“Sociología y movilización social por el reconocimiento laboral del trabajo sexual en México”
Elvira Madrid Romero, Jaime Montejo y Rosa Icela Madrid de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.
Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, octubre de 2016.
“Así como el sistema prostituye la vida, (vuelve cínica mercancía las relaciones cotidianas, científicas, políticas, sexuales, productivas), la prostitución lo rebasa y reivindica el amor, la aventura, la espontaneidad y lo sorpresivo. Empuja al hombre [y la mujer] contemporáneo[s] a reivindicar de una vez por todas, al placer no manipulado.”
Francisco Gómezjara
Este trabajo de reflexión producido en el marco del Seminario Itinerante sobre trabajo sexual en México “Francisco Gómezjara”, busca retomar los planteamientos que el sociólogo mencionado hiciera en su libro “Sociología de la Prostitución”, editado por Fontamara en México en 1978, a la luz de los sucesos actuales.
Nos situamos a partir del contexto de los individuos, hombres y mujeres, que ofrecen servicios sexuales para ganarse la vida que hemos conocido en los últimos 27 años y hablaremos desde una condición de clase diferente a la suya.
En esta ocasión hablaremos de la postura de Gómezjara sobre la investigación social de la prostitución; los planteamientos sobre despenalizar, sin institucionalizar ni reglamentos; la función social de la prostitución; una crítica a la condición social de la esposa y la prostituta; y finalmente, ¿qué hacer entonces en este momento?
Vamos por partes.
Presentación:
Retomar los enunciados de Francisco Gómezjara, a más de 30 años de leer sus planteamientos sobre la prostitución y descubrir su vigencia actual, nos da gusto a quienes trabajamos por el reconocimiento pleno de derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores sexuales, cualquiera que sea su orientación sexual, su sexo biológico, su identidad y expresión de género.
Sobre todo en estos momentos donde se nos intenta vender la idea de que todo es trata de personas al interior del comercio sexual y se hace hincapié en la responsabilidad del cliente sexual a este respecto.
Después de expedirse en el año 2012, la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos” (en adelante “ley general de trata”), el panorama era bastante difícil para las trabajadoras sexuales por las clausuras de innumerables establecimientos donde las autoridades presumían el ejercicio de la prostitución, por las detenciones arbitrarias de personal de dichos negocios a quienes se les sembraban pruebas y testimonios fraudulentos, por las deportaciones masivas de presuntas víctimas de trata en general, por toda la incertidumbre y falta de certeza jurídica adicional, que dicha norma jurídica estableció.
Fue hasta que un grupo de más de 100 trabajadoras sexuales y mujeres transgénero, invitadas por Brigada Callejera y representadas por el Bufete Tierra y Libertad; en un ejercicio de incidencia política exitosa, conquistamos la Sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación (PJF), que por primera vez en la historia de México, obligó a una autoridad, en este caso al Gobierno del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, a reconocer y acreditar a trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas, abriéndose una nueva oportunidad para las trabajadoras sexuales de toda la república.
Esta sentencia permitió a las y los constituyentes de la Ciudad de México, encabezados por la feminista Marta Lamas Encabo, incluir en el proyecto de Constitución Política de dicha entidad, la protección del trabajo sexual no asalariado en esta carta magna, donde se escuchan las demandas de las mujeres que se ampararon con el apoyo de la licenciada Bárbara Zamora y del abogado Santos García y donde también se expresa la voz de quienes buscamos una sociedad libre de represión sexual, en cualquiera de sus diferentes manifestaciones.
Dicha propuesta constitucional ha sido cuestionada por abolicionistas de la prostitución, desde un sector del feminismo, de los derechos humanos, de la prensa, del servicio público de carrera, de grupos católicos, cristianos y evangélicos, entre otros más.
La investigación social de la prostitución:
Gómezjara comenta que “la investigación en México sobrevive en el invernadero de los cubículos ascépticos y de espaldas a las incoherencias y vulgaridades de la vida cotidiana” (7) y nos indica que se debate entre el funcionalismo norteamericano y un neopositivismo que se hace pasar por materialismo dialéctico, teniendo como resultado “el desconocimiento de la realidad mexicana” (8).
