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Discriminatoria, ley que pretende regular el trabajo sexual, acusan
Carolina Gómez Mena
Trabajadoras sexuales integrantes de la agrupación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez expresaron su repudio a la iniciativa de la diputada federal María Clemente García que pretende regular su labor. Aseguraron que esa propuesta significa un retroceso en los derechos de las personas que se dedican a estas labores, pues las criminaliza y discrimina.
En conferencia de prensa, Arlen Palestina Pandal, abogada de la organización, explicó que algunos artículos de la propuesta de ley se refieren a las infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida "de manera discriminatoria", pues se plantea que son "enfermedades propias" de este trabajo.
Chavela, quien desde hace 45 años se dedica al sexoservicio, precisó que "nunca tuve una infección de transmisión sexual" y criticó que la diputada elabore una propuesta desde el desconocimiento de la realidad que viven quienes trabajan en la vía pública.
La abogada recordó que la propuesta, presentada el 6 de octubre, considera adicionar un nuevo capítulo para considerar su labor en el catálogo de "trabajos especiales" en la Ley Federal del Trabajo.
Elvira Madrid, dirigente de Brigada Callejera, indicó que "la propuesta de ley se hizo sin consultar a las compañeras" y "la diputada ni siquiera hizo investigación histórica de la lucha del trabajo sexual". Sólo se basó en un informe de resultados de una encuesta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México aplicada a unos 500 trabajadores, lo que no es representativo de los alrededor de 15 mil 200 existentes en el país.
Refirió que durante la peor parte de la pandemia "150 compañeras murieron" y muchas más enfermaron, incluso ella estuvo tres meses incapacitada por el virus. Lamentó los estragos originados por el covid-19 en el sector, porque ellas carecen de seguro de salud.
Dijeron que en lugar de proponer leyes que las afecten sería mejor una norma que les garantice atención integral en los servicios médicos; acceso a vivienda, porque la mayoría no cuentan con una propia, y a un fondo o programa social exclusivo para trabajadoras sexuales y guarderías para sus hijos, entre otras demandas.
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