“Recuento de daños a trabajadoras sexuales durante la contingencia sanitaria por el Covid 19 en México”

“Recuento de daños a trabajadoras sexuales durante la contingencia sanitaria por el Covid 19 en México”

Por Elvira Madrid Romero, Rosa Icela Madrid y Jaime Montejo, activistas y fundador/as de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C., colaborador/as de la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, Ciudad de México, 10 de abril de 2020.-

México, 10 de abril de 2020.

La organización auto-gestiva de las propias trabajadoras sexuales, ha sido la respuesta ante la amenaza de contagio del Covid-19 y también frente a las acciones que el gobierno ha emprendido y que les ha afectado a su economía familiar, acceso al trabajo, al hospedaje y en general al disfrute de sus libertades y derechos.

Organizaciones defensoras de las trabajadoras sexuales como el “Colectivo Michoacán es Diversidad”, la “Cooperativa ángeles en búsqueda de la libertad”, la “Red Mexicana de Trabajo Sexual”, la “Unificación de Sexoservidoras de Puebla AC” y la “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C.”, entre otras más, se han ocupado de hacer colectas de víveres, medicamentos, cobijas y colchonetas, así como recursos económicos para apoyar a sus compañeras que más lo requieren.

Brigada Callejera entabló tres mesas de trabajo con la Secretaria de Gobierno (SECGOB) de la Ciudad de México (CDMX), Rosa Icela Rodríguez donde solicitó despensas, apoyo para medicamento, acceso al seguro del desempleo, instalación de un refugio para quienes se quedarían en la calle después del cierre de hoteles y posadas, por la contingencia sanitaria del Covid-19.

La lentitud de la burocracia y la falta de puntualidad de dicho personal, ha hecho desesperar a las trabajadoras sexuales ante la reducción del 95% de su trabajo, nada de dinero en las manos para enviar a sus familias y la ausencia de albergues de gobierno; así como a las defensoras de este gremio de trabajadoras no asalariadas de la Ciudad de México.

Sin embargo y a pesar de incumplimientos y limitaciones, la oferta del gobierno de la CDMX, ha sido la mejor, sino es que una de las dos únicas en toda la república, por la información recibida por parte de las trabajadoras sexuales de al menos 16 entidades federales.

La segunda respuesta gubernamental favorable a las trabajadoras sexuales en tiempos del Covid-19, ha sido la del municipio de Chihuahua, encabezada por el doctor Fernando Salcedo encargado del control sanitario municipal (donde no se realizan pruebas obligatorias de VIH ni de otras infecciones de transmisión sexual, ITS), con el respaldo de la presidenta municipal y de la titular del Instituto Municipal de la Mujer.

Dicho apoyo en Chihuahua, ha consistido en apoyo con despensas, gel, tapabocas y otros insumos para la salud como condones.

El gobierno de Jalisco emitió una convocatoria para que personas que trabajan por su propia cuenta o están desempleadas pudieran aplicar, a través de una plataforma digital a unos apoyos de cinco mil pesos mensuales durante tres meses. En ese sentido Brigada Callejera implementó un operativo de apoyo para recoger documentación de las integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual de Guadalajara y Zapopan, Jalisco para escanearlos y enviarlas a dicho portal.

Sin embargo, no ha sido posible ingresar dicha documentación y se optó por enviar un oficio, a través de la oficialía de partes.

- Información sobre las trabajadoras sexuales durante la contingencia del Covid-19:

El reporte hasta el día miércoles 8 de abril, ha sido una reducción entre el 80% cuando todavía estaban abiertos hoteles, posadas y zonas de tolerancia y el 95 y 100%, durante estos días que se celebra la semana santa de la cristiandad.

Las trabajadoras sexuales cargan y utilizan gel anti-bacterial, guantes y cubre-bocas, así como condones y lubricantes solubles al agua y muchas de ellas promueven el “Corona-sutra”, instructivo práctico y visual que muestra qué posiciones son las recomendadas durante esta contingencia, al igual que se hizo cuando la pandemia del AH1N1 en el año 2009.

La mayoría de trabajadoras sexuales organizadas para la defensa de sus fuentes laborales, son conscientes de la necesidad de quedarse en su casa, pero como viven al día, no pueden darse ese lujo que otras personas sí.

