El período presidencial del 2018 a 2024 para las trabajadoras sexuales en México

El período presidencial del 2018 a 2024 para las trabajadoras sexuales en México
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Aporte al boletín GAATW-REDLAC, Junio de 2018.

Por Jaime Montejo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones presidenciales en México y su partido
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), arrasó en casi todo el país. Sobre este
gobierno, hay muchas expectativas por parte de diferentes movimientos sociales, como el de las
trabajadoras sexuales.

¿Qué significa para el movimiento de trabajadoras sexuales, el nuevo gobierno mexicano?
Es de conocimiento público que «el ex alcalde de Nueva York fue contratado por López Obrador en
2002 como consultor en temas de seguridad pública. Versiones de la época señalan que Slim y
otros empresarios pusieron el dinero para pagarle», señaló Alejandro Ángeles en su nota «Cuando
Slim, Ebrard y AMLO pagaron 4.3 mdd a Giuliani».

En el 2003, Miguel Mondragón y Kalb, ahora invitado por AMLO a sumarse a su gabinete de
Seguridad Pública, guió a Giuliani en su visita al Distrito Federal y después implementó la mano
dura contra cualquier persona que se moviera en la calle para protestar o trabajar.

La Cero Tolerancia de Giuliani se aplicó no sólo a la delincuencia, sino también a vendedores
ambulantes, franeleros, artesanas y trabajadoras sexuales. Bajo ese criterio, también se
reprimieron marchas y protestas pacíficas y se encarceló a no pocos activistas sociales de esos
años por atreverse a cuestionar el status quo.

Hace 14 años, Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, "Elisa
Martínez", A.C. y Jaime Montejo, coordinador de comunicación y prensa de la organización, fueron
agredidos brutalmente por elementos de la policía capitalina, siendo jefe de gobierno AMLO y
secretario de seguridad pública Marcelo Ebrard, propuesto ahora como Canciller de la república,
que se caracterizaron entre otras cosas por reprimir violentamente a trabajadoras sexuales
durante sus respectivas gestiones.

Las agresiones contra activistas de la Brigada Callejera, se presentaron en un momento muy álgido
de la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales de la vía pública de la delegación
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, cuando la organización cuestionaba la administración del
delegado sustituto, Héctor Serrano Cortes, que luego fuera Secretario de Gobierno capitalino y
también al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del D.F.

Al respecto, Elvira y Jaime comentaron, cuatro años después de dicho atentado contra su
seguridad y sus propias vidas:

«Sabemos que toda acción directa contra la sociedad del poder, trae consecuencias y
consideramos que podríamos haber sido objeto de violencia policíaca como lo fuimos el 1 de
noviembre de 2003 cuando el Grupo Tigre de los Grupos Especiales de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal (SSPDF) a cargo del entonces Secretario Marcelo Ebrard (después
alcalde de la Ciudad de México), que dirigió operativos policíacos calificados como ilegales por la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), golpeó brutalmente a Elvira Madrid
y Jaime Montejo y privó ilegalmente de la libertad a este último y a un fotógrafo de las Naciones
Unidas, por querer dejar constancia de la actuación ilegal de dicho operativo, donde participaron
policías encapuchados, con patrullas y vehículos sin placas y sin números económicos para no ser
rastreados por la ciudadanía. Sobre este caso y 76 más, la CDHDF emitió la Recomendación 6/2004
a la SSPDF, que pese a su carga moral no llevó a nadie a proceso por privación ilegal de la libertad,
amenazas y violencia policíaca».

Esa Cero Tolerancia se tradujo en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, publicada en la
Gaceta Oficial del D.F. el 31 de mayo de 2004, que consagró la fracción VII del artículo 24 a las
trabajadoras sexuales y sus clientes; misma que la Sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la
Federación señaló como inconstitucional.

Dicha fracción señala que es una falta administrativa invitar a la prostitución o ejercerla, así como
solicitar dicho servicio.

