CONSULTA GLOBAL SOBRE PREVENCIÓN DE LA TRATA Y MIGRACIÓN INSEGURA: Códigos de conducta de dueños de bares y cantinas

CONSULTA GLOBAL SOBRE PREVENCIÓN DE LA TRATA Y MIGRACIÓN INSEGURA

Bangkok, Tailandia, abril 2019.

Elvira Madrid Romero, activista fundadora de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.,

México

“Trabajar con los dueños de bares, cantinas, hoteles y cabarets para promover códigos de conducta y prevenir los abusos de las trabajadoras sexuales: Una experiencia ciudadana”.

Las actividades de la Brigada Callejera, desde su fundación se han centrado en tres aspectos fundamentales:

- Garantizar el acceso a la prevención, detección y tratamiento en VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual (ITS).
- Facilitar la prevención comunitaria e individual, protección de víctimas potenciales y provisión de seguridad en casos de violencia hacia las trabajadoras sexuales, particularmente la trata de personas y otros abusos laborales.
- Defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales cisgénero y trans, frente a diferentes formas en las que se expresa la violencia institucional por parte de servidores públicos e instituciones públicas municipales, estatales o federales.

La participación de las trabajadoras sexuales en la asamblea general de la organización y en algunas actividades estratégicas, nos ha permitido avanzar en la defensa de las fuentes de trabajo sexual, así como en la protección de las conquistas laborales y obtención de mejores condiciones de empleo.
Para avanzar en la consecución de dichos propósitos, cada año se llevan a cabo asambleas locales y un encuentro nacional durante 21 años ininterrumpidos, previo a discusiones regionales, para lograr mejores políticas públicas y la obtención de certeza y seguridad jurídica del comercio sexual.
Para lograr dichos propósitos, ha sido indispensable establecer compromisos con empresarios de bares, cantinas, hoteles y cabarets donde la Brigada Callejera tiene o ha tenido presencia comunitaria.
Dichos compromisos establecidos con los dueños de los lugares donde laboran las trabajadoras sexuales, se han implementado en condiciones muy difíciles a partir del establecimiento de la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”, que confunde trabajo sexual con trata de personas.
En algunas entidades federales como la Ciudad de México (CDMX) y Jalisco, los compromisos se establecen verbalmente, por el temor a que las compromiso, que promovemos se pudieran utilizar como prueba para acusaciones de trata de personas y proxenetismo (en México las figuras penales es lenocinio o incitación a la prostitución).

Actualmente, en el estado de Chiapas, que colinda con Guatemala y es la entrada de muchos migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades, las cartas compromiso firmadas con dueños y con asociaciones de empresarios de la industria del entretenimiento para adultos, han permitido que nuestras activistas y colaboradores, puedan utilizar las instalaciones de bares, cantinas, hoteles y cabarets para capacitar a promotoras de salud, a periodistas comunitarias, a defensoras comunitarias ante la trata de personas o abusos de autoridad, para aplicar pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis, garantizando siempre el carácter voluntario, confidencial y el consentimiento informado. Sin embargo, no se firman compromisos con dueños cuyo proceder no conoces.

Cronología de algunos hechos:

- A mediados del año 2011: Todo era armonía y colaboración en materia de prevención de la trata de personas en Chiapas. Un año después, hubo certificaciones de bares y cantinas libres de delito a perseguir. A casi 18 meses, el linchamiento mediático de grupos evangélicos y feministas anti-trata, “justificaron” la mano dura hacia dichos negocios y el cierre de oportunidades de trabajo para muchas mujeres mexicanas y migrantes, que se ganaban la vida como meseras, bailarinas, cocineras y trabajadoras sexuales.
- 25 de junio de 2011: Treinta y cinco bares y cantinas de Tapachula, de más de cinco mil, se sumaron a la campaña “Chiapas Corazón Azul contra la Trata de Personas”, para combatir la trata de personas, organizados en la “Asociación de Establecimientos de Entretenimientos de Tapachula”, junto a la Secretaría de salud municipal y organizaciones como Una mano amiga en la lucha contra el Sida, forman el comité municipal de lucha contra el Sida, Comusida de Tapachula, y la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Inmigrantes (FEDCCI) de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.

