Piden al Estado garantizar la seguridad y paz social

Piden al Estado garantizar la seguridad y paz social

Ramón García

La paz social y la tranquilidad que ha caracterizado a Chiapas debe hacerse respetar y trabajar para castigar las conductas delictivas para que haya la certeza de que no hay complicidad de la autoridad, señaló el representante de la Coalición Obrero, Campesina y Estudiantil del Soconusco, Francisco Aranda Tinajero, al hacer énfasis en recientes casos de desaparición de dos empresarios locales, las denuncias de cobro de piso a prostitutas y recientemente a los colectivos en la zona costera.

Expuso que la sociedad empieza a preocuparse luego de mensajes anónimos que emitió un cártel delictivo del occidente de México y señalamientos de que ha empezado el llamado cobro de piso por trabajar en comercios y colectivos de distintos municipios de la Costa, en el que se les pide una cuota de entrada y pagos “módicos” semanales, porque están conscientes de la difícil situación económica.

“Pedimos al gobierno de Chiapas hacer un llamado riguroso a los funcionarios a cargo de las instancias de justicia para que con verdadera colaboración con la Federación y los municipios, a fin de que haya un real combate a la delincuencia, toda vez que a la fecha aún se respira un clima de paz y tranquilidad, pero que empieza a preocupar por distintos actos que van teniendo lugar”, dijo Aranda Tinajero.

Señaló que se han sido muy blandos con los delincuentes centroamericanos y sudamericanas que están en la región, ya que se presume que gozan de impunidad y cuya incidencia en la participación de delitos es alta.

En el caso de las personas conocidas por la sociedad tapachulteca, Juan José Barrientos Valdivieso y Carlos Guillermo Thomas Molano, cuyas denuncias fueron ya interpuestas ante la FGE, según la información que circula en redes sociales y que corroboran familiares.

Aranda tinajero dijo que de igual forma se ha señalado de forma anónima que el crimen organizado ha empezaron a realizar llamadas telefónicas a comerciantes y empresarios de la región, incluso al sector transportista, para que en forma de extorsión paguen o colaboren semanalmente con las células a las que respalda un cártel nacional que busca tener presencia en Chiapas.

Tal como ocurre en Guatemala, donde ha se ha comprobado la presencia de las bandas delictivas mexicanas que han cobrado derecho de piso a trabajadoras sexuales y miembros de la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), que laboran en el corazón de Tapachula, como lo ha denunciado en su momento representantes de Brigada Callejera.

Finalmente, el líder social y dirigente de la Coces expuso que en manos de la FGE y de la Federación está la seguridad de los chiapanecos, por ello como parte de la sociedad, se hace el llamado de un combate frontal a la criminalidad y que se evite la aparición de nuevas formas de delincuencia más violenta, la inseguridad en las calles y la impunidad del delito.

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