Identificación de situaciones vulnerables a la Trata de personas en contextos de comercio sexual

Identificación de situaciones vulnerables a la Trata de personas en contextos de comercio sexual
-Material de discusión-

Por Elvira Madrid Romero, Jaime Montejo y Rosa Icela Madrid, de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”
México, 5 de marzo de 2014

“Hay una tenue línea entre trabajo sexual y trata de personas; así como entre una defensora de derechos humanos de trabajadoras sexuales y una madrota y/o tratante”, dicen algunos/as aliados/as de la causa de este sector social y también abolicionistas de la prostitución. Sin embargo, este planteamiento no aporta elementos para el discernimiento de las diferencias entre ambas situaciones.

Quién esto señala, no conoce cómo funciona el mundo del trabajo sexual o abandera causas con argumentos equivocados. Nosotros/as en Brigada Callejera, consideramos que no es así y que la diferencia entre una situación y otra, es notoria y marcada.

Basta preguntarle a un grupo de trabajadoras/es sexuales independientes de empresarios/as del sexo, representantes y funcionarios/as públicos para entender las diferencias que están presentes entre el trabajo sexual – su defensa y la trata de personas y sus falsas ambigüedades.

¿Porqué independientes? Porque en esos tres sectores sociales, es común que se explote la prostitución ajena y en algunos casos, que se vaya más allá, incluso a coadyuvar con la trata de personas.

Para hacer este ejercicio, tomamos como referencia a la “Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, mejor conocida como “Ley contra el lavado de dinero”, (la “LCLD”), publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de octubre de 2012, conocida como la ley anti-lavado de dinero.

Algunas actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero mencionadas en la ley citada, son la recepción de donativos, el uso de tarjetas de débito, la compra de cheques de viajero, el pago de servicios de construcción, que superen un determinado número de salarios mínimos, según la actividad clasificada como tal, cantidad que oscila entre 645, 806, 1605, 8035, 3210 y 4815 salarios.

No existe tal “línea tenue” entre trabajo sexual y trata de personas. Lo tenue está en las manifestaciones externas, que no alcanzamos a vislumbrar en las personas que hacen trabajo sexual, o en la falta de transparencia con la que actúan quienes dicen representar los intereses de las trabajadoras sexuales y lo que hacen en la práctica en no pocas ocasiones, es aprovecharse de ellas y servir de contención para quienes están presionadas, forzadas o que viven situaciones de servidumbre o esclavitud sexual.

También hemos escuchado el argumento que dice que si se legalizara la prostitución, padrotes y madrotas, serían empresarios/as como cualquier otros/as. Sólo que este planteamiento pasa por alto que en la actualidad muchos hombres y mujeres “emprendedores/as”, incluso de empresas muy importantes en la globalización de la economía, utilizan mano de obra esclava en prácticamente todos los sectores económicos y que el reconocimiento de los derechos laborales y las obligaciones patronales, no garantiza que todos/as los/las empresarios/as del sexo, estén en la mejor disposición de acatar las disposiciones del derecho laboral, hoy en día en franco retroceso; situación que estamos viendo en este momento cuando no pocas “representantes” y algunos hoteleros se oponen a que sus “mujeres” tramiten sus licencias como trabajadoras sexuales no asalariadas, dada la irregularidad en la que se encuentran algunas chicas que se dedican al comercio sexual.

Ahora, la vulnerabilidad de algunas situaciones presentadas, no equivale a un señalamiento de la existencia intrínseca de trata de personas. Algunas situaciones mostradas, revisten particular interés, tratándose de sexo comercial. Si estuviéramos hablando de trata laboral, es posible que ni siquiera serían tomadas en cuenta y es que las dudas y susceptibilidades levantadas en contextos de prostitución, aumentan por el influjo de la doble moral y del linchamiento mediático que se hace en torno al trabajo sexual, equiparado por algunas personas a trata de personas.

A continuación, una lista no exhaustiva de actividades vulnerables a la trata de personas, enunciadas por trabajadoras sexuales y sobrevivientes de Trata, así como periodistas comunitarias/os, promotoras/es de salud y derechos humanos, que en los últimos quince años han participado en la defensa del derecho a decidir de manera libre e informada, trabajar en el sexo o no hacerlo.

Actividad vulnerable a la trata de personas Actividad donde puede haber trata de personas

Cuotas gremiales de organizaciones legalmente constituidas, cuotas sindicales, gastos de representación y cooperación para defender sus derechos de manera mancomunada. Derecho de piso, extorsión, explotación sexual, pagar para poder trabajar y servidumbre sexual.

Representante de intereses comunes, coordinadora de acciones en favor común, líder reconocida – elegida por sus compañeras, vocera de un grupo, defensora de derechos humanos. Madrota, tratante, líder impuesta por gobierno, tratantes o sicarios del narco, carcelera de esclavas sexuales, custodia al servicio de esclavistas, “empresaria del sexo” o proxeneta.

Defensa de un territorio urbano en beneficio de un grupo que se ha ganado dicho espacio, al ofrecer garantías de convivencia armónica en la calle, en diálogos con vecinos y autoridades. Agandalle de la calle por particulares, que imponen su ley a las/los trabajadoras/es sexuales.

Presencia de seguridad pública en la calle o autodefensa contra criminales. Plantón policíaco ya sea para regentear el negocio del sexo o para inhibir su expresión y de paso extorsionar a trabajadoras y/o clientes. Vigilancia de las trabajadoras sexuales para que no se escapen, ni se queden sin pagar las cuotas respectivas por día y por cliente atendido, por parte de tratantes y explotadores/as

Trabajadoras sexuales, no llegan ni se van solas a casa, como una medida de auto-protección. Privación de la libertad de víctimas de Trata.