- 16 de julio de 2012: La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Inmigrantes (FEDCCI) inició la certificación de bares, cantinas y centros nocturnos como establecimientos libres de trata de personas y menores en la frontera sur, esto como parte de las acciones para el combate de este tipo de delitos que han puesto a Tapachula como un foco rojo a nivel nacional. Hasta la fecha se han emitido 12 sentencias condenatorias por dicho delito.
- 19 de enero de 2014: Titulares de prensa que conmocionan a la opinión pública y a la clase política chiapaneca y abren una oportunidad para justificar sus acciones: En Chiapas existen al menos 30 mil mujeres que son víctimas de trata, según declaraciones de ONG. Y, Tapachula un gran burdel.
- 24 de enero de 2014: Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, solicitó al Congreso local que ya no se emitan licencias de uso de suelo para los giros negros, con el objeto de combatir la delincuencia organizada, la trata de personas y la explotación sexual en la entidad. La iniciativa busca reformar la Constitución Política del Estado de Chiapas, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Salud estatal.
- 27 de enero de 2014: La PGJE de Chiapas informó que aseguró 210 bares y cantinas irregulares durante una semana de operativos en Chiapas. Dichos “giros negros” operaban de forma irregular. Los operativos fueron realizados por la policía estatal, respaldada por agentes federales y personal militar. El saldo es de siete víctimas de trata de personas probablemente rescatadas y 20 supuestos involucrados en diferentes delitos, arrestados.

- 30 de enero de 2014: En enero de este año, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, clausuró más de 250 bares, cantinas centros nocturnos. En esos días varias meseras, bailarinas, cocineras y trabajadoras sexuales, reportaron que no eran víctimas de trata de personas pero sus palabras se las llevó el viento. Quienes no ejercían el comercio sexual, tuvieron que hacerlo en esos días, ante la imposibilidad de trabajar en un botanero y fueron expuestas a más violencia, como el pago de 200 pesos diarios para poder trabajar en la calle. Lo que las notas informativas no señalan sobre estos operativos policíacos es que quizás igual número de establecimientos mercantiles cerraron en la zona del Soconusco, por órdenes de sus dueños para no verse afectados por dichas clausuras y aseguramientos. Otros negocios, sin precisar la cantidad, optaron por regresar a su casa a trabajadoras con situación migratoria irregular y algunos más pidieron a las mujeres que vivían en “cuarterías”, desocuparlas inmediatamente, con lo que quedaron sin techo de forma indefinida.
- 6 de febrero de 2014: Se aprueba la reforma al artículo 70 fracción VI de la Constitución de Chiapas, porque a juicio del gobernador así se erradicarán los “table dance”, ya que los ayuntamientos “ya no podrán otorgar permisos para la construcción u operación de establecimientos con espectáculos nudistas, porque el uso de suelo para dicho fin estará prohibido”. Así mismo, los demás giros negros que operan en la actualidad podrían ser clausuradas paulatinamente. Otra vez legisladores, en este caso locales y de Chiapas y un gobernador, no escucharon las voces de las trabajadoras sexuales mexicanas y migrantes. Ojala tengan la razón y no se empeore más la situación de este sector vulnerado por el gobierno y el resto de la sociedad.
- 28 de octubre de 2014: La Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas, realiza un operativo anti-trata en los bares el dragón chino, Selene y Rosal, después de una actividad de prevención de VIH/Sida donde los condones y el material educativo se utilizaron para fincar ese delito.

- 10 de marzo de 2015: El gobierno municipal de Tapachula en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria VII a cargo de Esaú Guzmán Morales, establecieron una mesa de trabajo con la asociación de antros bares y cantinas de esta ciudad, donde participó Brigada Callejera, cuestionando la exigencia de licencias sanitarias que hasta abril o mayo no eran entregadas por la Secretaría de Salud de Chiapas.
- 2016 a 2018: Clausura de bares y cantinas con el pretexto de la trata de personas. Dichos operativos con detenciones, han disminuido en las ciudades donde tenemos presencia comunitaria.

