XXVI. ENCUENTRO DE LA RED MEXICANA DE TRABAJO SEXUAL.

XXVI. ENCUENTRO DE LA RED MEXICANA DE TRABAJO SEXUAL.

QUE SE ESTA CELEBRANDO ESTE 19 DE JULIO DEL 2023, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, damos la bienvenida a todas las compañeras trabajadoras sexuales que están dando cita en este XXVI encuentro que una vez más da la voz a la denuncia, relatos e historias de vida de las compañeras de los 28 estados de la republica que son los que componen a la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

Agradecemos a todas las compañeras que se dan cita como parte de las mesas de presentación, así como a las compañeras que asisten para escuchar, hermanarse y ser parte de esta denuncia colectiva a nivel internacional del panorama del trabajo sexual en este 2023.

La Red Mexicana de Trabajo Sexual nace en el año de 1997 se conformó como un frente para operar políticamente a favor de los derechos de las personas que se dedican al trabajo sexual.
La Red Mexicana de Trabajo Sexual es una coordinadora integrada por trabajadoras-es sexuales y grupos de apoyo a este sector de las y los trabajadores, que busca generar una conciencia de clase anticapitalista en este sector de la clase obrera.

El grupo promotor de la Red Mexicana de Trabajo Sexual nace en 1996 con la organización del primer encuentro nacional de trabajadoras sexuales, que se llevaría a cabo el 22 de julio de 1997.
La Red Mexicana de Trabajo Sexual es una organización adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde el año 2006 y sus integrantes somos militantes, simpatizantes y colaboradoras de la Otra Campaña.

Su propuesta para el Programa Nacional de la Otra Campaña está incluida en los libros "EL COLOR DE LA SANGRE", publicado en el año 2007 y en "LA OTRA CAMPAÑA Y LA LUCHA DE CLASES DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES EN MÉXICO", publicado en el año 2009.

La Red Mexicana de Trabajo Sexual, busca expropiar de los medios de producción a los empresarios del sexo y organizar el trabajo sexual de forma cooperativista para erradicar la explotación de la prostitución ajena y la explotación sexual comercial infantil y adulta.

La Red Mexicana de Trabajo Sexual considera que el sistema económico que nos rige (el capitalismo), busca la máxima ganancia con el menor esfuerzo y por ello establece que actividades como el narcotráfico, la trata de personas y la explotación sexual, son inherentes a dicho sistema y prevalecerán mientras no lo derroquemos.

La Red Mexicana de Trabajo Sexual promueve el ejercicio de la democracia directa y la rotación de las responsabilidades para evitar la formación de una "casta de dirigentes" que más tarde aspiren a controlar a sus compañeras-os.

En este 26 encuentro los temas principales se dividieron en 6 bloques temáticos:
1. Violencia y seguridad. Y
Observatorio laboral del trabajo sexual en México.
2. La problemática de la zona del sureste mexicano Cintalapa Chiapas y trabajo sexual.
3. Mujeres indígenas y discriminación.
4. Trabajo de promoción de la salud comunitaria y autocuidado del cuerpo en el trabajo sexual
5. El contexto nacional de manera general en el ámbito social y político.
6. El contexto y las luchas que nos hermanan desde las compañeras trabajadoras sexuales en Europa.

Como contexto que es urgente seguir denunciando declaramos lo siguiente:
El cambio de vida para la humanidad desde el impacto de la pandemia, que ha agravado los problemas y conflictos que persisten en el comercio sexual callejero: la seguridad, las extorsiones policiacas, judiciales y de los hoteleros, y la aplicación de una arcaica regulación sanitaria. Tanto la doctora Andrea González, directora de la Clínica Especializada Condesa, como la doctora Patricia Uribe, quien fue directora de Censida, han señalado en repetidas ocasiones que la regulación sanitaria unilateral, que sólo examina a las trabajadoras, pero no a los clientes, es inoperante además de discriminatoria. Lo mismo declara el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (UNAIDS) que coordina las actividades de los distintos organismos de la ONU en la lucha contra el sida. En varias entidades federativas todavía se lleva a cabo la “regulación sanitaria” con “cartillas” que, si bien suelen ser efectivas en otros casos (como para la vacunación infantil), para quienes se dedican al trabajo sexual se han vuelto un mecanismo coercitivo, que no les garantiza derechos y que, además de ser ineficaz, principalmente es un negocio de algunas autoridades. Eso ocurre en Chiapas, donde el tarjetón de control sanitario tiene un costo de 400 a 600 pesos, además de que quincenalmente les cobran la revisión médica. De acuerdo con los datos que publica anualmente el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (Censida), nueve de cada 10 personas que toman medicamento antirretroviral ya no transmiten el virus por contacto sexual debido a que tienen una carga viral indetectable.

Durante la pandemia del Covid-19, a la fecha se han incrementado en un 10% los casos de VIH entre las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México y otras entidades, debido a que los clientes ofrecen más dinero por otorgar servicios sin condón, y ante la necesidad económica, algunas de ellas acceden, lo que vulnera la salud de las personas que se dedican al trabajo sexual.

Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez A.C, aclaró que este virus no se contagia, se transmite al igual que otras infecciones de transmisión sexual, informó que en lo que va del año hemos realizado 20 mil pruebas para detectar casos de VIH en la Ciudad de México y en Tapachula, atendiendo a trabajadoras sexuales, cisgénero, transgénero y migrantes. De acuerdo con datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) hay 86 mil 402 personas que viven con un alto porcentaje de carga vírica indetectable en México.

Los datos de CENSIDA estiman que, en México, 360 mil personas viven con VIH.

Algunas entidades donde incluso se supera este promedio, son: Querétaro, 94 por ciento, y Ciudad de México, Colima y Zacatecas, con 93 por ciento cada una. Del total de personas con VIH, incluyendo las que no saben que son portadoras del virus y aquellas que no reciben tratamiento, 50 por ciento ya entró en etapa de no contagio por medio de contacto sexual.

En varias entidades federativas persiste el carácter criminalizador del trabajo sexual en algunas normas, como los “Bandos de Policía y Buen Gobierno”, que suelen caracterizarlo como una infracción. Reconocer por los estados de la republica el juicio de amparo 112/2013, en el que la jueza Paula María García Villegas, quien resolvió hace unos años el amparo relativo a la petición de licencia de trabajadores no asalariados que reclamo Brigada Callejera quien asumió el total de los gastos en el proceso jurídico, así como dar seguimiento al juicio.

La jueza argumentó que “los derechos humanos al trabajo y a la igualdad contemplados en los artículos quinto y primero de la Constitución”, además de subrayar la importancia de respetar la libre elección de ese trabajo, pues no hacerlo “es inconstitucional”. En Mérida también se utilizó el artículo quinto para reivindicar el derecho al trabajo sexual y al ganar el amparo se logró que la policía ya no detenga a las trabajadoras sexuales que laboran en la vida pública. Entonces con eso se logró que se reconociera la necesidad de considerar a las trabajadoras sexuales en la categoría de trabajadores no asalariados en la legislación local. Mediante una tarjeta, toda persona dedicada al trabajo sexual que así lo solicitara, quedaría registrada oficializando datos como su punto de trabajo o su horario, a fin de evitar persecuciones por parte de elementos locales.
La realidad con buscar justicia en el mundo es desoladora, como es dar atención al acceso a la justicia cuando el reglamento en su listado de Trabajo no asalariado data del 02 de mayo de 1975, con ninguna reforma en dicho reglamento.

Esto entonces genera una urgencia legislativa, operativa, política, para que el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, en plena brecha política para elecciones den atención a la urgencia de miles de mujeres que se dedican al trabajo sexual y comencemos la atención para reformar el Reglamento de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, STyFE, así como ver las actividades del área de reordenamiento por autoridades del Centro Histórico y reordenamiento de las Alcaldías.

Denunciamos que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), que dirige José Luis Rodríguez, no ha entregado más de mil 500 tarjetones de `trabajadora no asalariada’; la mayoría pendientes desde hace año y medio, pero algunos solicitados desde hace cuatro años.

Las negativas de las licencias de trabajo no asalariado son por parte de Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública Titular: Dunia Ludlow Deloya, quien estuvo presente en las mesas de dialogo con el actual jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama, quien se comprometió en avanzar para que el titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX el Titular: Mtro. José Luis Rodríguez Díaz de León lograra avanzar con la reforma de su reglamento que data del, 2 de mayo de 1975, para que se incluya el avance jurídico de ingresar al Trabajo Sexual dentro del listado de trabajo no asalariado, mientras eso avanza el compromiso con Gobierno Central es que se les entregue las licencias de trabajo no asalariado, con uno de los argumentos en las negativas de estar nuestras compañeras trabajadoras sexuales en espacios que son considerados monumentos históricos, es una causa de negativa, la pregunta aquí es:

Donde esta pensando el gobierno de la Ciudad de México que las compañeras ejerzan el Trabajo Sexual, sí los ejercicios de las zonas de tolerancia en Latinoamérica y Sudamérica son un ejemplo de corrupción y de mantener el poder por parte de la delincuencia organizada, como la zona galáctica de Chiapas México, y la zona de tolerancia de Puebla México en ambos lugares se les obliga a comprar la comida solo en esa zona al doble del precio promedio de una comida corrida, de 60 pesos al interno tiene costos de 120 a 150 pesos, las obligan a consumir estupefacientes, bebidas alcohólicas con los clientes, hemos ya publicado que los clientes en estado de ebriedad o que consumen algunas sustancias psicotrópicas o duras, muestran un comportamiento mas agresivo, que sí llegan a consumir el servicio sexual de manera consciente, la limpieza en las zonas de tolerancia no es la adecuada, así como la venta de condones que están obligadas a consumir, teniendo prohibido ingresar a la zona sus herramientas de trabajo como los condones de su elección, lubricantes, gel antibacterial, ya que los hoteleros de la zona se los venden al doble o triple de su precio, estando entonces en manos de redes de delincuencia organizada que les retienen sus documentos, conociendo sus domicilios, siendo esto una razón para amenazarlas si hablan, intentar irse, esto con la tutela y complicidad de los gobiernos de esos estados, sin que las compañeras puedan hablar.

