Con la ley en la mano

Con la ley en la mano
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Revista Nexos
1 SEPTIEMBRE, 2014
Krizna

Tenía 20 años cuando llegué a trabajar a la calle. Me llamó la atención el ambiente, el destello de los vestidos de todas las compañeras que trabajaban ahí, la cantidad de carros que pasaban a preguntar y cuando las contrataban para tener sexo.

Era algo nuevo para mí. Estar parada en una esquina me hacía sentir liberada de tantos prejuicios y, por qué no, ganar dinero de esta forma. Conocí personas importantes y también gente que apenas traía lo justo para pagarme a mí y el hotel. En los primeros meses fue como un mundo ideal, tenía halagos, sexo y dinero, pero me duró poco. Conocí la otra cara de la moneda, los operativos y la extorsión en contra de nosotras. Las compañeras ya me habían contado que tenía que dar mi cuota a los de las camionetas de Gobernación y a los patrulleros por estar prostituyéndome. Debo confesar que en ese tiempo me sentía merecedora del trato que nos daban.

Creía qué no teníamos derechos y que era una forma en que el gobierno se hacía de la vista gorda para dejarnos trabajar en un oficio ilegal. Varias veces me detuvieron y no me gustó. Cuando hacían operativo los de Gobernación, nos llevaban a la delegación Cuauhtémoc y nos dejaban en las galeras del sótano, muchas veces el médico legista sólo nos miraba sin auscultarnos e inmediatamente nos encerraban. Si nos detenían a las 11 de la noche y nos presentaban con el juez cívico a las 12, el arresto de 36 horas contaba a partir de llegar al Torito.

Ahí el trato era indigno, nos hacían desmaquillar con jabón de polvo Roma, y nos daban el uniforme color beige con unas sandalias de plástico que ya no servían y cada una de diferente color y número. Los dormitorios tenían cuatro divisiones, cada uno con colchonetas desgastadas y malolientes; teníamos que dormir hasta 10 en cada dormitorio. Nos daban de comer tres veces al día. La comida eran frijoles rancios, dos tortillas y un vaso de agua. Nos obligaban a correr alrededor del patio a pesar de que varias de nosotras nos caíamos por las chanclas y los pantalones roídos.

Nunca encerraron a las que daban dinero a los camioneteros. Una o dos calles antes de llegar a la delegación las soltaban, aunque a veces de nada servía porque no faltaba un patrullero que las detuviera de nuevo al llegar a trabajar a la esquina. Siempre los policías extorsionaban a los clientes y remataban con nosotras. Decían que estábamos cometiendo un delito, que nos iban a llevar al reclusorio. Eso a mí me provocaba temor y por eso les daba su mochada que pedían. Eran de 200 a 500 pesos.

Unos meses después de que empecé a trabajar, el gobierno local nos impusó un control sanitario a través de CONASIDA (Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA), hoy CENSIDA (Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA). Las autoridades argumentaron que éramos el principal foco de infección y que su deber era vigilar y cuidar a la población de la pandemia del VIH-SIDA. Fue algo no muy bien planeado porque esto sirvió para que fuéramos más vulnerables a la extorsión, discriminación y la criminalización.

Era obligatorio hacernos la prueba del VIH-SIDA y de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) cada tres meses. Si salíamos negativas nos resellaban la credencial que expedía CONASIDA, pero si por alguna razón el resultado era positivo, enviaban boletines a los hoteles con nuestra foto y nombre para que nadie nos contratara.

Diario nos revisaban la credencial, y a pesar de que la tuviéramos resellada, muchas veces nos detuvieron por no portarla. ¿A cuántas se nos llegó a olvidar la credencial en casa? Eso era motivo de arresto y/o extorsión. Bajarnos la banqueta era motivo suficiente para detenernos. Ya no trabajábamos a gusto: ellos inventaban cualquier excusa con tal de sacarnos dinero. Muchas de nosotras empezamos a tener noción de nuestros derechos y llegamos a protestar, pero no servía de nada, al contrario, nos comenzaron a detectar, y tiro por viaje nos llevaban al Torito por mitoteras.