El autor refiere que “¿Para qué analizar por ejemplo la prostitución, si ya los códigos penales y los cuadros clínicos se refieren a ella como un comportamiento desviado nacido de ciertos trastornos patológicos?” (8). También hace una crítica a “los científicos sociales candorosos mecanicistas (que) consideran la prostitución como simple reflejo de los bajos salarios y la insalubre habitación” (8).
Considera que “Para unos y otros la represión sexual no existe” y para él, es una de las claves para entender el comercio sexual en una de sus funciones menos estudiada, como es, ser una válvula de escape de dicha energía sexual que necesita fluir para que los individuos que lo requieran, sigan con sus vidas y no se afecte el funcionamiento de la sociedad.
Dicha represión sexual va de la mano de la miseria sexual que necesariamente conlleva: Mujeres que nunca han tenido un orgasmo en toda su vida, eyaculadores precoces, embarazos no planeados, abortos inseguros, vida sexual culposa, servidumbre sexual dentro del matrimonio y en el trabajo sexual, violación sexual, pederastía clerical, censura a contenido de libros de texto gratuitos, manifestaciones contra el derecho a decidir continuar un embarazo, o contra leyes que garanticen el matrimonio igualitario, entre otras expresiones.
Numerosos estudios que plantean la abolición de la prostitución, la criminalización del cliente sexual, la caracterización del individuo que ejerce el comercio sexual como proclive a la delincuencia, al pecado, al libertinaje o a transmitir a su clientela sexual infecciones sexuales, se pueden considerar planteamientos de corte funcionalista, con enfoques criminológicos, psicológicos y epidemiológicos.
En palabras de Gómezjara, “El estigma contra la mujer también se orienta a señalarla como síntesis de los delitos, origen del pecado o fuente de las enfermedades venéreas, concepción que se recrudece con las prostitutas.” (46)
Investigaciones que señalan a las trabajadoras sexuales como víctimas del patriarcado o del sistema económico capitalista, que reducen las causas de la prostitución a sólo necesidades económicas, falta de empleo y desigualdad entre los géneros, con perspectivas sociológicas, antropológicas o periodísticas, caricaturizan el materialismo histórico y poco aportan a la discusión teórica sobre el sexo comercial.
Plantear que toda la prostitución es trata de personas, o que entre individuos con mayoría de edad, la trata de personas es una ficción, caricaturizan las múltiples situaciones que se presentan en el comercio sexual público y en la práctica, representan la fetichización de la propaganda o hacer creer a los demás que un lema de campaña publicitario es verdadero, porque se repite múltiples veces; sin importar la existencia de evidencias contrarias a nuestras tesis planteadas.
Tendremos que empezar a distinguir entre quienes hacen propaganda ideológica sin sustento empírico, quienes plantean datos y no profundizan en la realidad y quienes desde la posición teórica que sea, develan las contradicciones de la prostitución y no imponen soluciones a trabajadoras sexuales o mujeres en situación de prostitución, según el enfoque de que se trate.
Considera que uno de los retos de la investigación comprometida con el cambio social, es contar con una metodología científica, que cuestione conceptos, prejuicios y categorías dadas por verdaderas y la recolección empírica de la información. (9)
El autor nos indica que el modelo metodológico utilizado en las investigaciones sobre aspectos relativos al comercio sexual, comprende “una visión global, contradictoria y en movimiento de la prostitución, estructurado a través de una serie de redes interconectadas”. (10)
Esto implica cuestionar planteamientos de todo tipo, buscar evidencias y contextualizar cada descubrimiento para que las apariencias no nos engañen. Por ello planea que “la tarea del científico social es pasar por el tamiz de la crítica los conceptos y categorías que utiliza; encontrar sus raíces y significados”. (13)
Es un llamado hoy en día a cuestionar las estrategias anti-trata que deberían reflejar situaciones concretas y responder a ellas y no como ocurre actualmente, que se plantea “una solución global”, que puede resultar insostenible en todas las circunstancias, como lo señala la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, GAATW, por sus siglas en inglés, organización multi-regional de la cual forma parte la Brigada Callejera.
