder entre el gobierno y la oposición, durante el 30 de enero de 2019, en Caracas, Venezuela. Foto: Rayner Pena / dpa. PA IMages. Todos lo derechos reservados

Venezuela comienza 2019 en medio de un profundo caos político, enorme incertidumbre y el riesgo de que su crisis se transforme en un peligroso enfrentamiento militar.

Una economía colapsada, la hiperinflación, y la intransigencia y represión del gobierno ya han llevado a más de tres millones de venezolanos a abandonar el país, lo que ha generado una de las más graves crisis migratorias de la historia reciente en la región.

El 10 de enero, el presidente Nicolás Maduro comenzó su segundo mandato de seis años, a pesar de que muchos gobiernos latinoamericanos y occidentales, así como la UE, se negaron a reconocer el carácter democrático de las elecciones presidenciales de 2018.

El 23 de enero, mientras las protestas masivas volvían a sacudir al país, el político opositor y presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, apoyado por gran parte de la oposición venezolana, anunció que asumiría el cargo de presidente interino. EE.UU. y muchos gobiernos latinoamericanos – aunque no la UE – reconocieron inmediatamente a Guaidó como líder legítimo de Venezuela.

La jugada de Guaidó y sus aliados es una apuesta considerable. Su éxito depende de lograr provocar divisiones entre los militares venezolanos y obtener el apoyo de las fuerzas de seguridad. Hasta ahora no lo ha logrado; de hecho, el alto mando militar de Venezuela ha declarado su lealtad a Maduro.

La oposición no parece tener un plan alternativo y ahora se enfrenta a la amenaza de represalias violentas del gobierno. Maduro anunció que rompería las relaciones diplomáticas con EE.UU. y expulsaría a sus diplomáticos; hasta ahora, EE.UU. se a negado a retirarlos.

Una grave represión de la oposición por parte de las fuerzas de seguridad y cualquier amenaza a los funcionarios estadounidenses podría aumentar dramáticamente la probabilidad de una peligrosísima intervención militar extranjera. Mientras, Rusia, China, Turquía y otros han reiterado su apoyo a Maduro.

La UE y sus Estados miembros deberían:
• Tomar medidas urgentes para encontrar una solución negociada a la crisis. Tales esfuerzos han cobrado mayor importancia dada la incertidumbre generada por el reconocimiento de la presidencia interina de Guaidó, el peligro de represión por parte del gobierno, e incluso el riesgo de una intervención militar extranjera. La UE debería presionar por una solución negociada que comience por calmar las tensiones entre los dos presidentes (o cualquier bloque de poder que surja en las próximas semanas), conduzca a la inmediata liberación de todos los presos políticos, restaure los poderes de la Asamblea Nacional, establezca una hoja de ruta para unas negociaciones que incluyan reformas políticas y económicas urgentes, que sea facilitada por garantes internacionales, y concluya con unas elecciones libres;

• Buscar establecer rápidamente un Grupo de Contacto sobre Venezuela, como se propuso el año pasado y se debatió en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del 21 de enero, compuesto por países que tienen influencia sobre ambas partes del conflicto. Idealmente, este grupo incluiría a aliados del presidente Maduro como China, Rusia y Turquía, pero si esto resultara imposible inicialmente, como mínimo debería contar con la participación de gobiernos percibidos como neutrales, como México y Uruguay, que no han reconocido a Guaidó y han propuesto que se celebren unas nuevas negociaciones tras la reciente escalada de la crisis. El propósito del Grupo de Contacto sería promover las condiciones necesarias para negociar y llevar a ambas partes a la mesa;

• Advertir al gobierno venezolano que se aplicarán nuevas sanciones selectivas contra otros altos funcionarios (la UE y algunos países europeos ya imponen sanciones que incluyen la prohibición de viajar a miembros individuales del gobierno y la prohibición de exportar armas y otros artículos sensibles a Venezuela) de inmediato si este ordena la represión de manifestaciones o si el gobierno disuelve la Asamblea Nacional o detiene a Guaidó. Al mismo tiempo, establecer una hoja de ruta clara para levantar todas las sanciones si el gobierno avanzara hacia una transición negociada;

• Incrementar la ayuda para aliviar la emergencia humanitaria tanto dentro de Venezuela como entre los refugiados.