- Se incrementa violencia de género hacia trabajadoras sexuales durante la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19:

Brigada Callejera elaboró un informe internacional sobre los indicadores de violencia de género en el mundo del trabajo sexual a finales del año 2019 titulado “Mujeres de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba y migrantes internos en el trabajo sexual, en México”, cuyo enlace se encuentra en la siguiente liga: https://gaatw.org/publications/MWagainstViolence/Informe.Mexico.pdf

En dicho informe, las trabajadoras sexuales participantes, así como las defensoras de derechos humanos de la Brigada Callejera, establecimos 30 indicadores para medir la violencia de género hacia las trabajadoras sexuales en México.

A la luz de la emergencia sanitaria del Covid-19, se ha incrementado la violencia medida en 21 de 30 indicadores y sobresalen la violencia institucional y económica.

Los gobiernos municipales de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas, no establecieron una política de moratoria del pago de las tarjetas de control sanitario, pese a la contingencia sanitaria causada por el Covid-19, durante la primera y segunda fase de dicha emergencia nacional.

En toda la república, excepto quizá el municipio de Chihuahua, hemos recibido informes sobre la negación del derecho a trabajar en el sexo en contextos de la amenaza de contagio del Covid-19, sin previo aviso por parte de las autoridades, como también ocurrió en la Ciudad de México, donde personal del Gobierno de la CDMX con sus chalecos verdes, visitaron cada hotel donde se presume hay sexo de paga y ante las amenazas de clausura de dichos establecimientos mercantiles, cerraron inmediatamente sus instalaciones.

Estos cierres se dan de manera unilateral, pese a que habían mesas de trabajo con personal de la SECGOB de la CDMX.

Se incrementó el costo de los condones gratuitos del sector salud por el desabasto de dichos insumos de salud y por la amenaza de dificultades en las importaciones de tales productos procedentes de China, donde inició la pandemia del Covid-19.

Se ha prohibido el “table dance” y también el ejercicio del trabajo sexual, con el pretexto del Covid-19.

En algunos municipios como el de Tamaulipas, se están cobrando altas multas por trabajar en el sexo, en el marco de la prohibición establecida por el Covid-19.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, elementos policíacos se están utilizando los condones como prueba de amenaza de transmisión del Covid-19.

En la CDMX, ya había dificultad en la expedición de las licencias de trabajadoras sexuales no asalariadas, por consigna o “dificultad” burocrática. Ahora, con la contingencia sanitaria del Covid-19, se suspendió dicho trámite por no ser una actividad “prioritaria”.

Ante la prohibición de facto del comercio sexual, el crimen organizado y delincuentes de los diferentes barrios donde había trabajo sexual en sus calles, han “acogido” a las trabajadoras sexuales y ellas han sido objeto de extorsión, grandes abusos económicos contra ellas, violación sexual, filmación teniendo relaciones sexuales que son subidas a twitter y otras redes sociales, robo, privación de la libertad y violencia física.

Hay un temor de no pocas trabajadoras sexuales de que sus datos personales entregados en la CDMX para tener acceso a las tarjetas de ayuda por la contingencia del Covid-19, con saldo de mil pesos por única ocasión para hacer compras de alimentos y medicamentos, sean difundidos y utilizados para otros fines como el de reprimir posteriormente a sus compañeras.

El señalamiento y la estigmatización han aumentado hacia las trabajadoras sexuales, ya que no pocos sectores de la población, de los grupos políticos gobernantes y de la prensa mexicana, les consideran un grupo que contagia a sus clientes del Covid-19.

La violencia patronal hacia las trabajadoras sexuales, meseras, bailarinas y ficheras, quienes fueron “descansadas” sin ningún tipo de apoyo económico o de despensa por la contingencia del Covid-19, salvo notables excepciones.

Incluso otros trabajadores de dichos establecimientos mercantiles, también fueron descansados sin goce de sueldo, peses a estar dados de alta en el seguro social,

Trabajadoras sexuales de diferentes estados de la república, cuyos hoteles, posadas, bares, cantinas, cabaret y zonas de tolerancia, fueron cerradas por la contingencia del Covid-19 y posteriormente obligadas a trabajar en el sexo por personas que les abrieron las puertas para seguir trabajando de manera clandestina.

La violencia policíaca se ha incrementado con el pretexto de la prevención del contagio del Covid-19, aumentando la extorsión, las detenciones arbitrarias, la violencia física y psicológica. También la trata de personas y la explotación sexual por parte de algunos elementos policiacos de diferentes estados de la república.