Considera que uno de las exigencias de quienes investigan este fenómeno social, es la despenalización del ejercicio de la prostitución, “para considerarla una profesión igual o equivalente a las demás actividades no estigmatizadas, perseguidas o devaluadas en la sociedad”. (10)
Por otro lado, critica “calificativos cargados de valores morales burgueses como sinónimo de prostitución” (11), como la alusión a las bajas pasiones, perversiones o referencias de las trabajadoras sexuales como mujeres de mala nota. Hoy, dos calificativos de este tipo imperan en el discurso dominante de la trata de personas: la calificación de todas las trabajadoras sexuales como víctimas de trata y la caracterización del cliente sexual como depredador, violador y delincuente, responsable además de la trata de personas, que no rebasan a los estigmas plateados por el cine mexicano en 1934 en la película “Una mujer en venta”, dirigida por Chano Urrieta. (53)
En el marco de la lucha internacional contra la trata de personas, se busca penalizar al cliente sexual y no tocar a las “mujeres en situación de prostitución”. Sin embargo, en la práctica se convierte a las trabajadoras sexuales en “cómplices del delito”, aunque no toquen la cárcel y esto tiene una fuerza simbólica impresionante porque traslada a la supuesta víctima de la prostitución, el estigma de “delincuente” y la hace responsable de dicha conducta criminal violatoria de la dignidad humana, promoviendo un sentimiento de culpa por no delatar a sus clientes.
Así mismo, retoma planteamientos de Irving I. Horowitz y enfatiza que “la idea de que la prostitución es mala, sólo puede decirse con vergüenza” (12); y formula que “la maldad humana, es a fin de cuentas, la organización social construida por los hombres en un momento determinado” (12) y utiliza la palabra hombres sin enfoque de género, aludiendo a varones y mujeres indistintamente.
Cuestiona la falta de ética de “sociólogos aventurados a recoger datos “in situ” en el papel de clientes; por respuesta reciben el estereotipo impuesto y asimilado por la prostituta y quien sabe que los clientes al asistir los hacen porque necesitan reforzar su ego, su machismo, su paternalismo, escuchando historias desgarradoras que ellos con su presencia y apoyo, mitigarán”. (191)
Desde la investigación social, reforzamos las relaciones mercantiles del mercado sexual público, con independencia de que postulemos la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, la abolición de la prostitución o que nos valga un carajo cualquiera de las dos posturas dominantes sobre el tema.
Esto ocurre por ejemplo cuando compramos la fidelidad de una trabajadora sexual, gratificando su participación en una investigación y en la práctica la inducimos por ejemplo a que nos diga qué compañera vive con vih para que nos lleve con ella, sin importar el efecto represivo que mencionar este tipo de casos pueda ocasionar sobre todas sus compañeras.
Otro ejemplo es cuando una pareja de reporteros blancos ojiazules converzan con mujeres migrantes que trabajan en bares, invaden su intimidad, se congracian con ellas, explotan el racismo que les privilegia por su color de piel y luego publican fotos de sus hijas menores de 12 años en periódicos internacionales; actuando con el engaño con el que interactúan algunos clientes vivaces, que buscan sacar provecho no acordado de las trabajadoras sexuales a quienes contrataron verbalmente.
Por ello Gómezjara refiere que “en la relación entrevistador autoritario y entrevistado cautivo” (191), se reproducen relaciones de dominación donde se instrumentaliza al “sujeto prostituido” como lo hacen clientes sexuales, patrones de la industria sexual y autoridades.
Despenalizar, sin institucionalizar ni reglamentar:
Insiste en el hecho de que la lucha por despenalizar la prostitución desde su particular enfoque anticapitalista, no busca institucionalizar dicha práctica social (29); sino que forma parte de una estrategia más amplia que busca abolir la represión sexual en nuestra sociedad y que plantea “luchar por la libertad de elección sexual sin tutelas estatales – eclasiales – empresariales” (222).
Por un lado, quienes trabajan en el sexo deben a su juico “movilizarse para ejercer su propio derecho” (10) y por otro; “sacar a la prostitución de la semiclandestinidad explotadora a los sectores de las prostitutas(os), no es sólo una acción de legítima defensa de la sociedad civil y otros sectores, sino que en la hora presente vendría a oxigenar la enrarecida atmósfera que la crisis impregna al país entero.” (10)
Gómezjara nos dice que “reconocer la profesión de la sexualidad… no es un problema de legislación, ni de autocontrol personal, es un aspecto de recuperación de la vida comunitaria autónoma, autogestionada, solidaria e instituyente”. (213)
Por otro lado considera que “la libertad ocupacional lleva implícito la posibilidad de abandonar esta ocupación” (222), impidiendo la posibilidad de que la prostitución forzada se reinstale impunemente después de la legalización.