Los hechos mencionados, imposibilitan en la práctica que los códigos de conducta se cumplan a cabalidad, ya que obligan a muchos patrones o encargados, a dejar de ofrecer estímulos a la productividad como el de “la ficha”, alimentos gratuitos, un cuarto donde cambiarse y usar el sanitario en hoteles, gratuidad en la habitación si se atendió por lo menos a un cliente, entre otras más, porque dichas condiciones laborales son consideradas un agravante para la trata de personas.
Por ello, tenemos acuerdos bilaterales con instituciones clave como el Instituto Nacional de Migración (INAMI), cuya política nacional de una migración regular, ordenada y segura, entra en contradicción con viejas prácticas de corrupción internas y con acciones directas violentas auspiciadas por sujetos de la sociedad civil, que han enrarecido el ambiente.
Con el apoyo de dueños de bares, cantinas, hoteles y cabarets y del Instituto Nacional de Migración (INAMI), se llevó a cabo la primera jornada de regularización con trabajadoras sexuales en Huixtla, Chiapas, de que se tenga noticia en México, donde además se contó con el apoyo de las autoridades de dicho municipio, representantes de los consulados de Guatemala y El Salvador y de la Visitaduría Regional Adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas.
En su momento solicitamos a la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Fevimtra, apoyo para investigar cobros de extorsión policiaca y amenazas a trabajadoras sexuales. Fue así como conocimos a una célula del Grupo de Operaciones Contra el Tráfico, la Trata y Pandillas, de Chiapas, GOTTPA, conformado por policías ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del estado y policía federal. Sin embargo, a menos de un mes de haber iniciado las investigaciones solicitadas, el 11 de agosto de 2016, esos elementos fueron detenidos por acusaciones de secuestro y extorsión.
También ha ocurrido que hay dueños o encargados, que no se han querido comprometer con el cumplimiento de ningún código de conducta y hemos tenido que actuar con el respaldo de las trabajadoras sexuales involucradas y de comisiones estatales o la nacional de derechos humanos para que mejoren las condiciones laborales, con el de las mujeres que laboran en la zona galáctica, que es una especie de campo de concentración donde se permite el ejercicio del comercio sexual en instalaciones construidas y administradas por autoridades municipales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se opera bajo condiciones de trata de personas.
Hasta diciembre del año 2018, se les vendían a las trabajadoras sexuales de la zona galáctica, las pruebas rápidas de VIH y sífilis, así como los condones que son propiedad del sector salud y de distribución gratuita; se les obligada a ir a laboratorios particulares propiedad de funcionarios públicos que recibían al menos el 25% de ingresos por comisión de cada mujeres que allí se realizaba algún tipo de estudio.

En el caso de Guadalajara, Jalisco, los códigos de conducta funcionaron con 10 hoteles desde el movimiento de resistencia civil pacífica que se formó al llevar a cabo el cuarto Encuentro nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual y octavo taller nacional de presencia ciudadana de trabajadoras/es sexuales: Del 20 al 22 de julio de 2003, en un hotel de Guadalajara, Jalisco. Se establecieron estrategias contra el acoso y la extorsión policíaca de los grupos participantes. Al final hubo una marcha y bloqueos de calles que dan acceso a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco y se inician mesas de diálogo exitosas en dicha ciudad.
Producto de la organización de diez bloques cooperativistas de trabajadoras sexuales en igual número de hoteles, se pudieron obtener dos recomendaciones y dos conciliaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, todas por operativos municipales o estatales contra la trata de personas, que se demostró no se presentaban en donde hubo los abusos de autoridad. Sin embargo, la llegada de tres grupos de la delincuencia organizada dedicados al narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y otros delitos, muchos dueños y encargados fueron amenazados y algunos acusados de falsos delitos por autoridades ministeriales para que aceptaran las condiciones de los grupos que cobran derecho de piso a las trabajadoras sexuales y otros sectores de la sociedad tapatía en Guadalajara, Jalisco.
Por otro lado, en mayo del 2018, un grupo especial de la policía, que se formó para contener a la delincuencia organizada, expulsó a trabajadoras sexuales del Parque Morelos de Guadalajara, Jalisco, y dueños de algunos negocios y trabajadoras sexuales se organizaron para protestar contra dicho abuso de autoridad. La respuesta del gobierno no se hizo esperar: Las nuevas autoridades de la Comisión estatal de los derechos humanos, dejó indefensas a las trabajadoras sexuales al no emitir medidas precautorias como era su obligación y avalar dicha situación y por otro lado las autoridades municipales de entonces, modificaron el reglamento de policía y buen gobierno y elevaron a la calidad de infractores cívicos a los clientes de las trabajadoras sexuales, que ha obligado a las mujeres de varios grupos a pagar una cuota de extorsión a la policía municipal para dejarlas laborar en paz sin que ellos sean detenidos.