Los patrulleros acostumbraban presentarnos a desconocidos que afirmaban que los habían robado. Muchas compañeras estuvieron en el reclusorio por un delito que no cometieron. Denunciamos ante los medios de comunicación lo que estaba pasando con nosotras, pero casi siempre trataban la nota con tono amarillista. No faltaron algunos periodistas que se sensibilizaron con nosotras y publicaban lo más real posible lo que pasaba.

Esto llamó la atención de diputados, candidatos de diferentes partidos y funcionarios públicos que se nos acercaron con la promesa de ayudarnos si los apoyábamos en sus candidaturas y nos afiliábamos a su partido. Decidimos no hacerlo porque nos querían utilizar como trampolín político y no estábamos dispuestas a colaborar con ellos; eso iba a perjudicar nuestro movimiento y resistencia. Nos íbamos a quemar.

Fue en 1994 cuando conocimos a Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, organización no gubernamental que se dedica a la defensa de los derechos humanos y la prevención del VIH-SIDA. Elvira, Jaime y Rosa, fundadores de esta organización, nos invitaron a los talleres que impartían en el atrio de la iglesia de la Soledad. Ahí conocimos nuestros derechos y empezamos a crear una defensa jurídica entre nosotras. Tuvimos que estudiar la ley de justicia cívica, códigos penales vigentes y los tratados internacionales que el gobierno mexicano firmó en su momento respecto al VIH-SIDA, a los derechos humanos, y al trabajo.

Al inicio nos presentábamos como el grupo de tal calle pero como vimos que no nos tomaban en cuenta las autoridades, nos vimos en la necesidad de constituirnos en una sociedad cooperativista. Creo que esto nos empezó a abrir las puertas en varias instituciones: llegaron a recibirnos en la sala de cabildos de la delegación. En el día nos convocaban a reuniones y mesas de trabajo. Llegábamos a acuerdos con la promesa de respetar nuestro trabajo, pero en la noche la realidad era otra. La misma extorsión y criminalización en contra nuestra pero con una nueva variante: nos empezaron a fabricar delitos como el robo. Creíamos que íbamos por buen camino pero no fue así.

Nos detuvimos a analizar en qué estábamos mal y concluimos que las promesas y tantas reuniones estériles nos estaban desgastando. Era lo que querían ellos y decidimos capacitarnos como promotoras de salud, trazarnos metas a corto, mediano y largo plazos. Entre ellas: la dignificación de nuestro trabajo; luchar por el reconocimiento como un trabajo no asalariado; derogar la implementación e imposición del control sanitario y convocar a diferentes grupos, colectivos, organizaciones y personas dedicadas al trabajo sexual a nivel estatal y nacional.

Las compañeras debían ser afines a nosotras con respecto a las problemáticas en el trabajo, estar convencidas de que la organización entre nosotras mismas era la única opción y que teníamos que ser autónomas sin la injerencia del gobierno, partido político o funcionario público. Conformamos la Red Mexicana de Trabajo Sexual con presencia en diferentes estados de la República. Empezamos a crear agendas de trabajo de nosotras mismas y para nosotras mismas. Involucraba un esfuerzo mayor pero creíamos que valía la pena.

Comenzamos a tener más presencia en temas que tuvieran que ver con nuestro trabajo, constantemente convocábamos a marchas, protestas y denuncias públicas ante las autoridades. Brindamos solidaridad a las compañeras que se dedican al trabajo sexual. Gracias a esto, logramos que el gobierno derogara el control sanitario del Distrito Federal y tener presencia en actos políticos donde hacíamos réplica a las autoridades con respecto al trabajo. Exigíamos que se respetaran nuestra integridad y nuestros derechos humanos. Algunas veces con temor denunciábamos la cortina de humo que ponían para que no se supiera la verdad.

A las autoridades no les convino eso e intentaron dividirnos. No lo lograron. Empezaron a hacer ofrecimientos: trabajar en CENSIDA, asesorarnos en materia de trabajo sexual, promesas de vivienda, condones, dinero, querían cooptarnos. La mayoría nos mantuvimos firmes, convencidas de lo que deberíamos hacer y no, pero algunas de las que en su momento pertenecían a la red aceptaron el ofrecimiento, quizá con la idea de brillar ante el gobierno y el deseo de tener poder. Las tomaron en cuenta para algunos proyectos, les dieron dinero para ayudar a las trabajadoras sexuales, pero la ayuda nunca llegó.

