Amar y amarse

Amar y amarse

Perla Miranda y Astrid Rivera

Por miedo a morir a manos de su esposo, Aracely huyó de Guatemala junto a sus hijos, dos niños de 13 y 10 años, y dos niñas de 8 y 5 años; “la pequeña es mi princesa”, dice. Sentada en una jardinera del Parque Benito Juárez, en el centro de Tapachula, Chiapas, espera clientes, se dedica al trabajo sexual.

“Lo que me llevó a salir de mi país fue que vivía mucho maltrato con el padre de mis hijos, amenazas, golpizas, decidí alejarme de él y alejar a mis hijos, por miedo, por temor a la vida de ellos y a la mía, por eso me vine acá, pero es difícil encontrar un trabajo bien, donde me paguen mejor, nos juzgan no sólo por ser migrantes, sino porque me dedico a esto, pero no robo ni lastimo a nadie”, cuenta.

Aracely es delgada, viste una blusa azul que hace contraste con su piel morena y un pantalón de mezclilla color negro, su cabello sujetado en una coleta no le llega a los hombros, sus orejas son adornadas con un par de arracadas y alrededor de su cuello brillan dos collares, también entre sus dedos destacan anillos plateados.

Ella forma parte de las 2 mil 700 trabajadoras sexuales que laboran en Tapachula y de las que al menos 70% son migrantes, de acuerdo con datos recabados por la Organización no gubernamental Brigada Callejera.

Es domingo, aún no son las 14:00 horas y el Parque Benito Juárez ya está repleto, se asoman las mujeres hondureñas que cargan sus cajones con dulces, la comunidad de haitianas que tejen trencitas con listón y también ofertan cortes de cabello, en menor cantidad, debido al horario, se observa a mujeres que se dedican al trabajo sexual.

“Llegué en 2018 a Tapachula, ahorita lamentablemente mi situación es trabajar como las demás chicas porque no hay otro trabajo, a veces a nosotras las extranjeras nos cuesta conseguir trabajo porque te piden requisitos, documentos, para nosotros lo más fácil es esto, dar el cuerpo, más yo lo hago por mis cuatro hijos”, dice Aracely al tiempo que se cubre del sol con su bolsa de mano.

En lo que inicia su jornada laboral, Chely —como le dicen de cariño— revisa su celular para ver si no tiene mensajes de su hijo mayor, quien se queda a cargo de los otros tres. Viven en un cuarto por el que la madre de familia paga 900 pesos al mes —un promedio de 45 dólares— es de las rentas más baratas que ha conseguido, la única desventaja es que se ubica como a 20 minutos del centro de Tapachula en transporte público o a más de una hora si hace el trayecto a pie.

“Gracias a Dios desde que vine acá no duermo en la calle, ni pedí dinero, nada, como les he dicho a mis hijos, sea como sea los estoy sacando adelante, tiene cuatro años que me alejé del papá de ellos. Soy madre y padre desde ese tiempo, a veces me pongo pensativa, triste y me suelto a llorar porque ser madre sola, migrante y a lo que me dedico, no es fácil, hay días en que sale dinero y días en que no, por eso quisiera conseguir un trabajo para seguir apoyando a mis hijos”.

Anhela un empleo en el que no deba arriesgar su vida cada día, teme porque la golpeen como a otras compañeras, o incluso que la desaparezcan y dejar a sus hijos indefensos en un país que no es el suyo y sin más contactos que los puedan ayudar.

“No crean que el trabajo es fácil, uno arriesga la vida porque hay muchas mujeres que las han golpeado, las han tratado mal, las han intentado matar, este trabajo no es fácil, hay muchas gentes que nos critican por ser como somos, por hacer este trabajo nos critican, pero no saben la necesidad que nosotros tenemos, es difícil hacerlo, pero no tenemos más alternativa”.

En México, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos indica que el trabajo sexual no es un delito, sino una falta administrativa, como orinar o tomar bebidas alcohólicas en la calle.

“Los delitos involucrados en el comercio sexual son el lenocinio o proxenetismo y los delitos relacionados a la trata de personas es lo que se castiga, pero en la realidad, las trabajadoras sexuales en Tapachula, en específico quienes son migrantes, sufren abuso policiales porque desconocen sus derechos, la policía es quien más agrede, viola, quita dinero y si quieren denunciar cómo le hacen, es un circulo vicioso del que siempre salen perdiendo”, explicó Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”.

Casi son las 16:00 horas y Aracely sigue sin empezar su jornada, apenas se han acercado a preguntarle dos personas el costo de sus servicios, pero ninguna concretó. Espera que al avanzar la tarde el día se componga, sino será un día perdido para ella.