La gestación de la crisis
Tras ganar unas elecciones sumamente polémicas el año pasado, el presidente Maduro asumió su segundo mandato presidencial sin que pareciera capaz de resolver las graves crisis – económica, humanitaria y política – de Venezuela.

En las elecciones celebradas el año pasado las autoridades inhabilitaron a algunos de los candidatos opositores más populares, mientras que experimentados organismos de observación electoral denunciaron el flagrante uso de la coacción y la compra de votos, el uso generalizado de los recursos del Estado en beneficio de Maduro y el predominio de su campaña en los medios de comunicación estatales y la mayoría de los independientes.

Desde entonces, Maduro había estado buscando un posible diálogo con la oposición mediante su principal negociador, el ministro de Información Jorge Rodríguez, quien seguía en contacto esporádico con algunos líderes opositores. Rodríguez, según fuentes opositoras, había ofrecido celebrar nuevas elecciones generales si la oposición accedía a respaldar ciertos cambios (aparentemente menores, pero no especificados) a la Constitución.

En teoría, esto habría permitido poner fin a la Asamblea Nacional Constituyente – un órgano instalado en 2017 supuestamente para reformar la Constitución, pero que está constituido en su mayoría de seguidores de Maduro y de hecho diluye el poder de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que sigue siendo la única institución venezolana cuya legitimidad democrática es indiscutible, derivada de las últimas elecciones nacionales libres en 2015, podría entonces – en teoría – retomar las riendas legislativas.

Sin embargo, aparentemente el gobierno habría descartado la posibilidad de reformar la autoridad electoral, que actualmente tiene un fuerte sesgo a favor del gobierno, y no contemplaba celebrar unas elecciones presidenciales anticipadas, excepto posiblemente después de tres años, según establecen las disposiciones de la Constitución acerca de un referendum revocatorio.

En 2016 usó su control del Tribunal Supremo y la autoridad electoral para impedir que se celebrara un referéndum revocatorio, y habría podido repetir esta táctica en 2022. Asimismo, los negociadores del gobierno (y Rodríguez en particular) tienen un historial de incumplir los compromisos asumidos durante las negociaciones y de usar el “diálogo” para dividir y desmoralizar a la oposición.

En consecuencia, es probable que solo unas medidas de fomento de la confianza sustantivas y unilaterales, como restaurar los poderes del Parlamento venezolano o liberar a todos los presos políticos, lograran volver a llevar a la oposición a la mesa.

Mientras el dominio de Maduro sobre los poderes estatales y judiciales seguía siendo el principal obstáculo a unas negociaciones significativas, la oposición se enfrentaba a sus propias divisiones y debilidades.

Los líderes de Soy Venezuela, muchos de los cuales viven fuera del país, llevaban meses presionando por el establecimiento de un gobierno paralelo, e incluso una intervención militar, para derrocar a Maduro.

El ala dura, que se separó de la principal coalición opositora en septiembre de 2017 para formar el partido Soy Venezuela, rechazó negociar con el gobierno o participar en elecciones, afirmando que primero había que derrocar a Maduro. Los líderes de Soy Venezuela, muchos de los cuales viven fuera del país, llevaban meses presionando por el establecimiento de un gobierno paralelo, e incluso una intervención militar, para derrocar a Maduro.

Sus reclamos de un gobierno alternativo habían sido apoyados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y un puñado de comentaristas muy activos en las redes sociales.

Sin embargo, hasta hace poco la mayoría de los partidos opositores habían tomado un rumbo menos agresivo, ciñéndose a las condiciones de una resolución aprobada con una amplia mayoría por la Asamblea Nacional en noviembre de 2018, que destacaba la necesidad de una transición pacífica y negociada.

