SEXOSERVICIO:¿CRIMEN O TRABAJO? (sobre el caso: Incitación al odio hacia las trabajadoras sexuales presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)

SEXOSERVICIO: ¿CRIMEN O TRABAJO?

MARÍA PAULA CASTAÑEDA, AGOSTO 6, 2014
Imagen de Noticias MVS
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Creo que nuestro cuerpo nos pertenece. Yo decido que quiero y donde trabajo.”

Afirma una de las trabajadoras sexuales de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer ‘Elisa Martínez’. Ella, acompañada de sus compañeros y compañeras presentaron sus testimonios en la pre-audiencia “Violencia de género y feminicidio” en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) el pasado 4 de agosto. Sus testimonios revelan dos vertientes al parecer antagónicas en la política pública sobre el trabajo sexual en México; la criminalización y la institucionalización del trabajo sexual.

Antes de aplicar ciertas preconcepciones que podríamos tener sobre el trabajo sexual y descalificar los testimonios de estas personas, les invito a reflexionar sobre lo que ellos y ellas relatan que está pasando actualmente con las y los trabajadoras sexuales en México.

Criminalización del Trabajo Sexual

Integrantes de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer ‘Elisa Martínez’, una asociación civil que lleva más de 20 años luchando por los derechos de las y los trabajadores sexuales, denunciaron en el TPP la violencia institucional sistemática en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual. Desde multas excesivas (no proporcionales al salario mínimo), control sanitario discriminatorio, extorsión y violencia policiaca, privación ilegal de la libertad, hasta asesinatos. Evidenciaron casos donde a las trabajadoras sexuales se les ha quitado la patria potestad de sus hijos e hijas. También demostraron cómo las personas migrantes y las personas trans que ejercen el trabajo sexual son más vulnerables a este tipo de violencia.

En la exposición de su caso, denunciaron un aumento extremo de la violencia e incitación al odio hacia los y las trabajadoras sexuales durante el sexenio de Felipe Calderón. Argumentan que la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, promulgada en 2007, no hace una diferencia entre trata de personas y trabajo sexual. En la práctica, durante los operativos en bares o centros nocturnos existen únicamente dos opciones: ser víctima o victimario del delito de trata de personas. La Ley no reconoce la opción de ser trabajadora sexual por su propia voluntad.

Una de las trabajadoras sexuales afirma que ellas no están fomentando que más personas entren al trabajo sexual, ni están fomentando la trata de personas. La realidad es que sí existen trabajadoras sexuales por su propia voluntad; “sólo queremos proteger nuestros derechos” enfatizan.

Un claro ejemplo de los efectos de la criminalización del trabajo sexual se relaciona con el reparto de condones. Trabajadoras sexuales relatan cómo “antes un condón te costaba 25 pesos. No se compraban, y nuestras compañeras se morían de SIDA. Llevamos más de 20 años repartiendo condones gratis”. Denuncian que los policías han tomado este reparto de condones gratis como evidencia de delincuencia organizada en los operativos contra trata de personas.

Institucionalización del Trabajo Sexual

La Constitución Política Mexicana no prohíbe la prostitución. Sin embargo, el artículo 24 en su fracción VII de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal establece como infracción administrativa el ejercicio del sexoservicio cuando exista una queja vecinal. Por esta razón, en marzo de 2013, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal negó la credencial de trabajadoras no asalariadas a las y los trabajadores sexuales.

En febrero del presente año, la Jueza federal Paula María García Villegas Sánchez Cordero, declaró la inconstitucionalidad de este artículo y amparó a las y los trabajadores sexuales, integrantes de la Brigada Callejera. Gracias a esta sentencia, las y los trabajadores sexuales tienen el derecho a ser reconocidas como trabajadores y trabajadoras no asalariadas con derechos sociales y laborales.

Al día de hoy el Gobierno del Distrito Federal ha entregado más de 50 credenciales a trabajadoras sexuales reconociéndolas cómo trabajadoras no asalariadas, tal como a los bolero/as, voceadore/as o vendedore/as ambulantes. La estigmatización de las y los trabajadores sexuales lleva a violaciones de sus derechos humanos, incluyendo derechos laborales y su derecho a la salud.

Según la Jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero,

La problemática que gira en torno a la prostitución es muchísimo más compleja que la simple calificación moral o descalificación simplista de ese oficio como un trabajo que no puede considerarse honesto, digno o socialmente útil.”

Con este estatus legal que brinda la credencial de trabajadoras no asalariadas, el Estado legitima que el trabajo sexual también es trabajo. En la preaudiencia del TPP, integrantes de Brigada Callejera incluso mencionaron la posibilidad de formar un sindicato de trabajadoras sexuales. Sin embargo, cómo bien lo mencionan ellas y ellos mismos, la entrega de las cuartillas apenas lleva algunos meses y todavía no se sabe completamente los efectos positivos o negativos sobre los derechos de las y los trabajadores sexuales.

Existen muchas divergencias en el debate en relación al trabajo sexual. Algunas de éstas son:

la relación entre prostitución, trabajo sexual y trata de personas
la diferencia entre victimización o decisión voluntaria de ejercer el trabajo sexual
la visión revisionista, reglamentarista o abolicionista sobre el trabajo sexual.
Aún dentro del movimiento de los derechos humanos de las mujeres, existen diversos puntos de vista.

Sin embargo, ¿alguna vez has escuchado a un o una trabajadora sexual contar sus experiencias, sus historias, sus puntos de vista?

En mi opinión, es el primer paso para poder entender y entrar al debate en torno al trabajo sexual. Si nunca escuchamos sus voces, sus testimonios, lo que ellas y ellos viven diario en las calles, sólo tenemos una visión sesgada de la realidad de las y los trabajadores sexuales.