Habló de reconocer pequeñas y grandes empresas comercializadoras de sexo, así como sindicatos y cooperativas (222), como ocurre en cualquier sector empresarial. Por ello la Brigada Callejera ha promovido la organización cooperativista de trabajadoras sexuales desde hace más de 20 años para que defiendan su derecho al trabajo y a una vida digna y después para que cuando el marco jurídico lo permitiera, organizaran de esa forma el trabajo sexual, sin producirle plusvalía a ninguna empresa o persona física.
En ese sentido, trabajar por el reconocimiento pleno de los matrimonios igualitarios, el acceso a abortos seguros, la adopción en parejas del mismo sexo, educación sexual científica desde la primera infancia y disponibilidad de métodos anticonceptivos en edades de inicio de la vida sexual activa, el reconocimiento de la identidad de género de personas transgénero y la subrogación de vientres, entre otras más; forma parte de esa estrategia de autodefensa ante la represión sexual, que dicho sea de paso representa cuantiosos negocios en la industria de la Fe y del sexo, respectivamente.
Apostarle a la despenalización de la prostitución, implica cuestionar a la institución social de la que es un soporte histórico. En sus palabras, la primera “funciona como complemento y punto de apoyo de la familia monogámica, quien reprime y deforma la actividad sexual y la relación entre otros individuos, como columna vertebral que es de la sociedad clasista – autoritaria actual”. (39)
Las estadísticas que cita donde el 80% de los clientes son casados, es similar a las obtenidas por nuestra organización en la Ciudad de México, Morelos, estado de México, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y el Soconusco en Chiapas, entre otros lugares.
Ahora, independientemente del cuestionamiento que hagamos al maridaje entre prostitución y matrimonio monogámico heterosexual, “el ejercicio de la prostitución pareciera que depende de la autorización estatal (y) por ese camino se corre el riesgo de llagar a solicitar una reglamentación” (212), que incluya control sanitario y zonas de tolerancia; que si bien es cierto hoy en día representan una oportunidad de trabajar en el sexo, las condiciones no dejan de ser estigmatizantes y monopólicas.
Dicho sea de paso, el control sanitario del vih y otras infecciones de transmisión sexual entre trabajadoras sexuales, es inconstitucional, no aporta protección a la salud pública, genera una falsa seguridad entre clientes y prestadoras de servicios sexuales y facilita la extorsión, el abuso, la explotación sexual y la trata de personas por parte de inspectores de salud, médicos encargados de dicho control, jueces cívicos y gendarmes que conforman a una verdadera policía sanitaria donde participan servidores/as públicos/as de diferentes instituciones.
O al contrario, en lugar de la reglamentación podemos llegar, “a solicitar abolir tales reglamentos hasta legar a prohibirle” (212). Por ello la necesidad de sumar fuerzas y consolidar juicios de amparo que reproduzcan la Sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación, ya referida antes en este documento.
Cinco sentencias más y la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalará que es inconstitucional prohibir el ejercicio de la prostitución, comercio sexual, sexoservicio o trabajo sexual en toda la república.
Gómezjara, denuncia que la legislación penal, en el caso de delitos como el lenocinio que dicho sea de paso penaliza cualquier intento de organización mercantil de la prostitución, sin tomar en cuenta el consentimiento de las trabajadoras sexuales, “típicamente abolicionista” (59), “se convierte en fórmulas moralistas, orientadas a reforzar los valores represivos sobre la familia, el sexo y las relaciones sociales”.
A partir de estas “redadas de abastecimiento de indeseables, se erige el sistema carcelario, cuya función principal es fabricar delincuentes” (59), como lo atestiguan expedientes judiciales de trata de personas a los que hemos tenido acceso de casos presentados en Hidalgo, Ciudad de México, Jalisco y Chiapas de procuradurías estatales y de la PGR.
Sistema carcelario que hoy en día es toda una industria pujante que privatiza cárceles, cuyas ganancias aumentan cuando se penalizan más conductas humanas, como lo señaló recientemente Elizabeth Bernstein hace tres años en un foro sobre trata de personas de la UNAM. Un giro carcelario de la política neoliberal, beneficiada por los planteamientos anti-trata del feminismo abolicionista de la prostitución.
