Editorial: Trabajadoras sexuales de la vía pública sin certeza y seguridad jurídica en Tapachula, Chiapas

Editorial:
Trabajadoras sexuales de la vía pública sin certeza y seguridad jurídica en Tapachula, Chiapas

Por la Redacción de la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, Tapachula, Chiapas, 24 de febrero de 2019.

Promover los derechos humanos de trabajadoras sexuales en Tapachula, Chiapas, no ha sido fácil, señaló Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C., cuando autoridades ministeriales se han negado a iniciarles denuncias penales por extorsión y violencia física ocasionada en su contra por pandilleros.

Uno de los casos fue el de Casandra “N”, quien fue discriminada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en su distrito, en específico por la subdirectora de la Unidad de Violencia Familiar y Sexual de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, funcionaria que dijo den su momento, el 22 de septiembre de 2018 que “no quiso levantar la denuncia penal a la mujer, porque era trabajadora sexual y no importó que se presentará con golpes en el rostro y sangrando, lesiones ocasionadas por un hombre que no era su familiar”.

La trabajadora sexual golpeada no cuenta con recursos económicos y dijo fue atendida por la subdirectora de la Unidad de Violencia Familiar y Sexual, quien dijo en mayo de 2018, que “no podía tomarle declaración y que se dirigiera a la FGE de Akishino”, negándole la justicia y cometiendo un acto de discriminación.

El Grupo de Operaciones Contra el Tráfico, la Trata y Pandillas (GOTTPA), donde participaban elementos de la policía federal y policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, fue infiltrado por el crimen organizado y algunos de sus elementos acusados de secuestro, fueron detenidos y encarcelados en el penal de Tapachula, Chiapas en agosto de 2016.

En el año 2016, ministerios públicos de la Fiscalía de Migrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se negaron a levantar las denuncias de victimas de trata, dos de ellas menores de edad por “el estado inconveniente” en el cual se encontraban cuando fueron acompañadas por integrantes de la Brigada Callejera.

Hace unos días, por orden presidencial, estuvieron en riesgo los recursos para refugios de mujeres víctimas de violencia, operados por organizaciones de la sociedad; sin embargo, hasta la fecha, Tapachula, Chiapas no cuenta con un refugio operado por autoridades mexicanas.

Diagnóstico general:

En Tapachula, no hay más de 70 establecimientos mercantiles donde las autoridades puedan presumir sin más elementos que la presencia de mujeres migrantes laborando como meseras o bailarinas, el comercio sexual tan satanizado en la ciudad por activistas que desconocen los fundamentos en materia de derechos humanos y VIH. Hablar de 3,500 cantinas en Tapachula, Chiapas, es una exageración que no cuenta con la más mínima evidencia a su favor.

La presencia de los y las trabajadoras sexuales en las calles de Tapachula, Chiapas, no alcanza ni siquiera a llegar a 300 personas. Hablar de 2 mil personas trabajando en el sexo en la vía pública es inconcebible y una exageración total, producto de la mala fe de individuos que buscan prebendas de la actual administración municipal del doctor Gurría.

Las zonas de tolerancia, son espacios establecidos por reglamento municipal, para que allí se ejerza el trabajo sexual, como es el caso de Las Huacas, que está muriendo por el cierre o clausura de todos menos uno de los establecimientos que allí operaron hace mucho tiempo.

Reactivar a las Huacas, requiere una importante inversión municipal en alumbrado público, en seguridad durante todo el trayecto hacia la zona de tolerancia, que dejen de funcionar los bares, cantinas, hoteles y vecindarios donde las trabajadoras sexuales “se ocupan” con sus clientes y que la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”, deje de confundir comercio sexual con trata de persona, cosa que no dejará de pasar hasta que se haga una reforma progresista de dicha norma jurídica .

En un estado de derecho como el actual, donde la reforma constitucional del año 2011 garantizó el respecto de los derechos humanos, que entre otros incluye el principio “Pro persona” y el de “progresividad” de los mismos, cualquier acto de autoridad que pretenda anular la libertad de empresa o realizar clausuras a partir de sembrar pruebas, fácilmente sería superado en juicios de amparo

Los espacios que ocupan las personas que trabajan en el sexo en la calle, no pueden ser consideradas zonas de tolerancia, en tal caso son puntos de la vía pública donde en algunas ocasiones se pueden ofrecer servicios sexuales.

La prevalencia del VIH entre las trabajadoras sexuales de Tapachula, Chiapas, sigue siendo baja, entre otras cosas porque las personas que las organizaciones de la sociedad civil detectamos, en tres meses aproximadamente, la inmensa mayoría son INDETECTABLES en los estudios de carga viral, lo cual hace INTRANSMISIBLE al VIH, según ONUSIDA, órgano rector de la ONU en el tema.