En la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Guerrero, Querétaro, Hidalgo y otros estados de la república, las procuradurías o fiscalías generales de justicias y la entonces Procuraduría General de la República, utilizaron condones como prueba indiciaria en acusaciones por trata de personas y delincuencia organizada, dando al traste con varios compromisos establecidos por dueños de bares, cantinas, hoteles y cabarets, de tener condones para garantizar la prevención del VIH/Sida e ITS.
Otra prestación social informal, que se perdió por un enfoque criminalizador del condón, fue la posibilidad de que algunos dueños garantizaran la presencia de dichos insumos para la salud, ahora, es asunto de las trabajadoras sexuales e incluso hay lugares donde está prohibido que las y los trabajadores ingresen esos productos de auto cuidado.
Ahora, el éxodo migrante y sus caravanas, obligo al gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto y al actual de Andrés Manuel López Obrador, a permitir el paso libre de muchos de sus integrantes y a expedir desde la llegada de la nueva titular del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Carmen Yadira de los Santos Robledo, visas humanitarias a quienes las soliciten de manera ordenada.
El problema es que en el tema de migrantes, el ayuntamiento de Tapachula, el gobierno del estado y otras dependencias oficiales, han tenido un desempeño no sólo limitado por la falta de presupuesto, sino también por la voluntad política de ofrecer atención humanitaria a quienes ingresan por dicha ciudad.
No hay quienes ofrezcan información sobre rutas seguras y prevención de la trata de personas, a las y los migrantes a quienes el Instituto Nacional de Migración ha entregado visas humanitarias para que viajen a la frontera norte a solicitar asilo al gobierno de los Estados Unidos y menos a quienes han ingresado de manera irregular, entre otras razones porque la cantidad de migrantes que están internándose a México, han rebasado al Estado nacional, a las agencias de cooperación internacional y a las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuáles, hemos visto mermado los recursos financieros con los que se contaba, por la prohibición presidencial de entregar recursos a dichas iniciativas ciudadanas, acusadas TODAS de ser corruptas y de ser un vestigio del neoliberalismo.

El nuevo gobierno federal de AMLO, a través de la nueva delegada estatal del INM en Chiapas, está aplicando el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, y las nuevas autoridades del INAMI en Chiapas, han privilegiado una estrategia de más acercamiento con las y los migrantes.
Se ha establecido un límite en el número de visas humanitarias a entregar, para acceder a las cuales las y los migrantes deben identificarse con documento de su país, recibieron un brazalete de identificación, registraron su nombre y fue escaneado un código por personal del INAMI, se les tomó fotografía y datos biométricos, después fueron trasladados al albergue temporal instalado para que pudieran pernoctar los 5 días o menos, que duró el trámite de cada solicitante de Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) y ya iniciada la regularización de las primeras personas, se redujo a 3 o 4 días.
La jurisdicción sanitaria número VII, suspende unilateralmente las afiliaciones y re-afiliaciones al Seguro Popular de todas las personas migrantes que lo solicitaron en diciembre; sin que hubiera sido una determinación tomada por las autoridades del Instituto de Salud de Chiapas (secretaría de salud estatal) ni de las autoridades federales destacadas en la Ciudad de México.
La entrega de visas humanitarias a personas con VIH, cáncer de mama o cáncer cervico uterino, que lo acrediten con historial médico de institución gubernamental, ha continuado como en los años pasados.
Durante el proceso de regularización migratoria de febrero de 2019, se entregaron TVRH a 13,610 migrantes y cerca de 1,500 no alcanzaron a obtener dicho documento. El promedio de días que ha tardado la regularización migratoria de la última caravana participante en dicho proceso, fue de 5 días como máximo.
Desde el inicio del éxodo migrante masivo, han ingresado a México, dos caravanas por quincena.
Ha habido un desinterés generalizado por parte de autoridades municipales en cuanto a responder con ayuda humanitaria hacia los grupos de migrantes que se están internando en el país en caravanas o a título individual.
Para garantizar que las personas solicitantes de visa mexicana, puedan hacer el trámite desde sus países de origen, se requiere modificar la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de los años consecutivos (2000 a 2024), para garantizar que personas de escasos recursos no tengan que recurrir a la migración irregular por la falta de recursos económicos.
Se necesita establecer e impulsar una política de difusión entre la iniciativa privada para que más empresas obtengan las constancias de inscripción como empleadores de migrantes, ya que la constancia del Servicio de Administración Tributaria, SAT, provoca temor entre muchos empresarios.
Cabe señalar que personal de la Secretaría de Bienestar, ofreció un programa de empleo temporal a migrantes, a quienes se les ofrecieron 300 pesos diarios, con seguro social y todas las prestaciones de ley.