“Está muy flojo, nada de nada, medio preguntan, pero hasta ahorita nada. Antes no era así, cuando empecé, en 2018, me llevé mis 2 mil pesos porque era nueva obvio, ya después empecé a ganar mil, mil 200, así como está el tiempo ahorita a veces me voy con 400 pesos, 300 pesos todo el día, a veces me desvelo para poder llevar algo a la casa porque debo pagar renta, dar de comer a mis hijos y tener un ahorrito porque no se sabe, pero con todo es mejor paga que en un restaurante o en una casa que luego quieren dar 80 pesos por todo un día de trabajo”.

La activista Elvira Madrid Romero coincide con Aracely en cuanto a que las trabajadoras sexuales perciben una mejor ganancia económica, que si se emplearan en otra cosa; sin embargo, enfatiza en que las migrantes no se dedican al trabajo sexual por gusto, sino por necesidad y exige a las autoridades que las dejen trabajar y no solo eso, sino que también las cuiden del crimen organizado.

“En los últimos años se ha agudizado la extrema pobreza, la violencia hacia las mujeres migrantes que ejercen el trabajo sexual, sobre todo con la delincuencia organizada que quiere cobrarles derecho de piso, inclusive a varias las han agredido. Es muy difícil hablar de un perfil de migrantes trabajadoras sexuales, pero la mayoría, al menos 75% son hondureñas. Lo que sí, es que 100% lo hace para sobrevivir, a veces encuentran trabajos, pero mal pagados, en los que además les piden documentos, por eso es una lástima que aún con todo lo que deben pasar, las autoridades las discriminan y violentan, ya es hora de que hagan su trabajo”.

En cuanto llegó a Tapachula, Chiapas, Aracely acudió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para solicitar el estatus de refugiada, pero el proceso se ha dilatado casi un año. Confía en que pronto le den la constancia que le permita trabajar en otro lugar y ahorrar para avanzar hacia Puebla o Mexicali, en donde tiene a una amiga.

“La verdad es que no me ha ido nada bien, me he tenido que mudar porque en el cuarto de antes me entraron a robar, me amenazaron unos hombres que según mareros, se robaron una pantalla que le compré con mucho esfuerzos a mis hijos, sus papeles de ellos y 2 mil pesos que tenía para cualquier emergencia, yo sé que soy migrante, pero también soy ser humano, traté de denunciar y salió peor, me dijeron que era cuestión de tiempo para que me devolvieran a mi país”.

Aún en espera de clientes, Chely pasea por el Parque Benito Juárez, encuentra a su amiga Bertha y empieza a “cotorrear”.

—Le digo que sonría, que no esté con su cara de enojo todo el tiempo— dice mientras le toca la mejilla a la mujer hondureña que carga un cajón repleto de dulces.

—Que te rías, anda, mira hay que posar para una foto— insiste.

Sin dejar de sonreír, Chely presta atención al audio que sale de una farmacia Similares: “Quieres controlar tu hipertensión y tu diabetes, aprovecha, losartan de 50 miligramos con 30 tableta al tres por dos y glimepirida de 4 miligramos con 30 tabletas a 3 por 178 pesos”.

—Yo no tengo esas enfermedades, pero imagínese 178 pesos, un ofertón y todo, pero a uno no le alcanza.

—Desde que llegaste a Tapachula, ¿has buscado atención médica?

—Para atenderme yo, no. Pero cuando llegué mi hija de 5 años se enfermó gravísimo, tenía 40 de fiebre, fui a un centro de salud donde me negaron la atención, les dije que les iba a pagar y me dijeron que como no era de acá y no tenía Seguro Popular no me iban a atender, no tuve de otra más que venir a pagar consulta y mi hija me resultó con dengue, tuve que comprar el tratamiento y todo eso, pero gracias a Dios mi hija ya está bien.

En palabras de Gabriel Ocampo González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII de Tapachula, que el personal de salud niegue atención médica a una mujer migrante no es una negligencia médica, pero sí una mala atención.

“Si puede haber una queja. La salud no es discriminatoria, bajo ningún concepto, ni por raza ni por religión ni por orientación política”, enfatizó.

Pero para Aracely el que no le brinden atención médica va más allá de una “mala atención”, no solo siente temor de que la humillen por no ser mexicana, sino que la amenacen de nuevo con deportarla a Guatemala.

—Ya no me acerco a los centros de salud porque, imagínese, me vayan a decir lo mismo, que no me atienden a mi o a mis hijos porque no soy de acá, me están discriminando, humillando por no ser mexicana y eso no debe de ser así cuando todos somos personas, humanos, iguales y nadie tiene que discriminar a nadie porque todos somos hechos por un Dios y ya no es solo eso, sino que me digan que me mandan a Guatemala, aunque yo quiera volver a ver a mis papás que ya son grandes, no regreso porque mi esposo me encuentra y me mata.