Poco después las desecharon, y ahora, ¿dónde están? Como todo burócrata, esperando un hueso. Saber lo que les sucedió nos convenció de que nuestro camino era el correcto; sin embargo, perdimos a muchas compañeras en el andar. Unas están presas por delitos que no cometieron, como Gari y Yolanda, y otras fueron asesinadas: Melissa, Rubi, Gabi, Mariposa y muchas más. Es el riesgo de organizarse, denunciar y desmentir a las autoridades.

A pesar de esto seguimos haciendo política de banqueta, invitar a más compañeras para que se organicen sin reproducir las formas tradicionales, es decir, proponemos una estructura horizontal, que no recaiga en una persona el control del movimiento porque pone en riesgo nuestra lucha, que no exista un o una representante ni portavoz, que cada una se represente a sí misma. Que todas y todos tengamos voz y voto y que podamos proponer que todas participemos sin abusar una de la otra. Que lo que hagamos no sea un propósito para sobresalir, vender o negociar con el gobierno.

Cuando nos enteramos de propuestas de ley para “regular, dignificar y reordenar el trabajo sexual”, nosotras nos dedicamos a estudiar detalladamente esas propuestas a través de reuniones y talleres. Nos dimos cuenta que todas ellas sólo tienen la intención de controlar, erradicar y criminalizar a las trabajadoras sexuales. Entendimos que tenemos derecho de opinar y protestar ante estas propuestas de ley de algunos diputados moralistas y conservadores. Exigimos mesas de trabajo para analizar con ellos las incongruencias y la falta de respeto a nuestros derechos humanos y civiles.

Conseguimos detener estas propuestas. Consideramos que sus formas y modos de legislar no son los correctos porque vulneran todo derecho que tiene el ser humano. Creemos en la libertad de trabajar donde queramos, decidir qué hacer con nuestro cuerpo y si determinamos utilizarlo como una herramienta de trabajo. No queremos que nos criminalicen por trabajar en la calle, por vender sexo, por ser rebeldes. Somos conscientes de lo que queremos, construir otra forma de organizarse. Ha sido difícil pero tenemos la convicción de que habrá un mundo mejor.

Durante muchos años nos acercamos al gobierno del Distrito Federal para solicitar que se nos reconociera como trabajadores no asalariados ya que el concepto que tiene el reglamento de no asalariados se aplica en nosotras: “Quien ofrece un servicio ocasional o casual con otra persona en la vía pública sin que exista una relación obrero-patronal será considerado como trabajador no asalariado”. El gobierno nos negó el reconocimiento como clase trabajadora. Empezamos a dignificar al trabajo y a nosotras mismas realizando talleres de prevención del VIH-SIDA, defensa de los derechos humanos, asesoría jurídica y capacitando a más compañeras como promotoras de salud.

Decidimos acudir a diferentes estados cuando las compañeras necesitaban solidaridad, apoyo y compañía cuando tenían problemas en su lugar de trabajo. Estar con ellas nos amplió el panorama de los problemas a los que se enfrentan. No es lo mismo trabajar en la calle que en zonas de tolerancia o en casas que son permitidas por los presidentes municipales y síndicos. Está más canijo en estos lugares porque no existe ninguna garantía a los derechos de salud y de la dignidad humana.

Ellas nos contaron sus problemas con la confianza que da el ser igual. Los mismos inconvenientes: extorsión, criminalización, explotación y despojo de las fuentes de trabajo. Nos convencimos que en cualquier parte del país es lo mismo, bueno quizá nosotras las del DF tenemos al alcance medios de comunicación, para denunciar lo que nos está pasando. Las compañeras de los demás estados son víctimas de la impunidad sin que nadie las apoye.

En los estados a las compañeras las amenaza la policía con quitarles a sus hijos, las obligan a hacerse la prueba del VIH-SIDA cada mes, incluso en algunos lugares cada dos semanas. Las mandan a laboratorios privados donde les cobran hasta 500 pesos. Aparte tienen que pagar 50 diarios por derecho de piso.