Después de regresar del hotel, la trabajadora sexual le entrega su dinero o una parte, a alguien para evitar ser robada. (...) Cada vez que una trabajadora sexual se ocupa, se acercan a una tercera persona para pagar las cuotas de extorsión o explotación sexual.

Todo el tiempo les hablan al celular, por su propia seguridad o por estar inmersa en redes sociales. Una expresión de violencia hacia víctimas de Trata que busca tenerlas bajo control absoluto.

Hay taxis o vehículos de confianza para que las trabajadoras sexuales se transporten seguras al hotel. Hay la imposición de vehículos como una medida adicional de despojo de los ingresos de las trabajadoras sexuales, equiparado con explotación sexual.

No hay una actividad positiva que incluya coches sin placa y vidrios polarizados; salvo la presencia de ministeriales que de manera ilegal hagan investigaciones sobre trata de personas. Coches sin placa y vidrios polarizados: Prácticamente garantizan la presencia de criminales y en este caso de tratantes y explotadores/as.

Documentos de identidad en apariencia “irregulares”, porque un coyote las tramitó en “forma más rápida” o por inconsistencias existentes en muchos municipios mexicanos. La presencia de documentos falsos puede indicar que hay trata de personas y que quien los porta puede estar reportada como “desaparecida”.

Ausencia de credencial del IFE o incluso no estar registrada la persona, como ocurre con mucha frecuencia en el campo mexicano o en sectores urbano populares marginados. Se puede tratar de una persona menor de 18 años, de alguien que está forzada o presionada a ejercer el comercio sexual.

Movilidad reducida de trabajadoras sexuales en aras de gobernabilidad en la calle y en el hotel. Movilidad coartada para facilitar la Trata y la explotación sexual, incluyendo la infantil y adolescente.

Las trabajadoras sexuales son golpeadas en la calle u hoteles por clientes abusivos, vecinos ojetes o autoridades, lo cuál un clima de violencia hacia la mujer que se dedica a dicha actividad y puede ser el preludio de otras formas de violación de los derechos humanos, incluido el feminicidio. Las “autoridades” del punto que se sienten dueñas de la calle y las personas, les maltratan para controlarlas e inhibir conatos de rebeldía.

El consentimiento informado es muy importante para reconocer una u otra situación.

Por otro lado, la falta de transparencia y de rendición de cuentas, producto de la falta de reconocimiento oficial de los derechos laborales y las obligaciones patronales y de u na cultura política mexicana contraria a dichos principios, hace que algunas actividades enlistadas arriba se vean como una actividad vulnerable a la trata de personas,, cuando a lo mejor sólo se trata de indicios de manejos inadecuados o de corrupción dentro de una supuesta estructura gremial de defensa del territorio y el trabajo sexual.

En ese sentido, las luchas gremiales de trabajadoras sexuales tienen las mismas debilidades o limitaciones que las luchas sindicales en México, que no rinden cuentas a nadie del manejo de las cuotas de sus agremiados/as. Así mismo, la existencia de “representantes” vitalicias que se han adueñado de la calle, como verdaderas/os empresarias/os en el comercio sexual, se asemejan a los cotos de poder en no pocas centrales obreras mexicanas.

Frente a la suspicacia que genera llevar el control de aportes solidarios para la defensa del territorio y los derechos humanos de trabajadoras/es sexuales, algunos grupos han optado por cancelar dicho derecho a financiar su lucha gestionando sus propios recursos con aportaciones de las/los integrantes de cada iniciativa.

Otros grupos han preferido abstenerse de llevar registro por tales ingresos, por temor a las acusaciones penales por lenocinio en el pasado y hoy, además por trata de personas y delitos relativos y públicamente niegan dichas aportaciones.

La presencia de plantones policíacos en puntos de encuentro de trabajadoras/es sexuales, generan dudas sobre el objetivo de la presencia de dichos servidores públicos. La realidad puede ser diferente en cada caso. Por mandato de sus jefes, acostumbran “inhibir el sexoservico” de esta forma y se termina en no pocos casos, extorsionando a clientes y a trabajadoras/es sexuales. Algunas veces están allí a petición de trabajadoras/es sexuales, por la inseguridad que se presenta en algunas zonas de la ciudad, en algunos momentos determinados. Otras veces su presencia garantiza condiciones óptimas para que la trata de personas, la explotación sexual, la extorsión y/o el cobro de piso, sean legitimadas.

El uso de taxis o vehículos especiales para trasladar trabajadoras sexuales a los hoteles donde ellas se “ocupan” con sus clientes, fue el producto originalmente de una medida de autodefensa, ante el robo, la privación de la libertad e incluso la violación sexual. Sólo que con el tiempo esta práctica devino en el monopolio unilateral del servicio de transporte para beneficiarse de un grupo reducido de “representantes”, que no siempre toman en consideración las opiniones de sus “agremiadas”, al considerarse dueñas de la calle y depositarias de una “propiedad” que les fue entregada en convenios verbales y luego en acuerdos escritos firmados con vecinos y autoridades delegacionales.

La presencia de coches sin placas o vehículos con vidrios polarizados, deja mucho que desear en el tema de la trata de personas, la explotación sexual y otros crímenes que se cometen al amparo del comercio sexual, ante la falta de una legislación clara sobre el trabajo sexual.

(Este texto se complementa con el protocolo presentado en el libro REFLEXIONES BÁSICAS SOBRE TRATA DE PERSONAS para la movilización comunitaria de trabajadoras sexuales ante todo tipo de explotación, páginas 221 a 234:

Versión digital: http://es.calameo.com/read/00013739457b877634f90