Cuestiona organización civil iniciativa de cobrar impuesto a trabajadoras sexuales en Morelia

Cuestiona organización civil iniciativa de cobrar impuesto a trabajadoras sexuales en Morelia

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Morelia institucionalizaría el proxenetismo al cobrarles impuestos a trabajadoras sexuales, señalan

http://red-crucero.com/2011/12/municipio-padrote-declaran-a-morelia-por-...

Redacción NotieSe
México DF, diciembre 28 de 2015.

Como una “institucionalización del proxenetismo” calificaron integrantes de la organización civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” la propuesta del ayuntamiento de Morelia, Michoacán de cobrar impuestos a trabajadoras sexuales de la vía pública.

Mediante un comunicado, la organización integrante de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres, señaló que la propuesta del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar incurre en el delito de explotación sexual contemplado en la Ley General de Trata de Personas que señala que quien obtenga un aprovechamiento económico de la prostitución incurre en dicho delito “con el agravante de tratarse de autoridades municipales y se consumaría como el principal padrote de Michoacán”.

También cuestionaron que el secretario del ayuntamiento de Morelia, Jesús Ávalos Plata, justificó esta medida al equiparar el “sexoservicio” con actividades de comercio en la vía pública y señala que esta medida busca inhibir la prostitución.

Para Brigada Callejera, la propuesta de los funcionarios no respeta el artículo 206 bis, fracción I del Código Penal Federal que sanciona a “toda persona que explote e cuerpo de otra personas por medio del comercio carnal y obtenga de él un lucro cualquiera”.

Además del artículo 13 de la Ley General de Trata que sanciona a quien se “beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución… O cualquier… actividad sexual remunerada, siempre que se utilice el engaño, la amenaza y otros medios comisivos”.

Asimismo, reiteraron que otra forma de beneficiarse de la prostitución ajena, equiparado en México con trata de personas, es cobrar la expedición de documentos de control sanitario y mandarlas a laboratorios particulares como ocurre en Huixtla y Tapachula, Chiapas o cobrar grandes multas por infringir los reglamentos de policía y buen gobierno.