Una vez fuimos a apoyar a las compañeras de San Martín Texmelucan. Habían solicitado una reunión con el presidente municipal, autoridades del sector salud, y la Comisión de Derechos Humanos estatal, los cuales brillaron por su ausencia. Sólo llegaron las primeras damas del municipio, para cumplir con su función de guardias de las buenas costumbres y la moral. Fue una reunión estéril. Lo que nos ayudó un poco fue la presencia de los medios de comunicación que sacaron la nota desacreditando al gobierno municipal, pero sólo por venganza política del medio de comunicación contra el presidente municipal.

Conocimos los problemas que tienen otros sectores que no son tomados en cuenta. Campesinos, indígenas, vendedores ambulantes, obreros y trabajadores del campo y la ciudad. Nos dimos cuenta de que nos afectan las mismas cosas. Gracias a ellos aprendimos más, cómo conciben la dignidad y la resistencia, por ejemplo. Nos vimos a través de ellos y eso reforzó nuestra lucha. No éramos las únicas, ya no estábamos solas.

Cuando los legisladores federales como Rosi Orozco dieron a conocer la propuesta de ley para prevenir, erradicar y sancionar al trata de personas volvimos a tener represión y criminalización pero con mayor fuerza. La idea de que trabajo sexual es igual a trata provocó que muchas compañeras fueran detenidas y encarceladas. Los operativos se distinguen por ir a alguna calle que determinan antes y se llevan a todas. En la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal las aíslan y las van pasando una por una a una oficina. Ahí las amenazan con llevarlas al reclusorio si no señalan a alguna de ellas como su tratante.

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Algunas no se dejaron intimidar pero otras sí. Existen varias compañeras privadas de su libertad. Se empezó a promover la lucha contra la trata y muchos intelectuales opinaron desde su escritorio, incluso sacaron más de 200 libros en contra del trabajo sexual. Muchas feministas aseguraron que todas las trabajadoras sexuales son víctimas de trata y abuso. Al mismo tiempo crearon cientos de organizaciones fantasmas para ayudar a las supuestas afectadas con apoyo económico del gobierno y de organismos internacionales. Por lógica, se hizo un linchamiento nacional en contra de nosotras, pero la ayuda a las verdaderas víctimas nunca llegó.

Hace tiempo fuimos a una entrevista de radio y entre las invitadas estaba una feminista que dijo que ya se había acercado a algunos senadores de la comisión de trata para que le otorgaran recursos económicos y poder construir un refugio para bebés víctimas de trata, que ella sabía dónde estaban pero que más adelante lo daría a conocer. No dudo que existan niños menores de dos años abusados, pero hasta la fecha no he oído o visto su trabajo. De esta forma es como los supuestos activistas se convierten en vividores de una causa que en realidad no les importa y que desafortunadamente a nosotros sí nos afecta. Así pasó cuando el tema de moda fue la lucha contra el SIDA, muchas organizaciones surgieron sólo para vivir de los recursos destinados para mejorar la salud.

La mayoría de los medios de comunicación dedicaban una gran cobertura a la supuesta lucha contra la trata. Casi diario salía una nota sobre el tema, donde sacaban imágenes de trabajadoras sexuales detenidas en su esquina y dando por hecho que eran tratantes. Eso nos preocupó, vimos que lo que habíamos logrado estaba desapareciendo. Los medios nos buscaban sólo para opinar sobre trata y que les diéramos nombres y lugares donde ésta existía, pero las agresiones y delitos fabricados a muy pocos les importó. No sabíamos cómo hacer frente a esto pero afortunadamente ya habíamos conocido a una periodista con ética, comprometida con la verdad y su profesión.

Ella es Gloria Muñoz, le comentamos lo que nos preocupaba y lo que visualizábamos a corto tiempo. Ella en vez de prometernos una nota periodística propuso darnos un taller de periodismo. Que nosotras mismas fuéramos las que publicáramos nuestras propias notas y reportajes sin depender de los medios de información. Nos interesó el proyecto y fue así como nació el Taller de Periodismo Comunitario “Aquiles Baeza”, un órgano de penetración informativa. Periodismo realizado por trabajadoras sexuales para trabajadoras sexuales. Sin proponérnoslo, seguimos aprendiendo y así enriquecemos más al trabajo sexual.