Función social de la prostitución:
Nos llama a “buscar el papel de la prostitución dentro de una sociedad injusta e irracionalmente constituida y evidenciar cómo aquélla se desarrolla como un motor más de la organización y la crisis social existente… desde una perspectiva clasista, histórica e inmersa en el todo social”. (12)
Plantea que el trabajo sexual “sirve de medio de vida” (212), como lo atestiguan infinidad de testimonios periodísticos sobre el tema.
Establece que “preserva a la mujer de gran potencial reproductor para las guerra, fábricas, colonización” (203); y por otro lado “mantiene la imagen de mujer fiel y monogámica sin relaciones sexuales pre ni extra-matrimoniales” (213) y es un espacio de “inicio sexual”. (213)
Considera que las trabajadoras/es sexuales como sujetos marginados, “no sirven directamente a la producción, es cierto, pero tienen otras funciones complementarias secundarias de reserva para la sociedad global, y por eso permanecen dentro de ella, aunque en la periferia”. (16)
Una de esas funciones es darle rienda suelta a la represión sexual de muchos hombres, que dicho sea de paso regresarán con sus esposas y mantendrán esa relación monogámica heterosexual “oxigenada”, después de cada encuentro sexual pagado, manteniendo vigente a la sagrada institución del matrimonio no igualitario. (202)
A decir de Gómezjara, si dichas emociones e inhibiciones cotidianas no fueran saciadas o disminuidas, “el ciudadano difícilmente soportaría el orden social prevaleciente.” (198) Esto significa que, “si la prostitución apuntala a la familia, ésta, sostiene al sistema social” (203)
Otra función ha sido generar cuantiosas fortunas que hoy son “respetables” (17), que al amparo de la comercialización de la cerveza en zonas de tolerancia donde se ejercía y ejerce el comercio sexual, ahora se nos muestran como hoteles de 5 estrellas, inmobiliarias y panificadoras donde industriales de Provida engrosaron sus fortunas al amparo de la prostitución forzada e infantil entre los años 50ss y 70ss,al prohibir la venta de pulque en dichos negocios, al financiar la infraestructura y monopolizar durante 99 años prorrogables, las licencias de funcionamiento en manos de alguna cervecera prestigiosa.
Crítica a la condición social de la esposa y de la prostituta:
Considera, al igual que muchas feministas y activistas pro derechos humanos, que “la mujer está reducida a la servidumbre sexual del marido actual o futuro” (72) y que “la erección de la familia monogámica se realiza a costa de la enajenación de la mujer, de su reducción a cumplir funciones sexuales complementarias: servidumbre hogareña, secretaria, objeto de lujo y exhibición del hombre.” (63)
Por otro lado comenta que dicha servidumbre sexual, también es compartida por muchas trabajadoras sexuales que siguen viviendo en condiciones como las planteadas por las Poquianchis, donde la esclavitud, la servidumbre, los crímenes de odio y la desaparición de mujeres de diferentes edades, forman parte del acontecer cotidiano.
Considera que es una actividad histórica y organizada (27) que comercializa sexo (199) por lo general sin afecto, en la que participan empresarios, clientes y trabajadoras sexuales; que aparece cuando lo hacen la familia, el Estado y la propiedad privada, donde “el sujeto prostituido juega el papel de explotado (de manera) económica y psico-biológica y el cliente (la función) de explotador; porque utiliza, cosifica a (dicho sujeto)”. (38) Sin embargo, no se estigmatiza al cliente. (73)
Considera que “la prostitución es recreada bajo la sociedad industrial como una mercancía más en circulación.” (207)
Señala que es una actividad desempeñada por dos fracciones de clase del proletariado y de la burguesía (el lumpen y la pequeña burguesía) (39), “cuyos papeles sociales son públicamente menospreciados aunque tolerados por el sistema”. (46)
Así mismo califica como prostitutas a las amantes “al servicio de la clase dirigente y a las cuales ni persigue la policía ni se les ve de menos en el ambiente político, social y artístico de la sociedad moderna”, (81) ya que no están inscritas en ningún padrón sanitario ni consignadas a zonas de tolerancia como las trabajadoras sexuales pobres.
Fue el investigador social que patentó la categoría “sexoservicio” y “sexoservidoras”, con la intención de remarcar el carácter manual de dicha profesión prestadora de servicios sexuales. Sin embargo en la práctica dicha forma de nombrar a las trabajadoras sexuales denota servidumbre sexual y desliga a las y los sujetos sociales nombrados de su condición laboral de trabajadoras.
