Controles sanitarios criminalizan a trabajadoras sexuales e impiden reconocimiento de sus derechos; activistas y expertos

Controles sanitarios criminalizan a trabajadoras sexuales e impiden reconocimiento de sus derechos; activistas y expertos

Celebran XXVII Encuentro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales
Presentan caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos contra administración de Felipe Calderón
Leonardo Bastida Aguilar
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=7550

México DF, agosto 04 de 2014.
Desde hace dos años, con el pretexto de los operativos contra la trata, en diferentes entidades de la República Mexicana, llegan personas de las áreas de control sanitario estatal y clausuran los hoteles o detiene a personas que ejercen el trabajo sexual con el pretexto de no cumplir con los controles sanitarios estipulados en las leyes, sin embargo, muchos de estos son arbitrarios y no son parte de una política integral para el cuidado de la salud de las y los trabajadores sexuales, señaló en entrevista Jaime Alberto Montejo, integrante de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez.

Consultado durante el XVII Encuentro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales, indicó que en Puebla, a las “chicas” se les pide entregar un papel que les otorgan en el Centro de Salud, cuyo contenido reporta que se les hicieron pruebas de VIH y papanicolau.

Sin embargo, agregó, llega personal de control sanitario y les rompen sus constancias bajo el argumento de que ya no quieren que estén allí porque fomentan la trata de personas.

Añadió que se ha visto en diferentes partes del país que el condón sirve a las autoridades como pruebas para detener a aquellas personas que ya saben que se dedican a la venta de sexo comercial y lo que buscan es encontrarles más de tres condones en sus bolsas para detenerlas.

Para el activista, es comprensible que haya quien piense que la única manera de detener el VIH/sida es mediante el control obligatorio, sin embargo, “lo que no entendemos es por que insisten en eso cuando ha habido suficientes pruebas en congresos nacionales e internacionales con médicos donde se las ha dicho que eso va contra la Norma Oficial Mexicana y la Ley Federal de Salud, tratados internacionales e incluso la Constitución y que los resultados no son nada alentadores”.

El también fundador de Brigada Callejera añadió que cuando “los expertos” preguntan que tiene de malo, la respuesta es fácil, “tiene de malo la denigración y que no cumple con una función de salud pública, además de que en muchos casos se cobra y se simula un verdadero control sanitario”.

Además, consideró que ha sido un pilar para violar derechos humanos, aunque, desafortunadamente, comentó, hay muchas personas trabajadores sexuales que lo aceptan porque es la única manera para que las y los dejen trabajar.

El director de Agencia Noticalle comentó que la situación se agrava si se toma en cuenta que a muchas trabajadoras y trabajadores sexuales ya no se les detiene por prostitución sino por atentados contras las buenas costumbres, o como mencionan en Tapachula, contra la paz social.

Por esta razón, consideró, se debe dar a las y los trabajadores sexuales otras opciones como en la Ciudad de México donde una licencia las y los reconoce como trabajadoras o trabajadores no asalariados, y de esta manera, pueden participar de manera voluntaria en programas de salud y de muchas otras índoles.

Es un trabajo

Durante su intervención en el XVII Encuentro de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales, la antropóloga Marta Lamas señalo que la obtención de credenciales como trabajadores no asalariados por parte de las y los trabajadores sexuales de la Ciudad de México es producto de un proceso que muestra la fuerza de la organización y la perseverancia.

Agregó que el trabajo sexual es un trabajo y por tanto genera derechos y obligaciones, además de que su reconocimiento ayuda a borrar el estigma en torno a dicho oficio.

Recalcó que una trabajadora sexual no es ni más ni menos que otra mujer sino que todas son iguales sin importar a lo que se dediquen.

Por su parte, el biólogo Oscar Chávez explicó que todas las trabas, el estigma y la discriminación que rodean al trabajo sexual provocan la clandestinidad del oficio y ésta permite que quienes lo ejercen sean víctimas de nuevos abusos.

Tribunal Permanente de los Pueblos

Debido al desprecio, la represión, la explotación y el despojo por parte de las autoridades, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006 – 2012), hacia las y los trabajadores sexuales, Brigada Callejera presentará este lunes el caso “Incitación al odio hacia las trabajadoras sexuales” en la Pre-Audiencia de Feminicidios y Violencia de Género, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.

En comunicado de prensa, Brigada Callejera y la Red Mexicana de Trabajo Sexual, señalaron que el desprecio hacia las trabajadoras sexuales, va desde la imposición discriminatoria del control sanitario recaudatorio del VIH/Sida, el cual no tiene utilidad alguna para la salud pública, pasando por la privación ilegal de la libertad, hasta el feminicidio, la represión policíaca hacia el ejercicio del comercio sexual en la vía pública o al margen del control sanitario y la explotación sexual por parte de particulares y funcionarios públicos.

Agregaron que durante el sexenio de Felipe Calderón el incremento sistemático de la violencia y el uso del terror fue una estrategia de control social y dominación de las trabajadoras sexuales y trans, además de una violencia institucionalizada a través de leyes, reglamentos y otros actos de autoridad que en el marco de la guerra contra el crimen organizado y de una cruzada contra la trata de persona motivó la violación de derechos humanos de víctimas de trata y trabajadoras sexuales que laboran por su cuenta.

Los ponentes consideran que el pasado sexenio se permitió reformar leyes y códigos civiles que quitan la patria potestad de sus hijos a madres prostitutas y que el Programa Nacional de Derechos Humanos y el Programa Nacional de Prevención y Combate a la Trata de Personas así como “Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos” incitan al odio hacia las trabajadoras sexuales.

Lo anterior, sostuvieron, se debe a que la extorsión policíaca que constituye una expresión delictiva de la explotación sexual, se permitió la aplicación de pruebas de detección de VIH/Sida, impuestas en leyes estatales de salud, reglamentos municipales sanitarios y bandos de policía y buen gobierno, que forman parte de controles sanitarios recaudatorios; hubo aplicación de multas excesivas, detenciones arbitrarias, revisiones vaginales, violaciones sexuales, hacinamiento y otros tratos denigrantes en toda la República; se utilizaron los condones como prueba indiciaria para establecer acusaciones por los delitos de lenocinio, trata de personas y delincuencia organizada.

Además, el caso refiere que hubo feminicidios de trabajadoras sexuales a lo largo y ancho de la República, en el marco de la cruzada nacional de Calderón contra la trata de personas y de la guerra contra el crimen organizado y ninguno se esclareció.

Agregaron que las leyes no han favorecido a las víctimas de trata pues en muchas ocasiones los sobrevivientes de trata de personas, se ven obligados a retornar al trabajo sexual ante la falta de oportunidades, a lo cual se añade que hay una revictimización de quienes han sido objeto de trata de personas en los rescates policiacos, en la procuración de justicia y en los servicios prestados a quienes fueron víctimas de este delito.