Un año después se publica el Reglamento de dicha ley; cuando el movimiento de trabajadoras
sexuales abogaba por el reconocimiento como trabajadoras no asalariadas, salvó un grupo oficial
que empujó dicha reglamentación de dicha ley.

Producto de la Cero Tolerancia, sería encarcelada la presidenta de la cooperativa de trabajadoras
sexuales «Por mejores condiciones de salud» Bulmara Vilchis, quien luego fuera asesinada en un
penal, mientras que tres de sus compañeras perderían la vida en la calle, después del operativo
anti trata contra el Hotel Palacio.

Contar con la Sentencia 112/2013 del PJF, que obligó al gobierno de Miguel Ángel Mancera, ahora
senador electo a reconocer y acreditar a trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas
nos da una ventaja relativa en comparación con los años de esa Cero Tolerancia.

La Asamblea Legislativa del D.F., incumplió el mandato de la jueza Paula María García Villegas
Sánchez Cordero, de derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica. Dicha tarea
le corresponderá a la nueva Cámara de Diputados de la Ciudad de México; si es que no ignora el
caso nuevamente.

Otro reto es que la nueva Constitución de la Ciudad de México, da atribuciones a los 16 alcaldes a
fijar las zonas donde podrán laborar quienes trabajan de forma no asalariada; situación que puede
abrir la tentativa de instalar zonas de tolerancia en los lugares más oscuros y peligrosos de cada
alcaldía, donde la mirada del vecindario y transeúntes no se lastime al ver a personas ofreciendo
servicios sexuales en la calle.

Días antes de la elección presidencial, se inició una campaña de difamación contra José Alfonso
Suárez del Real, quien ha ocupado diversos cargos como servidor público y representante popular
de manera intachable.

En el marco de la campaña electoral pasada, Suárez del Real, fue acusado de trata de personas por
una «víctima de trata», aleccionada por una predicadora que promueve la «Cero Tolerancia»
contra ese delito, para que se apliquen penas sin proporcionalidad, que se condene por trata a
quienes no reúnen las tres condiciones que establece el Protocolo de Palermo, medios fines y
conductas, que se difame a quienes defiende a las trabajadoras sexuales y se les acuse de
beneficiarse de dicho delito.

Esa falsa acusación, abre la posibilidad de la descalificación «a priori» de quienes toman
decisiones y de quienes defienden a las trabajadoras sexuales.

¿Qué podemos esperar activistas de organizaciones defensoras de trabajadoras sexuales sobre
quienes recae la responsabilidad pública de impulsar sus demandas?

Encarcelamiento con pruebas sembradas, amenazas de muerte, asesinatos y desapariciones
forzadas, con todos los recursos que la Industria de la Fe y la Industria del Rescate, les puede
proveer.

Hacemos un llamado a que impere la Verdad y no la descalificación inmoral de quienes no
buscamos la abolición del comercio sexual.

En general, el nuevo gobierno encabezado por AMLO, deberían tomar en consideración las
Recomendaciones formuladas por el Informe México 2018 de la GAATW:

* Intensificar la prevención de la trata, en lugares donde desaparecen muchas mujeres jóvenes y
donde hay una alta tasa de feminicidios.

* Utilizar los indicadores de trata de personas desarrollados por Brigada Callejera para crear
conciencia sobre este delito.

* Mejorar la protección de las posibles víctimas de la trata, como las hijas e hijos de trabajadoras
sexuales, que son vulnerables al secuestro y abuso por parte de los cárteles de la droga.
* Incluir a las trabajadoras sexuales como un grupo especial que necesita protección en la alerta
de violencia de género contra las mujeres.

* Derogar la disposición de los Códigos Civiles y de Familia, que permite a los tribunales despojar a
trabajadores sexuales de la patria potestad de sus hijas e hijos menores de 12 años, ya que los
utilizan diferentes actores para explotarlas y extorsionarlas.

* Rechazar las propuestas legislativas que pretenden criminalizar el uso de los servicios de las
víctimas de la trata de personas (incluso sin saber que son víctimas), ya que esto en la práctica
criminalizaría a los clientes de todas las trabajadoras sexuales.