Habla de las trabajadoras sexuales como prestadoras de servicios (189), sujetos prostituidos (38), (sujetos que) venden su cuerpo (28), víctima de explotación (190), vendedora y mercancía (198), terapeuta sexual (198), prostitutas y por supuesto trabajadoras sexuales.
Plantea que la prostitución comercializa sexo a través de un proceso de “des-erotización productivista, eficientista y consumista de la sociedad post-industrial” (199); que “deshumaniza y cosifica la más humana de las relaciones” (198).
También considera que la prostitución “es el largo camino de la expropiación del cuerpo, mente, deseos, manías y sexo llevada a cabo por el poder sobre el hombre” (209) y las mujeres; y a pesar de ello, “es un espacio para la aventura, el encuentro y el desencuentro futuro, la seducción y el soñar despiertos. Ir con las prostitutas(os) representa una ruptura con el orden productivo y una explosión de deseos, gestos, usos del cuerpo e intrusión de los sueños que dejan de estar reprimidos” (210).
Situación contradictoria como muchas otras que tienen que ver con el sexo comercial.
Concluye que “si bien la mercantilización del sexo se ha propiciado, éste desborda éstos límites y se escapa de las manos del Estado”, lo cual le da un carácter de peligrosidad social y de inminente fuente subversiva. (210)
En otras palabras, la prostitución es producto del patriarcado y del mercantilismo; pero no necesariamente esos dos órdenes le controlan de manera total y fehaciente a todas y todos sus practicantes.
Para Gómezjara, “la prostitución… tal vez también (sea) plataforma para el relanzamiento dionisiaco (sensual y placentero), anárquico y caótico de la plenitud y la libertad. Donde la única ley social, sentido histórico y revelación divina, sea que cada quien viva su vida.” (212)
Allí estriba el carácter subversivo que el Estado pretende doblegar con el control sanitario, la instalación de zonas de tolerancia donde nadie se percate de su existencia en la vida cotidiana y la ausencia de reconocimiento de prerrogativas laborales.
Por nuestra parte consideramos que el enfoque abolicionista de la prostitución y la perspectiva pro-derechos de las trabajadoras sexuales, se complementan y forman parte de una misma realidad compleja y contradictoria.
Realidad que nos obliga a buscar certeza y seguridad jurídica para las trabajadoras sexuales y terceros involucrados, donde se garantice la libertad de elegir cobrar o no por tener relaciones sexuales a personas adultas que así lo deseen, con la decisión libre de su voluntad.
¿Qué hacer entonces en este momento?
Al respecto tenemos las siguientes propuestas:
1.- Reconocer con claridad y sin verdades a medias, cuáles son las condiciones en las que se ejerce el trabajo sexual en cada localidad o espacio donde haya organización o el interés de alguien en hacerlo con otras trabajadoras sexuales, como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
2.- Entender cómo las políticas judiciales y policiales contra la trata de personas, han afectado la autonomía de las trabajadoras sexuales y la protección de la salud al utilizarse los condones como prueba para fincar los delitos de lenocinio y de trata de personas.
Al respecto debemos hacernos algunas preguntas:
¿Cuántos negocios han sido clausurados desde la expedición de la ley general de trata de personas? ¿En cuántos casos se utilizaron condones para fincar trata de personas? ¿Cuántas mujeres migrantes están presas acusadas de trata de personas? ¿Cuántas migrantes fueron deportadas en esos operativos? ¿En cuántos de estos operativos se falsearon declaraciones? ¿Quiénes azuzaron a las autoridades a emprender dicha cruzada contra el comercio sexual? ¿Qué papel jugó la prensa en ese momento?, entre otras preguntas más.
3.- Demostrar a tomadoras/es de decisión, cómo la organización autónoma de trabajadoras sexuales, limita, impide o combate la trata de personas, sin que para ello tenga que hacerse uso de operativos policiacos en la mayoría de las ocasiones.
4.- Documentar y difundir las agresiones hacia las trabajadoras/es sexuales y acompañantes solidarios/as como lo hemos hecho en el Observatorio Laboral del Trabajo Sexual en México entre 2005 y 2015, como lo atestigua el libro conmemorativo de esos diez años de esta iniciativa periodística.
