Solidaridad Clasista con la Organización de Trabajadoras Sexuales OTRAS

Solidaridad Clasista con la Organización de Trabajadoras Sexuales OTRAS de Barcelona España

Por Jaime Montejo de la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, Tapachula, Chiapas, 1 de septiembre de 2018.-

El derecho a la sindicalización es una estrategia de auto-defensa de la clase trabajadora ante los abusos de empresarios, como la trata de personas y la explotación sexual.

Ahora, en el caso de trabajadoras sexuales, también es una forma de organización social, que puede hacer frente a la violencia institucional de la policía, agentes de migración, jueces y personal de salud, entre otros funcionarios públicos.

Negar el derecho a la sindicalización, reduce las posibilidades de combatir los abusos laborales como la trata de personas, en contextos sociales donde particulares y funcionario públicos, hombres y mujeres, han explotado a sus anchas a trabajadoras sexuales, a quienes han mantenido sin ninguna seguridad, mientras sectores bastos del proletariado conquistaban a través de procesos revolucionarios prestaciones sociales desde el siglo XIX y posteriormente con movilizaciones multitudinarias que les permitieron construir y conquistar el “derecho laboral”.

El gobierno socialista de la república española presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha rechazado la creación de la Organización de Trabajadoras Sexuales OTRAS; sin embargo, distribuye licencias para abrir clubes de alterne donde se ejerce el trabajo sexual, sin derecho a ninguna prestación social, en condiciones de abuso y explotación extrema.

Mientras Magadalena Valerio, ministra del Trabajo, cuestiona la legalidad de la organización sindical OTRAS, que representa a trabajadoras sexuales en Barcelona, España, los dueños de locales y clubes donde se ejerce el alterne y el trabajo sexual asalariado, sí están registrados como asociación en la misma Dirección General de Trabajo de Trabajo, ya que una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 obligó a este organismo a hacerlo.

Un ejemplo es la Asociación Nacional de Empresarios Mesalina, dedicada a proveer y gestionar locales hoteleros destinados a ofrecer "servicios o productos" a terceras personas "que ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia".

Por un lado, la parte patronal está reconocida legalmente, pero quien se desempeña laboralmente, no tiene el mismo reconocimiento.

"Empresarios que bajo licencia de funcionamiento expedida por el Reino de España se llevan una buena tajada de lo que producimos a cambio de ninguna prestación de ley por no estar reconocido como trabajadoras, pero el Reino de España no duda en contabilizar los ingresos derivados de nuestra actividad dentro del PIB, eso parece que no les genera el menor conflicto ético, pero que un grupo de mujeres estigmatizadas e históricamente denostadas intente organizarse de manera autónoma, eso sí parece que les genera un conflicto grave", prosigue OTRAS en un comunicado.

Una muestra más de cómo el Estado proxeneta, en este caso español, somete a condiciones similares a la esclavitud, a uno de los grupos “más vulnerables”, así considerados por el feminismo abolicionista que alienta el desconocimiento de derechos laborales de las trabajadoras sexuales.

Frente a este tipo de agravios, sólo la organización de las trabajadoras sexuales y la solidaridad clasista de otras trabajadoras sexuales y trabajadoras de otras industrias, podrán revertir o detener el golpeteo.

“Nos queda claro que el discurso dominante de la trata de personas, invisibiliza la lucha de clases en la industria sexual y sólo la movilización de las organizaciones defensoras de trabajadoras sexuales, les va a recordar a gobernantes con vocación proxeneta, que no nos vamos a dejar pisotear”, señaló Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.

Por ello, apuntó Madrid, toda nuestra solidaridad con las trabajadoras sexuales de la Organización de Trabajadoras sexuales OTRAS y con todas las trabajadoras sexuales del mundo.

Brigada Callejera, conquistó en el año 2013, el reconocimiento de las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México, como trabajadoras no asalariadas, a través de la Sentencia del juicio de amparo 112/2013 del Poder Judicial de la Federación.

Para el año 2016, el congreso local del estado de Coahuila, emulaba dicha sentencia y reconocía al trabajo sexual como trabajo no asalariado.

Brigada Callejera es una organización con 29 años de trabajo comunitario de promoción de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales y forma parten de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres, GAATW, por sus siglas en inglés.