El talón en la frontera, entre la trata y la deportación

El talón en la frontera, entre la trata y la deportación
Fran Richart / Desinformémonos
9 noviembre 2015 1
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Montserrat tiene poco más de 25 años y el carmín de sus labios resalta como si las calles cementadas del centro de Tapachula estuvieran en blanco y negro. Ella es mexicana y lleva poco menos de una semana en esto de “trabajar en la calle”. Su novio la dejó tirada en la parada de combis con su hijo de 5 años y cuatro pesos en el bolsillo. Con los pocos días que lleva en las angostas y abarrotadas calles huacaleras, buscando algún cliente que le pague entre 100 y 150 pesos por unos minutos de sexo, asegura que ya ha oído de todo. “El otro día en la esquina había una plática que querían comprar a una niña pequeña, virgen”. Gracias a una de las veteranas que le ha ayudado a ganar un puesto en la esquina sin que la molesten otras compañeras, puede dejar a su hijo en el hotel con ella y trabajar para poder comer y ahorrar algo para dos billetes de autobús.

Ella forma parte del 25 por ciento de mujeres mexicanas que laboran en calles y cantinas de Tapachula como meseras, bailarinas o trabajadoras sexuales. El 75 por ciento restante, son hondureñas en mayor medida, guatemaltecas, salvadoreñas y nicaragüenses. La mayoría con hijos y sin permiso de residencia en México, según datos de Médicos del Mundo Francia.

Desde la implementación del Plan Frontera Sur en 2014, centrado especialmente en la intersección México-Guatemala, cuyo objetivo es supuestamente proteger a los migrantes, muchas de ellas han servido como cifras trofeo de las operaciones anti trata del Instituto Nacional de Migración, donde se las “rescata” de las redes de tratantes. “Cuando las detienen son deportadas a Guatemala, donde trabajar ahí está más peligroso y canijo y después pagan a la policía fronteriza y vuelven a entrar. Esto se va pareciendo a las maras, donde cada uno tiene su territorio”, dice Raquel, nicaragüense y bailarina, quien además conoce bien la realidad de sus compañeras ya que trabaja de promotora de salud en Tapachula.

La deportación o “retorno asistido”, según la nomenclatura del INM, es la nueva barrera que representa Frontera Sur, un programa creado para ser la frontera a la frontera con Estados Unidos. En los últimos seis meses, según datos del INM, han sido devueltos a sus países de origen unas 70 mil personas, de las cuales, 29,859 personas han sido desde Chiapas. Una quinta parte de ellos son menores. Estos últimos son los más afectados por las políticas migratorias, especialmente este año. Si en Estados Unidos se deportaron mil 300 niños al conocido Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) durante 2014, en México se devolvieron a 16 mil. En la República ya se está deteniendo a más migrantes que en Estados Unidos: del 1 de octubre de 2014 al 1 de junio de este año la Patrulla Fronteriza detuvo a 85 mil 131 migrantes ‘no mexicanos’ en la frontera sur de Estados Unidos, los cuales son en su mayoría centroamericanos. En el mismo periodo, el INM contabilizó 92 mil 889 eventos de detención de centroamericanos en México, todo ello según datos del último informe de Migration Policy Institute.

Ante esta tesitura, se da la posibilidad que la policía y los funcionarios de migración tengan el poder de decidir el destino de cualquier extranjero. Muchas veces es una mordida de 200 pesos la que les vuelve a dar paso, pero en el día a día, las extorsiones a las mujeres que trabajan en la calle son un impuesto difícil de asumir. Y es que, sí las redadas han saltado a la palestra mediática, también sus ejecutores. Tan solo en mayo de 2015, el director de la policía municipal de Tapachula, su ex director, el jefe de la policía fronteriza y varios agentes más, fueron señalados por sicarios de Los Zetas como sus protectores para realizar operaciones de tráfico de drogas y de personas.

Brigadeando

Son las dos de la mañana delante de la Taquería Madrigal en el centro de Tapachula. Un camión rojo de Médicos del Mundo aparca en un callejón, mientras que varias chicas y algún chico deciden acercarse para realizarse la prueba del VIH, y de paso, buscar unos cuantos condones de los que reparten. Junto con la Brigada Callejera, estas dos organizaciones son las únicas que realizan este servicio de acompañamiento en esta ciudad fronteriza de ceibas de casi 400 mil personas.