Bajo un nuevo liderazgo parlamentario, los líderes opositores en el país estaban intentando reagruparse, fortalecer su posición ante el electorado y fracturar a la coalición gobernante señalando la controversia en torno a la presidencia de Maduro y ofreciendo una amnistía a quienes estuvieran dispuestos a abandonarlo.

En las últimas semanas, su campaña revitalizada movilizó a multitudes en manifestaciones opositoras por todo el país, y desencadenó docenas de pequeñas protestas en barrios antiguamente chavistas en el centro de Caracas, donde los residentes manifestaron su indignación por la subida de precios y el deterioro de la calidad de vida.

Una mujer se manifiesta con una pancarta en Miranda, barrio del centro de la ciudad de Caracas, el 10 de abril de 2019, el día en que Nicolás Maduro comenzó su segundo mandato como presidente. Imagen: Camacho romano / Zuma Press / Imagen: PA. Todos los derechos reservados.

Varias docenas de tropas de la Guardia Nacional en Caracas tomaron un cuartel tras robar algunas armas, pero fueron arrestados poco después.

Animados por estas demostraciones de consternación pública y de apoyo a la nueva estrategia opositora, moderados y radicales se unieron para apoyar la proclamación de Guaidó como presidente. Sin embargo, si esta medida no logra provocar escisiones en las fuerzas armadas, no está claro cuál será el próximo paso de la oposición.

En ese momento, la decisión bien podría estar en manos de los aliados extranjeros de Guaidó.

Una tensa política internacional
La política internacional en torno a la crisis de Venezuela también se ha vuelto más tensa a lo largo del último año. El éxodo de millones de venezolanos ha sobrecargado los presupuestos de los países vecinos, ha sumado a las tensiones sociales en esos países y ha enfurecido a sus líderes.

A medida que los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución se tambaleaban, importantes voces regionales insistían que no se podía descartar ninguna opción, incluida la fuerza militar.

Estas voces han incluido no solo a Almagro, pero en ocasiones también el presidente estadounidense Donald Trump y el influyente senador de la Florida Marco Rubio.

Las duras declaraciones del nuevo presidente de ultraderecha de Brasil, Jair Bolsonaro, durante su campaña electoral y desde que asumió el cargo, junto con reclamos de líderes opositores exiliados sobre una “intervención humanitaria” han intensificado la retórica en torno a la crisis.

El gobierno de Maduro ha respondido del mismo modo, con declaraciones agresivas y acusaciones de que los vecinos están conspirando para asesinar al presidente e invadir el país.

Los conflictos fronterizos existentes, en particular con Colombia y Guyana (dos tercios de cuyo territorio Venezuela reclama) han avivado las llamas. El descubrimiento por parte de Guyana en 2017 de importantes reservas de petróleo en aguas extraterritoriales reclamadas por Venezuela y su decisión de llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya han resultado en la escalada de una crisis que llevaba mucho tiempo latente.

Para Colombia, la creciente presencia en Venezuela de guerrillas del ELN, el único grupo insurgente importante que aún queda en el país y el responsable de un atentado con carrobomba en Bogotá que acabó con la vida de 21 personas en un centro de formación policial el 17 de enero, es una gran preocupación.

Las negociaciones de paz con el ELN han colapsado, y tanto las guerrillas como lo que queda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) – que fue el principal grupo guerrillero de Colombia y se desmovilizó como resultado de un acuerdo de paz bajo el anterior gobierno colombiano de Juan Manuel Santos – se han visto atraídas a las zonas de extracción de oro en el sur de Venezuela, con el supuesto consentimiento de altos funcionarios venezolanos.

Los actores del hemisferio occidental no son los únicos involucrados. En diciembre, el despliegue de una pequeña flota de aviones militares rusos, incluidos dos cazas bombarderos TU-160, en lo que Moscú llamó un “ejercicio de entrenamiento” en Venezuela, aumentó las tensiones geopolíticas.