Abogar desde la sociedad civil y desde la “defensa de los derechos humanos”, por el control sanitario obligatorio de las trabajadoras sexuales, es un contrasentido que muestra ignorancia en el tema, donde los prejuicios hacen ver a este grupo como un foco de infección, perspectiva respetable pero discriminatoria.

Salud de trabajadoras sexuales de la calle

Las trabajadoras sexuales de la vía pública de Tapachula, asisten regularmente a hacerse exámenes de detección de VIH y sífilis, una de las infecciones de transmisión sexual, ITS, con más prevalencia en población general, al centro comunitario de la Brigada Callejera, ubicado en la 4ª Avenida Norte número 29, departamento 2, a un costado del sendero peatonal que nace en el Parque Central “Miguel Hidalgo”.

Cabe señalar que hace 19 años, no se les llama enfermedades de transmisión sexual, ETS, sino infecciones de transmisión sexual ITS. Actualizarse es parte del trabajo de una persona defensora de derechos humanos.

Nuestro grupo de promoción de la salud les visita periódicamente, les realiza pruebas en la calle o las invita al lugar referido y les regala condones y lubricantes solubles al agua de diferentes marcas donadas por empresas distribuidoras y fabricantes, como los condones Encanto de la organización, condones SICO o de Profilátex y lubricantes solubles al agua marca OK de la empresa Diporsa, además de píldoras de emergencia, óvulos y tratamiento para la sífilis.

Las autoridades de la Secretaría de Salud de Tapachula y la jurisdicción sanitaria VII del Instituto de Salud de Chiapas, están enteradas del trabajo de prevención, detección oportuna y vinculación que la Brigada Callejera realiza todos los días.

Propuesta:

Que el cabildo de Tapachula, Chiapas reconozca a los y las trabajadoras sexuales, cis y transgénero, como trabajadores no asalariados, como ya ocurrió en la Ciudad de México y en el estado de Coahuila, ello daría certeza y seguridad jurídica a quienes se dedican a dicho oficio, a sus clientes y ciudadanía en general, ya que permitiría plantear un reordenamiento basado en el respeto de los derechos humanos de vecinos residentes y transeúntes y vecinas no residentes, en este caso quienes trabajan en el sexo y ofrecen sus servicios en la vía pública.

Sustento de este artículo:

Las directrices internacionales de VIH/Sida y derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HIVAIDSGuidelinessp.pdf), recomiendan a los estados miembros de la ONU, que no apliquen pruebas obligatorias a los y las trabajadoras sexuales.

Dicha recomendación está incluida en el párrafo del numeral 9, párrafo 135 de las directrices internacionales referidas en la página 95 del documento, al señalarse que “135. Las pruebas obligatorias del VIH pueden constituir una privación de libertad y una violación al derecho a la seguridad de la persona. Esta medida coactiva se suele aplicar a los grupos menos capaces de protegerse porque están en instituciones públicas o de derecho penal, por ejemplo, soldados, reclusos, profesionales del sexo, consumidores de drogas intravenosas y varones que tienen relaciones sexuales con varones. No hay razones de salud pública que justifiquen esas pruebas del VIH obligatorias. El respeto del derecho a la integridad física requiere que las pruebas sean voluntarias y previo consentimiento informado.”

Así mismo, la Cartilla de la CNDH titulada “Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos ante el VIH” (http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/29-dh-trabaj-se...), establece que es un acto de discriminación aplicar pruebas obligatorias a trabajadoras sexuales. Al respecto, en la página 10 de la cartilla de derechos de las y los trabajadores sexuales, se señala que “La NOM-010-SSA2-2010 Para la Prevención y Control de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana explícitamente prohíbe la aplicación de las medidas de control sanitario que plantean la realización coercitiva de pruebas de detección del VIH. Ni la Ley General de Salud o el reglamento de control sanitario incluyen algún apartado donde se mencione el trabajo sexual.”

El documento, “Derechos Humanos de las Mujeres. Actualización del capítulo 5 del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México”, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos en 2007, recomienda “Legislar sobre el comercio sexual con enfoque de género y partir de situaciones de vida del sector. Otorgar a las sexoservidoras derechos a la educación, salud, vivienda, maternidad y pensiones por invalidez o vejez. Definir y legislar sobre el carácter de empleadores y de sus responsabilidades como tales, de las personas que ocupan a trabajadoras del hogar, a aquellas que realizan trabajos de maquila a domicilio y a trabajadoras del sexo que laboran en bares, restaurantes, centros nocturnos, etcétera”.
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/actualizacioncapitulo5.pdf

Corolario:

Brigada Callejera es una organización con 30 años de trayectoria en la lucha contra la trata que forma parte de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres, the Global Alliance Against Traffic in Women GAATW, por sus siglas en inglés, así como de la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH y del Consejo Ciudadano en VIH e ITS de la Ciudad de México, entre otras más.