Cuidar de su salud sexual es otro reto al que Chely se enfrenta de manera cotidiana, en los más de tres años de vivir en Tapachula, solamente una vez trató que le hicieran una prueba de VIH en un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), pero cuando por fin le pidieron sus datos le dijeron que ya no tenían pruebas.

“Perdí todo un día para que me dijeran que ya no había pruebas, entonces lo que hago es que aprovecho cuando los de Brigada Callejera vienen, se acercan al parque y nos hacen las pruebas, nos atienden super bien, nos dan condones, charlas, no nos discriminan ni nos humillan, nos tratan como iguales y es por eso que ahorita sé que gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad sexual”.

El documento “Las y los trabajadores sexuales y sus derechos humanos ante el VIH”, publicado en junio de 2019 establece que el sector salud debe aplicar de manera obligatoria pruebas de VIH/Sida, sífilis, papanicolau y exudado vaginal a trabajadoras sexuales, pero para activistas estas acciones solo obedecen a una práctica reglamentarista del comercio sexual.

“Estos exámenes pueden realizarse de forma gratuita en los centros de salud, en teoría, pero autoridades municipales los cobran e incurren en un acto de discriminación que va en contra de la Constitución, en el discurso el gobierno dice que atienden a todas las personas que están en territorio nacional, pero en la realidad la población migrante no importa, si no atienden a los mexicanos menos a las compañeras migrantes”.

Para trabajar, Aracely debe pagar por una tarjeta que acredita que no tiene infecciones de transmisión sexual aún cuando no le realicen las pruebas correspondientes. “La tarjeta cuesta de 700 a 800 pesos, si no la tengo, no trabajo, no me defiendo de la policía porque pueden llegar y llevarme con cualquier pretexto, la cosa es que si no trabajo, no le doy de comer a mis hijos”.

Rosemberg López Samayoa, presidente de Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, lamentó que el supuesto control sanitario no sea en beneficio de las trabajadoras sexuales, sino que se utiliza como un mecanismo para defender a los clientes.

“Las trabajadoras sexuales no importan, su salud no importa, con estos controles lo que se trata de proteger es la salud del cliente y no la de ellas. En teoría la autoridad sanitaria debería repartir condones, realizar pruebas rápidas de VIH, de sífilis, dar un seguimiento en caso de que alguien viva con este tipo de infecciones, todo esto de manera gratuita, pero no ocurre, incluso ha habido denuncias a trabajadores sanitarios que venden condones del sector público”.

En contraste, Gabriel Ocampo González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII de Tapachula, aseguró que el sistema de salud del municipio fronterizo sí cuenta con un protocolo para atender a personas con infecciones de transmisión sexual y enfatizó que se les da un seguimiento puntual.

“Tenemos la obligación de que a toda persona con sospecha de alguna ITS se le haga una batería de estudios, en 2019, tuvimos a 20 personas migrantes que dieron positivo a una enfermedad de transmisión sexual, el problema es que a veces no llegan a pedir atención”, dijo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tampoco cuenta con información de cuántas pruebas de detección de VIH realizó en población migrante entre 2018 y 2020. En respuesta a la solicitud con folio 0064102227920 se informó que “no contamos en tal módulo con prueba especiales de detección de VIH, para su respectiva realización, concluyendo no haber realizado ninguna prueba al respecto”.

Mientras que al solicitar a la Secretaría de Salud federal el número de consultas brindadas a mujeres migrantes que fueron agredidas sexualmente, así como el número de pruebas para detectar VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se aplicaron en dicha población en el periodo de octubre de 2018 a diciembre de 2020, la dependencia señaló que no contaba con la desagregación por nacionalidad.

“La base del Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) en detecciones no cuenta con el nivel de desagregación sobre si la persona atendida es migrante o su nacionalidad, motivo por el cual no es posible proporcionar la información como lo requiere el peticionario”.

Chely frota sus manos una y otra vez, son casi las seis y aún no empieza a trabajar, esperaba regresar temprano a casa y encontrar despiertos a sus hijos; no cree que sea posible.

“La situación es tan difícil que otras chicas nuevas cobran menos, también hay otras compañeras que aceptan hacer su trabajo sin preservativos, a veces llegan fulanos y me dicen que me contratan, pero sin condón, no acepto porque yo me quiero, yo me amo y tengo que cuidarme mucho para salir adelante y cuidar a mis hijos, ojalá mejore la cosa, que no nos discriminen, ni nos humillen, todos valemos igual, no importa si somos migrantes y sea el trabajo que sea el que hagamos”, dice sin dejar de mirar su reloj.
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