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López dijo que Rusia y Venezuela estaban dispuestas a defender el territorio venezolano.

La incapacidad de los actores tradicionalmente a cargo de la resolución de conflictos en la región para encontrar una salida a la crisis de Venezuela explica en parte por qué la situación se ha desbordado.

La OEA no ha logrado obtener suficientes votos entre sus miembros para desempeñar un papel más contundente, en gran medida debido a la persistente lealtad hacia Venezuela de los Estados caribeños que han recibido ayuda en materia energética en los últimos años.

Mercosur, el bloque comercial sudamericano en el cual Venezuela fue admitida en 2012 por motivos principalmente políticos, suspendió la membresía de Caracas indefinidamente en 2017, y poco ha contribuido a la resolución de la crisis. En 2017 una docena de naciones latinoamericanas y caribeñas crearon el Grupo de Lima, un organismo ad hoc especialmente dedicado a ese propósito, pero su credibilidad está en jaque después de que la mayoría de sus miembros optaran por reconocer a Guaidó.

Colombia, Brasil, Canadá y otros países del Grupo de Lima – aunque no México – se sumaron a EE.UU. en su apoyo a la presidencia interina de Guaidó. Si hubiera una ruptura militar, estos países tendrían que manejar un colapso potencialmente caótico del gobierno que podría, en el mejor de los casos, permitir a una administración trasicional tomar el poder y crear las condiciones para unas elecciones en el corto plazo.

Hay otros riesgos. Maduro ha anunciado que cortará los lazos diplomáticos con EE.UU. Sin embargo, EE.UU. no reconoce su autoridad para expulsar a los funcionarios de la embajada. Si este enfrentamiento llevara a la intimidación del personal de la embajada, o si Maduro tomara medidas para arrestar a Guaidó o reprimir a la oposición,

Washington ha considerardonecesario introducir sanciones más severas, y ya ha declarado un embargo de petróleo, mientras que es probable que los reclamos de una intervención militar extranjera se vuelvan más insistentes.

Por su parte, la UE ha aplaudido los esfuerzos de la Asamblea Nacional para restaurar la democracia en Venezuela, y el Parlamento Europea acaba de reconocer a Guiadó como presidente. Por su parte Rusia, China, Turquía, Irán, Cuba, Bolivia y Nicaragua han expresado su apoyo a la presidencia de Maduro.

Un campo minado
A la luz de la profundización de las tensiones internas y la ruptura de los vínculos diplomáticos, la UE y sus Estados miembros deberían redoblar los esfuerzos para crear las condiciones – en lo que ahora es un contexto mucho más complicado – para la reanudación de unas negociaciones creíbles entre el gobierno en funciones y la oposición.

Las medidas inmediatas para aliviar la tensión entre los dos presidentes, o cualquier bloque de poder que surja en la próximas semanas, deberían incluir la restauración de los poderes de la Asamblea Nacional, la liberación de todos los presos políticos, y la disolución o restricción de los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente.

Si se alcanzara un acuerdo temporal entre las dos (o más) partes en este sentido, la UE debería procurar establecer una hoja de ruta para negociaciones amplias sobre reformas políticas y económicas, facilitadas por garantes internacionales.

Idealmente, estas negociaciones generarían un gobierno interino compuesto por elementos del chavismo y actuales líderes opositores, antes de celebrar unas elecciones presidenciales y parlamentarias observadas por monitores internacionales.

La UE debería reunir una coalición de Estados extranjeros lo más amplia posible, en base a su preocupación común por la desestabilización regional y su deseo de hallar una solución pacífica y sostenible a la crisis.

La UE debería reunir una coalición de Estados extranjeros lo más amplia posible, en base a su preocupación común por la desestabilización regional causada por la crisis de Venezuela y su deseo de hallar una solución pacífica y sostenible a la crisis.

Todos los Estados involucrados deberían estar dispuestos a ejercer presión diplomática y de otros tipos para lograr que se celebren unas negociaciones sustantivas y apoyar una futura transición, incluso mediante el financiamiento de la reconstrucción económica.