En ese sentido, Francisco Gómezjara cita la lucha de trabajadoras sexuales francesas que “toman iglesias (en la ciudad de Lyon) en 1975, previa organización clandestina en protesta contra asesinatos y torturas… y denuncian maridaje del Estado – policía – explotación”. (28)
Francisco rescata la participación decisiva de trabajadoras sexuales del Puerto de Veracruz en 1922 en el movimiento inquilinario, iniciado por ellas con la huelga de “colchones caídos” y sus letreros de “estoy en huelga, no pago renta”. (35)
Gómezjara recuerda por escrito la propuesta de sindicalización de prostitutas de Irene Vergara de 1978, (36), sólo posible después de la Sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación, 35 años después de formulada esa iniciativa.
Francisco Gómezjara plantea el testimonio de una entrevista suya a trabajadoras sexuales del Grupo Coyote norteamericano, que logró la legalización de derechos laborales y obligaciones patronales en el estado de Nevada en 1977 y que después de una lucha enconada, pasan a ser igual de explotadoras que el resto de la clase trabajadora, en el marco que el derecho laboral establece en esa entidad norteamericana. (30 – 33)
5.- Medir las fuerzas con las que se cuentan, las y los aliados, la capacidad de movilizarse en defensa de sus derechos y de hacer cubrir dichas acciones por la prensa.
6.- Capacitar a trabajadoras sexuales como periodistas comunitarias para que difundan aquello que ocurre en el comercio sexual y así contrarresten las campañas de linchamiento mediático que se realizan en contra de este gremio, cuya función no es otra que controlarles (17), al justificar medicas represivas en nombre de la salud pública, la moral y las buenas costumbres, el rescate de víctimas de trata de personas, el apego a la ley y reglamentos; que al final se convierten en medidas de limpieza social discriminatorias.
7.- Construir comunidad solidaria y no sólo emprendimientos empresariales que beneficien a líderes y representantes de las trabajadoras sexuales; para que el estigma de la prostituta-o, hoy trabajadora sexual, deje de permanecer “en la sombra,… (sea aceptado) por la sociedad en forma general o parcial y adquiera carta de naturalidad, etcétera” (15).
Al respecto Gómezjara, cita a Howard Becker quien señala que grupos marginados como el de los homosexuales (hoy deberíamos decir el espectro social lgbttti), construyen “sistema de racionalización”, que incluyen “una complicada justificación histórica, legal y psicológica”.
Por ello, dice Francisco Gómezjara, que “empiezan a generar sus propias normas, justificaciones, ideologizaciones que, por un lado, sustituyen a las convencionales rechazadas.” (24)
Eso intentamos hacer con el proyecto editorial que cuenta con más de 12 libros y más de 50 cómics de la Brigada Callejera y con Noti-Calle que desde hace 20 años, difunde en particular, noticias del diario acontecer del trabajo sexual en México.
8.- Sumar esfuerzos en la derogación de las disposiciones del Código Civil del estado de Chiapas, a través de las cuales una prostituta pierde la patria potestad de hijos e hijas menores de 12 años, ya que el artículo 439 de dicha norma jurídica señala las causales de la pérdida de la patria potestad y entre ellas se encuentra el numeral III, que a la letra dice lo siguiente: “Cuando por las costumbres depravadas, malos tratos, explotación o abandono de los deberes de quien la ejerza, pudiera comprometerse la salud, la seguridad, la dignidad, la integridad o la moralidad de los menores, aun cuando estos hechos no sean penalmente punibles”.
El que una trabajadora sexual pierda la patria potestad de sus hijos por ganarse la vida con el ejercicio de la prostitución, ha sido utilizado por tratantes, padrotes, madrotas y otros proxenetas, para amenazarlas con quitarles a sus hijos y enviarlos al DIF (Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia), sino les entregan las cuotas de extorsión exigidas. En estos casos, el DIF en la práctica ha coadyuvado con la trata de personas con fines sexuales.
Esto es, la maternidad de las trabajadoras sexuales es utilizada, como un mecanismo de control en situaciones de trata sexual y el DIF es la institución gubernamental encargada de aplicar estos preceptos jurídicos.
