En Tlapa, el Ayuntamiento es padrote

En Tlapa, el Ayuntamiento es padrote
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http://bajopalabra.com.mx, GUERRERO
Por Sergio Ferrer

| 13:07 // 30 julio, 2016

Tlapa, Guerrero.- A través de cobros forzosos y recibos para una supuesta revisión del sector Salud, las trabajadoras sexuales de este municipio son obligadas a pagarle al Ayuntamiento, a cargo del priista Jesús Noé Abundis García, a cambio de ningún apoyo médico, social ni sicológico.

“A unas chicas se las han llevado esposadas, acá llevo trabajando siete años y la situación no ha cambiado; luego nos hacen feo, nos sacan en el periódico como si fuéramos delincuentes, dejan a los de la prensa que nos tomen fotos en barandilla”, acusó Renata, trabajadora sexual habitante de Tlapa.

Ella explica, de esta forma, el trato denigrante que han ejercido durante años distintos funcionarios del Ayuntamiento cuando ordenan a policías arrestarlas por no estar al corriente con sus pagos a Tesorería.

El gobierno municipal cobra 80 pesos semanales a cada trabajadora sexual o bailarina que labora en las decenas de cervecerías o centros nocturnos que existen, sin brindar algún tipo de apoyo social, sicológico o médico.

Pese a ello, requieren el recibo del sector Salud por 75 pesos que pagan para acceder a una aparente revisión semanal.

Para representantes de la organización pionera en el acompañamiento con trabajadoras mujeres y mujeres trans, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, los cobros de servicio de control sanitario “son recaudatorios y expresan una situación de explotación sexual institucionalizada en el gobierno que les cobra; un gobierno padrote”.

En contraparte, en entrevista, el alcalde priísta Noé Abundis afirmó que se trata de una recaudación y no un cobro; afirmó que el recurso se utiliza para pláticas de orientación sexual para ellas y en general para jornadas de salud y gestiones para toda la población.

“El dinero se va a Tesorería municipal, nos coordinamos con la Secretaría de Salud”, explica.

Sin embargo, Emma, otra trabajadora sexual, señala:

“Es mucho lo que nos cobran, no nos alcanza; yo tengo un niño, pero hay chavas que tienen hasta dos, imagínate cada semana es un buen, luego una vez a una que tenía su recibo en el cuarto pero estaba ocupado no la esperaron y se la llevaron a la cárcel aunque sí había pagado”.

Un pequeñísimo papel de color con letras que menciona al Ayuntamiento, la Dirección de Reglamentos, el número de ficha y la fecha sin indicar el monto y el sello de Tesorería, es lo que les dan a las mujeres a cambio del pago obligatorio semanal.

Por parte de los Servicios Estatales de Salud de Guerrero, reciben un talón oficial más grande en el cual se anotan los lugares de trabajo de las mujeres, la cantidad que pagan y las letras DX: “sana”.

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Tomando en cuenta las cifras oficiales proporcionadas por el Ayuntamiento, éste cobra mensualmente a 169 mujeres un total de 54 mil 80 pesos, 648 mil 960 pesos al año.

“No, es menos, mucho menos; es el 10 por ciento de lo que dices”, negó el alcalde cuando se le comentó la cifra de mujeres a las que les piden el pago.

Ante esto, Brigada Callejera asegura que, “se requiere que las compañeras se organicen, que exijan que se les haga válido estudio de VIH y sífilis, que nosotros podríamos hacerles totalmente gratis; una idea es capacitar a promotoras de salud que aprendan a hacer las pruebas para que al menos esas no las tengan que pagar”.

Las cifras que el alcalde niega fueron obtenidas en la respuesta de Abel Román Ruíz, director de Reglamentos y Espectáculos del Ayuntamiento de Tlapa en el oficio DREP/0078/2016 a algunos cuestionamientos respecto a la situación de prostitución y trabajo sexual, solicitados a través del departamento de acceso a la información.

Aunque no acuden el mismo número semanalmente, se ha registrado en los últimos dos meses 169 “meretrices” contando con expediente personal de cada una de ellas, que acuden a realizarse revisión médica jueves y viernes para efecto de tener un control sanitario, posteriormente realizan el pago de una ficha de 80 pesos ingresado a la Tesorería.

La base para este cobro, según consta en el oficio, es el Artículo 151 del Bando de policía y buen gobierno:

“Es atribución del ayuntamiento prevenir, controlar y combatir la prostitución y adicción al alcoholismo, por parte de los habitantes y vecinos del municipio, medidas necesarias en auxilio de las autoridades sanitarias”.