El cobro de otras cuotas exigidas por funcionarios públicos a trabajadoras sexuales, ha ido en aumento para permitir que sigan trabajando en el sexo en plena contingencia del Covid-19. Cuotas que representan en algunos casos más de la mitad de los ingresos.

El hacinamiento en algunas estaciones migratorias donde estaban detenidas algunas trabajadoras sexuales, bailarinas o meseras migrantes, se ha resuelto enviando a la calle a personas extranjeras para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19. Una solución a medias, que disminuye el riesgo de la transmisión de este coronavirus.

En la CDMX, ninguna autoridad se ha hecho responsable del cierre de los hoteles de paso por el Covid-19, sin previo aviso a las trabajadoras sexuales, negándose el acceso a dicha información pública.

Las comisiones estatales de derechos humanos, no se han pronunciado por los abusos de autoridad cometidos durante la contingencia ocasionada por el Covid-19. Al contrario la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está criminalizando el trabajo sexual a domicilio en Tlaxcala y lo está considerando trata de personas y explotación sexual, según el comunicado de Prensa DGC/127/2020, emitido en la Ciudad de México el 08 de abril de 2020, que puede leerse en la siguiente liga al internet: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-04/COM_2020_...

Otro ejemplo de violencia de defensores públicos de derechos humanos, fuer personificada por un integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, que el día lunes 6 de abril sobre Circunvalación y San Pablo, alcaldía Cuauhtémoc, tomó fotos a los rostros de varias trabajadoras sin pedir su consentimiento y sin identificarse como integrante de dicha institución pública.

Enlace con la foto del servidor público que violó la intimidad de trabajadoras sexuales que hacían fila para recibir su tarjeta de ayuda de parte de la SECGOB de la CDMX:
https://twitter.com/brigadaelisa/status/1247922762837938176/photo/1

Al amparo de la prevención del contagio del Covid-19, se está criminalizando al cliente sexual en la vía de los hechos en toda la república mexicana, salvo quizás algunas excepciones durante la fase 2 de la contingencia sanitaria.

La contingencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, no ha detenido los feminicidios, asesinatos ni desaparición de trabajadoras sexuales cis y transgénero en territorio mexicano.

Las agresiones de vecinos, iglesias, periodistas y otros actores sociales, se han incrementado en algunos lugares en toda la república mexicana al amparo de la emergencia sanitaria causada por el contagio del Covid-19.

Las agresiones de algunos clientes, se ha incrementado durante la contingencia del Covid-19. Pagan menos, suben más videos y fotos de trabajadoras sexuales que guardan su anonimato porque sus familias no saben a qué se dedican.

La violencia digital, está personalizada en algunos reporteros gráficos de prensa escrita, digital y televisión abierta o de paga, clientes, padrotes, vecinos y servidores públicos.

Cabe señalar que se incrementó la violencia hacia las trabajadoras sexuales en 6 indicadores abolicionistas, 2 prohibicionistas, 7 reglamentaristas y 9 que son compatibles con visiones abolicionistas, prohibicionistas o reglamentaristas del comercio sexual.

Hay mucho que hacer en este momento a favor de las trabajadoras sexuales:

Respetar la auto-gestión de los grupos que se han organizado para protegerse del abuso policiaco, del VIH e ITS y ahora del Covid-19 y del incremento de la discriminación.

Garantizar el acceso a condones y a medicamento antirretroviral, durante la contingencia del Covid-19.

Promover la prevención del Covid-19, difundiendo el Corona-sutra entre trabajadoras sexuales.

Despenalizar todos los aspectos del trabajo sexual, incluida la criminalización de sus clientes.

Reconocer plenamente los derechos laborales de las trabajadoras sexuales no asalariadas y de aquéllas que mantienen una relación obrero – patronal.

Anexo: Los 30 indicadores de violencia de género en el mundo del trabajo sexual en México.