9.- Analizar la posibilidad de iniciar un juicio de amparo para obtener el reconocimiento como trabajadoras sexuales no asalariadas, donde no haya una relación obrero – patronal y/o para que deje de prohibirse el ejercicio de ofrecer servicios sexuales en la vía pública, por ejemplo en los Bandos de Policía y Buen Gobierno.
10.- Contemplar la posibilidad de iniciar juicios de amparo contra disposiciones de leyes estatales de salud y/o reglamentos municipales de salud, o iniciar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el control sanitario y su carácter recaudatorio y de manera paralela proponer un convenio entre el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, Capasits correspondiente, el Seguro Popular, la Jurisdicción sanitaria estatal respectiva y la Secretaría o Dirección de Salud municipal que garantice la gratuidad de los servicios de control sanitario y su carácter voluntario.
Dichos servicios son pruebas de detección de vih, sífilis, Papanicolaou, entre otros.
11.- Proponer reformas a los artículos que criminalizan a las trabajadoras sexuales en la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”. Estos son:
El artículo 13 de la ley general contra la trata de personas, que refiere el abuso de poder y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, como un medio comisivo del delito de trata de personas, tales como pobreza, bajo nivel educativo, pertenencia a una comunidad indígena o ser migrante irregular, de facto son utilizadas para manipular la configuración de dicho delito, sirviéndose del falseamiento de declaraciones, como lo atestiguan los procesos judiciales en nuestro poder.
Formar una asociación, cooperativa o grupo donde se pidan aportaciones económicas, puede ser considerado como trata de personas con fines de explotación sexual o incluso reclutar integrantes para que militen en dicha organización, puede tomarse como inducción para la explotación de la prostitución ajena, castigada en la ley general de trata de personas mexicana.
El artículo 14 que prohíbe actos pornográficos con sujetos adultos.
Los artículos 19 y 20, prohíben los contratos sexuales y anulan en consentimiento de las trabajadoras sexuales. Dentro de la prohibición se podría castigar a los clientes sexuales, aunque todavía no esté tipificado como delito en los códigos penales, ya que se puede tomar encuentra establecer las condiciones para la prestación de los servicios sexuales, tales como posturas, tiempo, uso del condón, prácticas orales, anales o vaginales, entre otras.
Artículo 40, que no contempla el consentimiento informado como excluyente de responsabilidad penal y reduce a todas las trabajadoras sexuales a víctimas de trata de personas.
El artículo 160, prohíbe que los medios informativos incluyan anuncios sexuales y los lleva a la clandestinidad y la extorsión policíaca de anunciantes y trabajadoras sexuales.
12.- Promover amparos contra el uso del condón como prueba incriminatoria de delitos relativos a la trata de personas o lenocinio, para que deje de atentarse contra el derecho a la salud de víctimas de trata de personas con fines sexuales, trabajadoras sexuales y clientes, entre otros involucrados.
13.- Impulsar una reforma a la Ley General del Trabajo, donde se reconozcan derechos laborales de trabajadoras sexuales y obligaciones patronales de los dueños de los establecimientos mercantiles donde se ofrezcan servicios sexuales.
14.- Promover juicios de amparo o trabajar en la derogación legislativa del delito de lenocinio contemplado en los Códigos Penales de los diferentes estados de la república, por atentar contra el derecho a decidir trabajar en el sexo.
15.- En este momento debemos defender las fuentes laborales de las trabajadoras sexuales.
16.- Debemos defender las conquistas laborales obtenidas en el pasado.
17.- Debemos obtener nuevas conquistas como el reconocimiento de trabajadoras sexuales no asalariadas obtenido en la Ciudad de México.
18.- En este momento vamos porque la protección constitucional en la Ciudad de México, sea una realidad y por multiplicar los beneficios de la sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación en otros estados de la república como Chiapas.
La lucha sigue y sigue compañeras, no se detengan ni frenen sus sueños en la construcción de un mundo donde el trabajo sexual sea respetado como otros oficios.
A manera de conclusión:
Para cerrar temporalmente estos comentarios, escuchemos de Francisco Gómezjara, una de sus frases más provocadoras, de 1992:
“Hacer el amor hoy, debe ser diferente al pasado, de la misma manera que vivimos un proceso de modernización que nos lleva a una sociedad distinta. Tan sencillo como esto. El servicio sexual es una manera de hacer el amor segura, cómoda, placentera y científicamente gozado.”
- Inicie sesión o regístrese para comentar