Sandra, trabajadora sexual y promotora de salud, se acerca a platicar y se sienta sobre la banqueta. Viene porque su pareja, Tomás, ha decidido hacerse las pruebas. Tienen un niño de dos años. Sandra es una oaxaqueña joven, que a pesar de su rostro y mirada, aparenta el doble de edad de la que tiene. Son unos minutos y oye gimotear a Tomás en los escasos 15 metros que le separan del vehículo de donde sale. “Lo tengo, lo tengo”. Se abrazan.

Ahora, el desafío de esta pareja será cuidarse y conseguir retrovirales genéricos que cada vez son más caros y difíciles de encontrar. Para muchas de ellas y ellos, ser seropositivos y estar relacionados con el trabajo sexual, es un doble estigma difícil de librar y que les deja en un situación de vulnerabilidad donde no hay políticas públicas que los apoyen.

Hace más de 25 años que Elvira Madrid y Jaime Montejo recorren las calles de las ciudades y comunidades mexicanas con el proyecto Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez. Entre halcones, policías con miradas furtivas y barras de cantinas, Elvira y Jaime realizan talleres sobre los peligros de las enfermedades de transmisión sexual y sobre la importancia del condón a las trabajadoras sexuales.

La política principal del gobierno de Chiapas para con las trabajadoras sexuales se basa en un control sanitario cada 15 días. Las mujeres que laboran en la calle y en cuarterías, – como se le conoce a las habitaciones donde mantienen relaciones con sus clientes-, deben realizarse la prueba del VIH cada tres meses y pagar entre 65 y 100 pesos por revisión cada dos semanas. La cartilla vale unos 360 pesos, y sin su sello reglamentario que demuestra que ha pasado la prueba rutinaria, se arriesgan a multas o que las persigan para no poder trabajar.

Las condiciones de vulnerabilidad como vivir con VIH y ejercer el trabajo sexual, en las personas, hace que en lo cotidiano se enfrenten a la discriminación, por parte de la población en general, en sus sitios de trabajo, con agresiones directas verbales y actos sociales de exclusión, como carteles en lugares públicos en rechazo a quienes ejercen el trabajo sexual por considerarlos transmisores inmediatos del VIH e ITS, lo que nos indica un serio desconocimiento sobre el tema así como la falta de sensibilización a la población en general.

Un sello muy caro

“De repente llegaron sin identificación, algunos con uniformes de federales, policía fronteriza, estatal y migración. Cayeron sobre las 22:20 de la noche y se llevaron a 12 chicas. Se llevaron hasta la que vendía los tamales”, explica una de las trabajadoras de Las Huacas, dizque zona de tolerancia, que ha sido machacada últimamente por los operativos antitrata.

Como explica Herminia, quien prefiere guardar su anonimato, muchas de ellas no regresaron y dejaron a sus hijos con mujeres mexicanas que les cobran unos 500 pesos semanales por cuidarlos. “Al volver muchas lo hacen endeudadas hasta las cejas y eso es un problema”. Para ella, el objetivo de estos operativos es acabar con los negocios nocturnos en Tapachula, que se calculan que son unos 180 en toda la ciudad.

“En Chiapas hay unas 126 mujeres acusadas de trata y donde se les ha violado el debido proceso legal”, dice Montejo, quien sostiene que detrás de las redadas y cierre de antros, se encuentra una guerra latente de empresas cerveceras que se disputan la plaza. “Corona no apoyó al gobernador Manuel Velasco, y muchos de los espacios que están clausurando con la excusa anti trata, son precisamente espacios con licencia de esta marca de cerveza”, remarca el sociólogo.

La realidad de las mujeres y hombres que trabajan en el comercio sexual en Tapachula se bate entre varias tangentes que trazan un mapa muy complejo. Primero, los padrotes y madrotas locales, que controlan tanto a chicas en la calle como en locales; las mafias y cárteles que se disputan el control de las rutas de droga y también del negocio de la trata. Y la policía, cuya tradición corrupta les ha dado margen para explotar y controlar el negocio sexual en la calle a su antojo, bajo la batuta del gobernador Manuel Velasco, quien se ha erigido “aliado contra la trata”.

Habría que preguntarle al gobernador de los 578 casos de rescates que anunció este año, cuantas y cuantos fueron deportados dejando a su suerte los hijos, familiares o trabajo. La respuesta es, que bajo la premisa que muchas de ellas están obligadas o forzadas a ello, se alimenta el tópico que el trabajo sexual es una prostitución legalizada, y lo que es peor, se usan todos los mecanismos del poder para victimizarlas y evitar que puedan trabajar.

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