Trabajo sexual: el incómodo debate del Congreso de la CDMX

Trabajo sexual: el incómodo debate del Congreso de la CDMX
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Erradicar, criminalizar o regular, el dilema
May 29, 2019por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa Compartir:
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, regresó al Congreso local las reformas que se habían aprobado el pasado 16 de mayo a la Ley de Cultura Cívica (LCC).

¿La razón? En el artículo 27 fracción VII quedó establecido que: “son infracciones contra la tranquilidad de las personas (...) invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dichos permisos. En todo caso sólo procederá la presentación de persona, probable infractora cuando exista queja vecinal o de la alcaldía”.

La Ley de Cultura Cívica actual es casi igual, sólo se agregó “de la alcaldía”. Sin embargo, se esperaba que al discutir nuevas reformas a esta ley, el Congreso local no incurriera otra vez en criminalizar a las mujeres en contexto de prostitución.

Luego de protestas sociales, Sheinbaum regresó la ley al Congreso y dijo: “reiteramos que el trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce el derecho a realizar un trabajo digno y a su regularización y formalización en términos de ley”.

Pero… la Constitución de la CDMX no reconoce el trabajo sexual
El debate va más allá de castigar o reglamentar, ya que expertas en los derechos de las mujeres plantearon, desde la creación de la Constitución de la CDMX, la urgencia de establecer acciones para erradicar la prostitución.

La antropóloga Verónica Caporal -que participó como académica en la elaboración de la Constitución local- dijo en entrevista para Cuestione que tras largos debates se decidió no reconocer en la Carta Magna el trabajo sexual, pero no por argumentos “moralistas” -como ha señalado la jefa de gobierno- sino porque eso iría en contra de los derechos de las mujeres.

Esto quiere decir que, contrario a lo que dijo Sheinbaum, las mujeres en condición de prostitución no pueden ser consideradas trabajadoras no asalariadas, ya que están inmersas en un contexto de prostitución, violencia y opresión que debe ser erradicado.

Caporal -que realizó los primeros peritajes con metodología feminista en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra)- señaló que aún cuando no sean víctimas de trata, las mujeres en prostitución están inmersas en un sistema que beneficia a diferentes actores, la mayoría hombres (clientes, policías, cuidadores y hoteleros) que viven a costa de explotar sexualmente el cuerpo de las mujeres.

Esto -dijo- reproduce la discriminación, desigualdad entre los sexos y normaliza la idea de que los cuerpos de las mujeres pueden comprarse. “Yo no conozco en todas mis investigaciones a una sola mujer en contexto de prostitución que sea millonaria, porque el dinero que se gana se distribuye en todo un sistema de prostitución”, expresó la antropóloga.

Señaló que, crear una ley no va a cambiar los patrones socioculturales, contra las mujeres que viven en condición de prostitución. Por ejemplo, en el pasado ya se ha reglamentado para que ellas reciban atención médica pero con el fin de cuidar la salud sexual de los varones. Además, agregó, ninguna norma evitaría que ellas estén solas en un cuarto con hombres que cometen violencia feminicida.

Según sus peritajes, la mayoría de las mujeres en contexto de prostitución reconocen que una vez que entran en un cuarto con un hombre que pagó por su cuerpo y tiempo no saben si saldrán vivas. Eso sí, precisó, ninguna mujer debe ser castigada por esta actividad.

Verónica Caporal dijo que reducir el debate a castigar o reglamentar -como busca el Congreso-, podría ser una estrategia de gobierno para regresar al debate (que no es nuevo en esta capital y divide la opinión del movimiento feminista) sobre reconocer la prostitución como trabajo sexual.

Pero -enfatizó- hay una norma internacional que está por encima de la Constitución y es de cumplimiento obligatorio para México: la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer) que exige al Estado tomar medidas para suprimir todas las formas de explotación de la prostitución de la mujer, prácticas que pueden erradicarse si se modifica los patrones socioculturales de conducta en las personas.

Lo anterior, lo conoce la jefa de gobierno, porque varias expertas lo presentaron en el informe La Ciudad de México ante las recomendaciones de la CEDAW. En él, la abogada Andrea Medina explicó que varios estudios dan cuenta del impacto negativo de la reglamentación de la prostitución en México y que, aunque regular el “trabajo sexual” se presenta con acciones de vanguardia y empoderamiento, en realidad contribuye a su persecución, violenta los derechos humanos y sostiene un orden social de discriminación y desigualdad contra las mujeres.

En ese documento, Medina Rosas -quien demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por los feminicidios en Chihuahua-, señaló que la obligación de los Estados frente a la prostitución es atender a las mujeres para que puedan salir de esa condición, anular los estigmas contra ellas y eliminar las construcciones culturales que legitiman y normalizan la mercantilización de las personas.

Por su parte, la antropóloga Marcela Lagarde -una de las creadoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos durante la elaboración de la Constitución local- escribió sobre cómo la prostitución impacta diferente a las mujeres y los hombres:

“¿Cómo asegurar mujeres libres con quienes los jóvenes puedan tener relaciones eróticas sin la obligación de casarse, que no estén ligadas a la procreación y sin asumir responsabilidades paternas en caso de embarazo? (...) una de las vías (...) ha sido la conformación de un grupo de mujeres, el de las prostitutas (...) pero la prostitución no es solamente un trabajo o un conjunto de actividades, tampoco es solo una conducta o una forma de comportamiento, es un modo de vida, y ser prostituta abarca todos los aspectos de la vida de la mujer”, destacó.

Por la no criminalización
Aunque desde una visión contraria (a favor de reglamentar), Arlen Palestina, defensora legal en Brigada Callejera (que acompaña a mujeres en prostitución), explicó en entrevista a Cuestione que criminalizar a las mujeres por prostituirse aumenta su vulnerabilidad.

Su organización documentó que al menos en cuatro de cada 10 casos, las mujeres son extorsionadas principalmente por policías de manera cotidiana, muchas durante redadas contra la trata de personas; sin embargo, cuando ellas denuncian algún delito, las autoridades las desestiman bajo el argumento de que cometen una falta administrativa.

Palestina mencionó que la LCC empodera a los vecinos para denunciar a las mujeres, lo que aumenta los riesgos que corren en la vía pública por los agentes del Ministerio Público, los que les “cobran piso”, grupos criminales, proxenetas y hoteleros a quienes pagan para evitar ser denunciadas.

Desde 2014, un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX determinó que sancionar el “trabajo sexual” es inconstitucional, pero -como Palestina explicó- esto aún pasa por igual a las mujeres que decidieron ejercer la prostitución por su cuenta y a las que responden a un padrote.

Si bien ambas posturas (la reglamentarista y la abolicionista) discrepan en hacer una legislación que reconozca el trabajo sexual, coinciden en que las mujeres no deben ser criminalizadas por estar inmiscuidas en la prostitución y que los estigmas socioculturales que atentan contra ellas (y que no opera así contra los clientes y los padrotes) deben modificarse.

¿En qué va la cosa?
La Ley de Cultura Cívica sigue atorada en el Congreso, donde el 30 de mayo sesionarán las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Participación Ciudadana para aprobar un nuevo dictamen de esta Ley.