Indicadores de violencia de género en el mundo del trabajo sexual en México, 2019:
Control sanitario recaudatorio o no.
Negación del derecho a trabajar por tener VIH o ITS
Venta ilegal de condones gratuitos, pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis y estudios de papanicolaou del sector salud.
(Práctica común en toda la república).
Pérdida de patria potestad por dedicarse a la prostitución Violencia institucional que coadyuva con la trata de personas y la explotación sexual.
Criminalización de la organización de las trabajadoras sexuales por confusión entre trabajo sexual y trata de personas): Violencia institucional y laboral.
Imposibilidad de la formación de sindicatos.
Ausencia de reconocimiento del trabajo sexual asalariado o no asalariado
(Falta de certeza y seguridad jurídica)
Prohibición del table dance en varios estados y municipios.
Prohibición del ejercicio del trabajo sexual en la calle o lugares cerrados.
Altas multas por ejercer el trabajo sexual en áreas no autorizadas.
Uso del condón como prueba para fincar lenocinio, trata de personas y/o delincuencia organizada
(Expedientes judiciales de casos de trata de personas, lenocinio y/o delincuencia organizada, así como una Conciliación de la CEDH de Jalisco en contra de dicha práctica judicial).
Retraso en la expedición de licencias de trabajo no asalariado (TNA) a trabajadoras sexuales (TSx) en la CDMX.
Detención de trabajadoras sexuales por ley de cultura cívica, declarada inconstitucional por la sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación.
Falta la expedición de reglamentos de TNA en el estado de Coahuila.
Exigir pruebas de no embarazo a trabajadoras sexuales para poder laborar y expulsar a las mujeres embarazadas de bares y zonas de tolerancia.
Difusión de datos personales sensibles como tener VIH o ser migrante, lugar dónde vive, entre otra información individual.
Hostigamiento psicológico por parte de servidores/as públicos, compañeras, jefes, otros empleados, patrones, vecinos, grupos religiosos, vecinales y empresariales, periodistas, padrotes, madrotas y/o crimen organizado.
Exclusión laboral injustificada: No dejar laboral a una trabajadora sexual en una calle sino paga una cuota determinada a una líder, policía, criminal o líder vecinal, sino es del grupo, sino es cómplice de robo hacia clientes, vecinos o transeúntes.
Violencia gremial: Infringida por líderes de organizaciones territoriales o sindicales.
Trabajar en lugares donde no hay condiciones claras para que los negocios operen respetando los derechos de las trabajadoras sexuales al tener claridad sobre los límites legales de los dueños de módulos, por ejemplo de la zona galáctica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los establecimientos mercantiles deben cumplir ciertas reglas, los burdeles no siempre.
Violencia policiaca contra las trabajadoras sexuales: Maltrato físico, agresiones verbales, amenazas, violaciones tumultuarias, falsas acusaciones para extorsionarlas y no encarcelarlas, entre otras.
Cobro de cuotas de extorsión o derecho de piso por particulares, policías, parejas, inspectores de salud, personal municipal, crimen organizado.
Deportación de trabajadoras sexual sin documento migratorio vigente, ante denuncias de trata de personas contra algún negocio.
Deportación de trabajadoras que tienen algún hijo o hija nacida en México.
Autoridades judiciales se niega a iniciar denuncias penales a trabajadoras sexuales, o a darles seguimiento, hecho que no garantiza el derecho a la justicia, a la no repetición del hecho y a la reparación del daño. (práctica discriminatoria de no pocos/as ministerios públicos).
Complicidad de personal de comisiones estatales de derechos humanos con violencia policíaca. Caso 2018: Expulsión de trabajadoras sexuales del Parque Morelos de Guadalajara, Jalisco.
Criminalización del cliente sexual en Guadalajara, Jalisco, a nivel de falta administrativa, como respuesta a denuncias por abuso policiaco contra trabajadoras sexuales en el año 2018.
Desaparición de trabajadoras sexuales.
Feminicidios y asesinatos de trabajadoras sexuales, llevados a cabo por crimen organizado, tratantes y autoridades, parejas o vecinos.
Exhibición pública en medios de comunicación, con la anuencia de alguna autoridad.
Campañas de linchamiento mediático en la radio, prensa escrita, televisión y redes sociales: Promovidas por autoridades, grupos religiosos, vecinales o empresariales.

Noti-Calle es un servicio de Noticias de la Brigada Callejera desde el año 1996.

Brigada Callejera, es una organización de base comunitaria con 30 años de experiencia en la defensa de trabajadoras sexuales, en la prevención y detección del VIH e ITS y en la movilización comunitaria ante la trata de personas, abusos de autoridad y violencia hacia las mujeres.

Brigada Callejera, forma parte de la Alianza Global contra la trata de Mujeres, GAATW, por sus siglas en inglés, así como de la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH y Red Mexicana de Trabajo Sexual.