El Grupo de Contacto que ha propuesto la UE probablemente sea la mejor opción para lograrlo, aunque su éxito dependerá de la inclusión no solo de EE.UU. y el Grupo de Lima, sino también de países que el gobierno de Maduro considera sus aliados, como Rusia, China, Turquía o Bolivia.

Si eso resulta imposible, la UE debería al menos invitar a países neutros como México o Uruguay a unirse, con la esperanza de que su participación pudiera alentar a los aliados de Venezuela a hacer lo mismo. México ha señalado su interés en unirse.

La UE y sus Estados miembros también deberían desalentar a otros de adoptar políticas que corran el riesgo de profundizar la crisis o bloquear posibles salidas. Estas incluyen un embargo de petróleo, que probablemente agravaría la miseria económica del país, o lo que es peor, cualquier tipo de intervención militar.

Al mismo tiempo, la UE debería seguir presionando fuertemente al gobierno. Junto con algunos gobiernos europeos, la UE ya ha impuesto sanciones contra altos funcionarios venezolanos; podrían dejar en claro la posibilidad de nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno que participen en la represión de manifestantes o el acoso a la Asamblea Nacional o sus miembros.

Al mismo tiempo podrían establecer condiciones claras para levantar las sanciones de manera gradual si el gobierno avanzara hacia unas negociaciones genuinas. La UE debería además mantener su actual apoyo a la Asamblea Nacional como parte indispensable de cualquier transición.

Podría, por ejemplo, ofrecer aprobar nuevos créditos para la reconstrucción económica o dar luz verde al levantamiento de las sanciones contra figuras del gobierno si así lo solicitaran los líderes de la Asamblea Nacional.

Finalmente, la UE debería aumentar la ayuda al desarrollo y el apoyo a los países que están respondiendo a la crisis de refugiados, tanto por motivos humanitarios como para reforzar la estabilidad de la región reduciendo el impacto económico y social de la inmigración a gran escala.

-0-0-0-0-0-

RECURSOS:
8 de marzo, huelga general, de cuidados y consumo
https://www.youtube.com/watch?v=zOHZopTNuqE
"Volando Vengo-Transformación Social" - Culpables - El Feminismo de cara Huelga General
Creatividad dentro de la crisis: opciones legales para migrantes venezolanos en América Latina
Migration Policy Institute

Mientras más de 3 millones de persona venezolanas han huido de una economía colapsada, severa escasez de alimentos y medicinas y los conflictos políticos, los países vecinos-receptores primarios de esas personas-han respondido con creatividad y pragmatismo. Este documento de políticas explora cómo los gobiernos de Sudamérica, México y Centroamérica han navegado decisiones sobre cómo (o si deben) facilitar la entrada y residencia de esas personas migrantes.

En América Latina, los marcos legales nacionales están, en general, abiertos a la posibilidad de migración, pero pocos sistemas inmigratorios han sido construidos para manejar un flujo de esta escala y a este ritmo.

Al largo plazo, hay necesidad de decidir qué puede pasar cuando los estatus temporales empiecen a expirar. Con la crisis en Venezuela y la emigración que ha impulsado, se estima que hasta 5,4 millones de personas venezolanas puedan encontrarse en el extranjero hacia finales de 2019. Algunos gobiernos han tomado medidas para restringir futuras llegadas y algunas comunidades receptoras han expresado frustración por la presión ejercida sobre los proveedores locales de servicios y recursos. Para evitar una reacción violenta extendida y para facilitar la integración fluida de las personas venezolanas en comunidades locales, quienes formulan las políticas públicas tienen que abordar temas como la provisión de estatus permanente hasta el acceso a servicios públicos y a mercados laborales. Bien hecho, ésta puede ser una oportunidad para actualizar y fortalecer procesos gubernamentales y servicios públicos de manera que beneficien tanto a las personas recién llegadas como residentes de larga duración.

Pueden descargar el informe completo aquí:
https://www.migrationpolicy.org/research/opciones-legales-migrantes-vene...