Ahora varias de nosotras ya sabemos hacer una nota periodística, un reportaje, un artículo. Estamos en proceso de terminar y publicar un libro con varios testimonios de trabajadoras y trabajadores sexuales, mujeres y transgénero que nadie ha contado. Esto nos ha servido para hacer frente a las noticias malintencionadas, nuestro fin es informar a la sociedad, decirles quiénes somos, qué queremos, dónde estamos y cuáles son nuestras metas.

Hace más de dos años nos acercamos a la abogada Bárbara Zamora, del bufete jurídico “Tierra y Libertad”. Ella es otra compañera comprometida con las causas justas. Le pedimos asesoría, cómo podríamos defendernos jurídicamente. Nos comentó que podíamos volver a solicitar al gobierno que nos otorgara la credencial de trabajadores no asalariados. Una vez más recibimos la negativa del gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera y la abogada tramitó un amparo para más de 80 compañeras contra la respuesta negativa del gobierno del DF.

El gobierno respondió que no podían dar las credenciales porque en la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal vigente señala que “invitar o ejercer la prostitución” es una falta administrativa y que por lo tanto no cubríamos el perfil de no asalariados. Entonces solicitamos otro amparo ante el Poder Judicial de la Federación el 20 de agosto de 2012. Tardó más de dos años y medio para que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal declinara a nuestro favor. La juez primero de distrito, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, resolvió que somos personas con todos los derechos para ser consideradas como trabajadores no asalariados. Ordenó de una forma inmediata la expedición de las credenciales y la derogación del artículo 24, fracción séptima de la Ley de Justicia Cívica porque atenta contra nuestros derechos y criminaliza al trabajo sexual.

La juez consideró que las personas que nos dedicamos al sexo comercial estamos expuestas a la extorsión y la condena social y reafirmó lo que nosotras ya habíamos considerado: el derecho al trabajo donde queramos y la libertad de decidir qué hacer con nuestro cuerpo. El gobierno del DF no tuvo más opción que expedir las credenciales, aunque ya habían apelado contra la decisión de la juez, una acción jurídica que no está permitida por su carácter de irrevocable.

El pasado mes de marzo la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal nos entregó las credenciales. Los funcionarios aseguraron que era un acto de voluntad política del gobierno, que el jefe de gobierno estaba consciente de lo que solicitamos y que nunca tuvo algún inconveniente. Si eso fuera cierto no hubiéramos tenido la necesidad de recurrir a diferentes amparos.

Creo que es una batalla que ganamos al defender nuestros derechos. Ahora somos libres de ser y estar donde queramos. Fue una batalla contra la doble moral, la inconciencia de las autoridades, la manipulación de las leyes por un gobierno de supuesta izquierda. Tenemos derecho a organizarnos sin tener tatuada en la frente un color partidista. No pedimos nada a cambio, sólo el respeto a nuestra dignidad e integridad. Nosotras no fomentamos la trata de personas, la explotación sexual ni el trabajo sexual. Lo único que peleamos es que se garanticen los derechos de quienes hemos decidido voluntariamente trabajar en el sexo.

Queremos que esta decisión sea a nivel nacional e internacional. No podemos concebir un mundo tan desigual. El tener una credencial que nos acredita como trabajadores no asalariados no significa que todo está ganado. Nos falta luchar por el acceso a la salud, vivienda, justicia, educación y una vida libre de violencia.

Dedicamos nuestra lucha a las demás trabajadoras sexuales que a diario salen a trabajar para poder llevar una vida con menos necesidades y que se enfrentan constantemente a tantos obstáculos como la represión, explotación, discriminación y despojo.

Sabemos cuáles son las consecuencias de estar luchando pero seguimos firmes. Después de tantos años de pelear creo que ya estamos más fortalecidas. Ejercemos el trabajo sexual, vendemos sexo, pero eso no quiere decir que vendemos nuestra dignidad ni a nuestra gente. Somos dignas, aquí estamos y no nos vamos a ir. Al fin y al cabo, la calle es de quien la trabaja.

Krizna
Trabajadora sexual transgénero, periodista, activista y estudiante. Forma parte del taller de periodismo “Aquiles Baeza” de la Red Mexicana de Trabajo sexual.

2014 Septiembre, Expediente.