Reglamentos respondió que habrá sanción para toda persona que ejerza este “oficio” -las comillas en este caso son de dicha dirección- la prostitución será sancionada conforme a las disposiciones del Bando y en caso de que su conducta constituya posible comisión de delito consignada ante MP, sin perjuicio de sanción administrativa, y se ordene su inscripción en el registro que determine la Ley Estatal de Salud, quedando sujeto a exámenes médicos correspondientes.

El Ayuntamiento señala que, para evitar la trata de personas, en sus funciones está “regular la actividad y estricto apego a derechos de “estas personas” coadyuvado con Secretaría de Salud Pública del Estado para la impartición de pláticas para evitar ETS, implementado inspecciones en establecimientos comerciales como centros nocturnos o cervecerías para evitar presencia de menores de edad en dichos lugares.

Este cobro lleva al menos tres administraciones, una priista, una petista y la última nuevamente priista; la situación está normalizada y es una entrada extra de ingresos para el Ayuntamiento.

“¿Cuales chingadas pláticas?, luego ni condones dan, una vez me dieron como cuatro, pero ¿cuáles atenciones?, mentirosos pues”, declaró anónimamente otra trabajadora sexual.

Existe, según estudios, una criminalización de la prostitución, al ejercicio de la sexualidad; muchas mujeres son jefas de familia, en el caso de las revisiones médicas varias trabajadoras señalaron que hay médicos que sólo las ven rápido o las tratan mal.

Pruebas como la del papanicolau u otras requieren tres días de abstención de relaciones sexuales, pero a ellas les resulta difícil cumplir con dichas formas.

En diversos recorridos realizados durante meses de investigación, se encontró, en diferentes fechas, los siguientes hechos:

– Hace cuatro años, un lugar en la colonia Aviación en el que atendían la venta de cervezas niñas cuyas edades eran de entre los 12 a 18 años.

– Este año, un caso de una joven de 16 años, madre soltera que comenzó por elección propia a trabajar después de que su pareja fue encarcelado por haber violado a una adolescente y su familia no le brindó apoyo.

En la mayoría de las cervecerías visitadas en las que se pudo conversar con mujeres comentaron que provienen de estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Chiapas, principalmente.

Las de Guerrero están por voluntad propia, ejerciendo el trabajo sexual como una manera en la que se ganan la vida y, muchas veces, mantienen a sus hijos o familias.

Algunos testimonios de escenarios violentos relatan:

– “Algunas personas no se asean, quieren forzarnos a tener relaciones sin condón”

– “Una vez un tipo me quiso matar, ya estaba en mi cuarto alistándome para dejar mi trabajo y se metió y me golpeó, me quería violar pero después cuando me opuse me comenzó a ahorcar; yo me defendí como fiera, era mi vida y me defendí”.

– Hace tres años, un periódico local reportó el asesinato de una mujer trabajadora sexual.

De la situación de trabajadoras sexuales en el país

Algunos datos del pre informe Anual 2015 del Observatorio Laboral de Trabajo Sexual en México, efectuado por Brigada Callejera, asociación civil con base en la Ciudad de México, a través de fuentes informativas como son diarios de circulación nacional, medios digitales y reportes de trabajadoras sexuales de varios estados de la república.

Ellos miden actos de represión de gobierno, empresarios y delincuencia organizada en contra de este gremio, discriminación, explotación laboral y simbólica de este sector, despojo, feminicidios conocidos y respuestas de las trabajadoras sexuales y trans.

Explican que un acto de represión puede ser producto de la discriminación de trabajadoras sexuales por no acatar las reglas del control sanitario, generalmente recaudatorio y van de la mano.

Un acto de explotación muy común es el cobro de altas multas o cuotas de extorsión policíaca o del crimen organizado, a trabajadoras sexuales por ofrecer sus servicios en la vía pública y va ligado a la falta de certeza y seguridad jurídica del trabajo sexual, producto de la discriminación.

Los feminicidios y crímenes de odio trans, son uno de los extremos de la discriminación. Un ejemplo de represión: Trabajadoras sexuales de Lerdo, Durango, se manifiestan en la calle por el hostigamiento de que son objeto por parte de policías municipales y estatales. Mujeres trans han sido detenidas porque no pueden andar vestidas de mujer.

Por no portar sus tarjetones sanitarios o no acreditar el cumplimiento del control sanitario, han sido detenidas trabajadoras sexuales en Oaxaca de Juárez; Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas; a mujeres trans en San Pedro, Coahuila; Culiacán, Sinaloa; Chihuahua capital; Lerdo, Durango, donde se incrementó el costo de las revisiones y exámenes clínicos; Aguascalientes capital; Camargo, Chihuahua; Fresnillo, Zacatecas; Cuauhtémoc, Chihuahua y Mazatlán, Sinaloa.