-0-0-0-0-0-0-0-
«Porque sin nosotras no se mueve el mundo», el disco que reivindica a las trabajadoras del hogar Territorio Doméstico

Las mujeres de Territorio Doméstico han editado un disco para reivindicar sus derechos laborales. Son empleadas del hogar de varias nacionalidades que sostienen que el trabajo de los cuidados es fundamental para sostener la vida y en este caso alzan sus voces a través de un disco que contiene diez canciones con títulos como Deja ya los miedos, A la calle empoderadas, Levántate empleada del hogar o Mujeres transfronterizas.

Se puede escuchar el disco completo.
https://soundcloud.com/territoriodomestico?fbclid=IwAR1oqhuLo_BvtTy0rWVw...
-0-0-0-0-0-0-0-0-
Estimaciones mundiales sobre los trabajadores migrantes internacionales
Organización internacional del trabajo

La OIT estima que 164 millones de personas son trabajadores migrantes, un aumento del 9 por ciento desde 2013, cuando la cifra era de 150 millones.

Según la segunda edición del informe Estimaciones mundiales sobre los trabajadores migrantes internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mayoría de los trabajadores migrantes - 96 millones - son hombres, mientras que 68 millones son mujeres. "Mientras que un número creciente de mujeres han migrado de manera autónoma en búsqueda de empleo durante las dos últimas décadas, la discriminación que con frecuencia deben enfrentar a causa del género y la nacionalidad tienen un menor acceso a oportunidades de empleo en los países de destino en comparación con sus pares masculinos", declaró Manuela Tomei, Directora del Departamento Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT.

El informe proporciona un panorama completo de los grupos de ingresos, de países y de subregiones donde los migrantes trabajan. A nivel mundial, el 68% de las personas trabajadoras migrantes viven en países de ingreso alto, un 19% en países de ingreso mediano-alto, un 10% en países de ingreso mediano-bajo y un 3% en países de ingreso bajo.

La OIT tiene previsto producir las estimaciones mundiales de los trabajadores migrantes internacionales de manera regular a fin de mejorar la toma de decisiones y contribuir a la implementación del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular.

Pueden consultar el informe completo:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/d...

-0-0-0-0-0-0-0-0-

La campaña contra la violencia machista cotidiana que pone el foco en los hombres
Fundación Avon

La Fundación Avon argentina recrea tres situaciones representativas del acoso y la violencia diaria que experimentan las mujeres. Esta campaña, en vez de mostrar cómo debería actuar la mujer, pone el foco en los hombres a través de tres anuncios que recrean situaciones del día a día.
Violencia digital:
https://www.youtube.com/watch?v=Ti3bpRqtsL8

Acoso Callejero:
https://www.youtube.com/watch?v=FzO_BVq7Qrc
Violencia Doméstica:
https://www.youtube.com/watch?v=OXYpVm5okeg

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Éxodos masivos hoy en México: ¿dónde estamos?
Alianza Américas
Durante las primeras semanas de 2019, varias caravanas de personas procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala se han desplazado de sus respectivos países con el objetivo buscar refugio. Actualmente, se encuentran más de 9 mil personas en territorio mexicano.

Comprender las dinámicas de este nuevo patrón de migración es importante para coordinar una respuesta humanitaria y de defensa. Por ello, Alianza Américas ha organizado una serie de seminarios virtuales en los que se han discutido los desafíos, retos y realidades que enfrentan hoy las organizaciones y albergues en su lucha por la atención y defensa de la población del "éxodo" centroamericano.

En el último seminario participaron el Padre Ramiro Baxin Ixtepan (Coordinador Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ranzahuer González), la Hermana Maria Magdalena Silva Renteria (Fundadora Casa de Acogida Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada) y Rita Marcela Robles (Enlace de incidencia, Centro de Derechos humanos Fray Matías)

Pueden ver el seminario completo:
https://www.youtube.com/watch?v=RjRV6YUw4Lg&t=91s