Matriz FODA del nuevo proceso migratorio en México:

Fortalezas:
La migración ordenada genera más confianza en la sociedad, porque ven que no se regulariza a personas que han cometido crímenes en sus países de origen y están huyendo por dicha razón.
Las y los migrantes pueden circular sin miedo porque están en regla y pueden obtener un empleo con todas las prestaciones de ley o en mejores condiciones que estando de manera irregular.
Previene tener a migrantes en paro forzado y en lugares públicos donde algunos actores sociales les ven con malos ojos y claman por su deportación.
Las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación internacional, tienen una infraestructura y recursos limitados que han sido rebasados por las caravanas.
Las campañas de regularización migratoria de personas solteras, han permitido regularizar a trabajadoras sexuales y romper el círculo vicioso de la explotación de que eran objeto, en muchos casos, al menos en la zona del Soconusco, Chiapas.
Oportunidades:
Reformar le Ley de Migración, su reglamento y otras disposiciones secundarias para garantizar una migración más segura.
Reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para que se haga una diferencia entre trabajo sexual y trata de personas.
Debilidades:
El gobierno mexicano en su conjunto no tiene la capacidad de atender las necesidades humanitarias que las caravanas del éxodo migratorio le imponen todos los días.
Un enfoque de gobernabilidad, permitiría potenciar las capacidades del gobierno mexicano.
Limitación para ofrecer atención a la salud de las y los migrantes por recursos limitados pero sobre todo por falta de voluntad política de las instituciones involucradas.
Queda un porcentaje importante de migrantes, al margen de la regularización por el límite de visas que se han expedido, que aunque son una cantidad importante no han podido expedirse a todas las personas que deseaban obtenerlas.
En Tijuana, Baja California, ubicada en la frontera norte del país con los Estados Unidos de América, hay un cuello de botella con una presencia creciente de migrantes haitianos, centroamericanos, rusos, africanos y de otras nacionalidades, que está generando un clima de linchamiento de migrantes, deportaciones gota a gota, xenofobia institucionalizada en la presidencia municipal actual, que incrementa la violencia institucionalizada, comunitaria y del crimen organizado hacia integrantes de las caravanas.
En Tijuana y Tapachula, hay una falta de empleo para migrantes o muy mal pagado y sin prestaciones sociales, donde algunas opciones laborales son el comercio ambulante, el trabajo sexual y otras actividades donde la precariedad varía mucho.
Cuando hay denuncias sobre trata de personas en bares, cantinas, cabaret, hoteles de paso o zonas de tolerancia, se busca deportar o criminalizar a las trabajadoras sexuales que son migrantes irregulares y no detener a los presuntos responsables de dicho delito.
Amenazas:
Presencia de pandilleros en las caravanas del éxodo migratorio, que pueden extender y fortalecer la presencia de la delincuencia organizada en todo el trayecto recorrido por las caravanas.
La política de algunas caravanas de forzar la regularización migratoria, a través de acciones violentas, puede cerrar las puertas del diálogo con el gobierno e impedir la regularización de las y los migrantes que vienen en ellas.
Algunas caravanas están exponiendo a mujeres, niñas, niños y adolescentes e incluso algunos hombres adultos, al deterioro de su salud, a la afectación de su integridad, a la perdida de la vida, trata de personas, explotación sexual y esclavitud laboral.
La decisión presidencial de suspender fondos federales a organizaciones de la civil, puede reducir el apoyo humanitario que dichas iniciativas ofrecen a las y los migrantes.
En Tapachula, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Costa-Chiapas, incita al odio xenófobo en contra de las y los migrantes en Tapachula, al señalar que la iniciativa privada que colinda con el Parque central “Miguel Hidalgo”, pierde 250 millones de pesos mexicanos diarios, por la oleada de migrantes que llegan a dicho lugar todos los días.
Cuando las caravanas optan por atravesar “la ruta de la muerte” (el estado de Veracruz), los riesgos de feminicidios, asesinatos de varones, desapariciones, secuestros y trata de personas, se pueden incrementar de manera notable.
Pandilleros que ingresan de manera irregular al país, coludidos con autoridades policiacas y/o judiciales, extorsionan a trabajadoras sexuales y las someten a diferentes tipos de violencia de género.
La separación familiar cuando hay redadas de las autoridades para detener a migrantes con fines de deportación.
Autoridades de diferentes niveles, sobre todo municipales, ven con desconfianza a las y los activistas que ofrecemos algún tipo de apoyo humanitario a integrantes de las caravanas.