Pese a operativos municipales, estatales y federales, grupos de la delincuencia mantienen presencia en Guadalajara, Jalisco y uno de los sectores donde se encuentra enclavado es en el comercio sexual, denunciaron autoridades del ayuntamiento tapatío presidido por Enrique Alfaro, de Movimiento ciudadano.

En otro caso, policías municipales de El Parral, Chihuahua, exigen favores sexuales a trabajadoras sexuales para dejarlas trabajar.

El Colectivo feminista Cihuatlahtolli denunció que para el estado, la vida de las mujeres no es una prioridad, según señaló María de la Cruz Jaimes García, por la negación y renuencia a declarar la alerta de género en Veracruz por feminicidios de mujeres, que incluyen el de trabajadoras sexuales.

Amnistía Internacional, por su parte refirió que va a defender a las trabajadoras sexuales en todo el mundo en contra de la penalización de su oficio.

En Lerdo, Durango, trabajadoras sexuales se presentaron al ayuntamiento para inconformarse por el alto costo del tarjetón de salud, que se elevó de 130 pesos a 600 y porque los exámenes de VIH, VDRL, hepatitis C y exudado vaginal tienen que hacérselos en un solo laboratorio particular donde les cobran 340 pesos.

El control sanitario del VIH-SIDA en el trabajo sexual, además de ser discriminatorio e inconstitucional, no representa ningún beneficio a la salud pública, según la OMS, ONUSIDA, CENSIDA y la CNDH, entre otras instancias.

Sin embargo, muchos municipios y gobiernos estatales insisten en aplicar dicho sistema traído a México, que ya es obsoleto y sólo se presta para extorsionar a las trabajadoras sexuales y detenerlas.

En Monclova, Coahuila, el municipio señala que hay más de 300 trabajadoras sexuales fuera de control sanitario y que el registro les cuesta entre 80 y 100 pesos a cada una de ellas. En San Pedro, Coahuila, se incrementan inspecciones de trabajadoras sexuales para verificar permisos y remitir al juzgado cívico a quienes no cuenten con ellos.

En Delicias, Chihuahua, el ayuntamiento refiere que las adolescentes que ejercen la prostitución son un problema “porque lo hacen sin control sanitario”.

En la observación del rubro explotación, el ayuntamiento de Morelia, Michoacán propuso cobrarles impuestos a trabajadoras sexuales porque realizan comercio sexual en las calles, propuesta que institucionalizaría la explotación sexual en la administración municipal.

Al menos 250 trabajadoras sexuales de Chihuahua capital, pagan 25 pesos a la semana por la visita de control sanitario.

En Tijuana, Baja California, de 2012 a 2014, el ayuntamiento recaudó 5 millones de pesos por control sanitario de más de 3 mil trabajadoras sexuales y, con ese dinero, se patrocinó educación, deporte y turismo y no a quienes lo aportaron, situación que para algunos observadores equivale a explotación sexual institucionalizada.

De Feminicidios y otros abusos, uno de los hechos más graves ha sido la desaparición de 45 trabajadoras sexuales y trans en Tamaulipas.

En Reynosa, han sido desaparecidas 30 mujeres en los últimos 5 meses y en la zona metropolitana de Tampico, 15 trans, según denunciaron las organizaciones “comunidad lésbico gay” y “conexión joven” que señalan como sospechosos a agentes de seguridad pública.

En julio, se llevó a cabo el llamado “juicio del año” por trata de personas con fines sexuales, desapariciones y feminicidios de 11 mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se muestra la vinculación de policías municipales, estatales, federales, militares y miembros del crimen organizado.

Las mujeres fueron privadas de su libertad al descender del transporte público en calles aledañas a Francisco Javier Mina, por el mercado Reforma, a una calle de la catedral.

Algunas de las víctimas fueron asesinadas a sólo seis kilómetros de un campamento militar; las autoridades policiacas y militares (más de 10 mil efectivos) patrullaban la ciudad en el marco de la Operación Conjunta Chihuahua entre 2008 y 2011. Otras víctimas fueron trasladadas a los Estados Unidos.

En Cancún, Quintana Roo, en la súper manzana 66, es quemada otra casa de trabajadoras sexuales por negarse a pagar cuotas a sicarios del narcotráfico.

La dueña del bar El Cubetazo de Pinotepa Oaxaca, Flavia Gisela Méndez Baños fue ejecutada con impactos de bala al interior de su vehículo.

En Coronango Puebla, en un contenedor de basura de Avenida Central número 100, los restos de una trabajadora sexual NN, desnuda de 35 a 40 años fueron depositados.

Asesinatos de trabajadoras sexuales se han registrado en Mexicali, Chihuahua, Guadalajara, indica el informe.