ANEXOS:

Senado de la República:
El Estado Mexicano, obligado a cumplir con el Pacto Mundial para una migración segura y ordenada: Senado de la República

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/42648-...

Publicado: Sábado, 10 de noviembre de 2018, 15:48 horas.
Boletín Número-701
México, históricamente solidario con los países centroamericanos.
México históricamente y de forma solidaria ha realizado cooperación con los países centroamericanos promoviendo siempre acuerdos que privilegien el respeto a los derechos humanos, particularmente de los migrantes y del derecho internacional humanitario.
En este sentido, el Senado de la República se pronunció el 23 de octubre para coadyuvar como parte del Estado mexicano, a brindar apoyo a la inédita situación que ha significado la llegada a nuestro país de la caravana de migrantes proveniente de diversos países centroamericanos.
Con total respeto a las normas internacionales y a los Poderes de la Unión, hacemos un llamado a generar acciones inmediatas desde esta perspectiva a fin de que:
I. El gobierno federal pueda brindar seguridad a los grupos de migrantes, conforme a los protocolos de protección y salvaguarda de los derechos humanos en las carreteras o lugares por donde transitan. En esta ocasión específicamente durante el trayecto de la Ciudad de México al estado de Querétaro, así como de los traslados que efectuarán los otros grupos que desde el municipio de Matías Romero en Oaxaca se dirigen hacia la Ciudad de México, atravesando tramos carreteros que pueden resultar inseguros para su integridad física.
II. Durante los traslados se pueda privilegiar con transporte a los grupos más vulnerables, entre ellos, niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y, en particular, mujeres embarazadas.
III. Los gobiernos de Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Ciudad de México privilegien las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la atención, preferentemente en albergues, de los migrantes, poniendo especial cuidado en evitar la separación de las familias.
IV. Los gobiernos de los estados de la frontera norte, tomen previsiones ante el próximo arribo de los grupos migrantes y puedan ofrecer la ayuda humanitaria que se requiera, como es la instalación y operación de albergues, así como servicios de salud y alimentación.
Exhortamos a los gobiernos estatales a establecer una coordinación con las autoridades municipales respectivas, particularmente en el municipio de Tijuana, Baja California.
México se ha caracterizado por su hospitalidad y solidaridad con los pueblos migrantes. Nos pronunciamos por el estricto respeto a sus derechos humanos y el apego a la legislación nacional, así como a los principios contenidos en el Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular.
- Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular:
https://undocs.org/es/A/CONF.231/3
Consulta Nacional de México rumbo al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular:
http://oim.org.mx/consulta-nacional-de-mexico-rumbo-al-pacto-mundial-par...