Aún con los datos emitidos por Brigada Callejera y los medios de comunicación, las iniciativas de ley continúan teniendo un corte neo abolicionista , criminalizando a las compañeras de múltiples maneras, VIH, Zonas de Tolerancia, Control Sanitario, Pago de impuestos sin conocer las necesidades y luchas históricas ganadas.

LA BUSQUEDA POR LAS INICIATIVAS DE LEY, se han quedado en una pausa que se resiente en la cotidianidad del trabajo sexual ya que no se avanza en otorgar derechos de vivienda, alimentación salud y educación, el ejercicio del grupo parlamentario de Morena con La diputada federal María Clemente García Moreno, presentó una iniciativa de reforma para que el trabajo sexual sea considerado como lícito, para que se garantice la seguridad y bienestar social de quienes ejercen este oficio. Al dar lectura de la iniciativa observamos que no tenía conocimiento de las luchas ganadas en el trabajo sexual, redactando el artículo 353 Y, que criminalizan y estigmatizan a personas con VIH/Sida.

La iniciativa se presentó sin consultar las necesidades de quienes ejercen el trabajo sexual, ni a las voces de las organizaciones. No avanzo al ser un error desde el inicio.
Urge tomar medidas de denuncia y ser un grupo internacionalista que denuncie a nivel global los abusos y violencias.

Una de estas medidas es la despenalización de todos los aspectos del trabajo sexual ejercido por personas adultas sin coerción y sin que implique explotación ni abuso. Amnistía pide a los Estados que eliminen la regulación penal y toda otra regulación punitiva del trabajo sexual consentido entre personas adultas, dado que está demostrado que la penalización refuerza la marginación, el estigma, la discriminación e impide el acceso a la justicia. Además, los Estados deben defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales no sólo cuando lo dejan, sino también durante su ejercicio, también pide a los Estados medidas para eliminar la discriminación, las desigualdades estructurales y los estereotipos de género. Somos muy conscientes de que la desigualdad de género y la discriminación influyen enormemente en que una persona se dedique al trabajo sexual. Sin embargo, la criminalización no es la respuesta a este problema. Los Estados tienen el deber de garantizar que nadie vive en condiciones de privación extrema y deben hacer efectivo el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluida alimentación, vestido y vivienda adecuados. Asimismo, deben adoptar medidas para luchar contra la discriminación de las mujeres en el trabajo, ya que muchas de las formas alternativas de trabajo disponibles para las mujeres que se dedican o están considerando la posibilidad de dedicarse al trabajo sexual implican condiciones de trabajo muy precarias y están mal pagados, por lo que el trabajo sexual puede resultar preferible para algunas personas a la hora de conseguir ingresos esenciales.

Publicamos el informe con los 30 indicadores de violencia contra las trabajadoras sexuales que van en aumento y no hay una postura clara de los gobiernos por atenderlas en un proceso con responsabilidad, no es posible eliminar este tipo de violencia sin la organización autónoma de las propias afectadas y sin el apoyo de otros sectores sociales solidarios. El Informe se elaboró a partir de la entrevista a más de 45 trabajadoras sexuales migrantes externas e internas que han laborado en 14 estados de la república y Ciudad de México. Documenta las percepciones de las trabajadoras sexuales entrevistadas sobre las condiciones laborales, que facilitan o promueven situaciones de violencia de género hacia ellas, así como establecer quiénes son los sujetos sociales que las violentan.

En 2015, apenas un puñado de medios locales reportaron la desaparición de más de 40 trabajadoras sexuales en Tamaulipas, uno de los estados más violentos de México. Se negaron a pagar “derecho de piso” al crimen organizado. Hasta el momento se ignora qué pasó con ellas. “Retratan un caso de violencia sistémica, patrocinada desde las estructuras del Estado mexicano, que privilegia la obtención de ganancias de empresarios y políticos y que ignora su responsabilidad de garantizarles una vida libre de violencias”. En el 2023, tenemos un ejercicio similar por parte de la delincuencia organizada, donde no sabemos que sucedió con las compañeras.
Un 73 por ciento de los responsables que atentan contra las trabajadoras sexuales son servidores públicos del sector salud y judicial, defensorías, instituciones de seguridad o derechos humanos, entre otros.
El diagnóstico de 2019, que realizamos se estimó en 7,500 las trabajadoras sexuales en las calles de la capital mexicana. Después de febrero de 2020 la cifra se ha duplicado raíz del covid-19, a la fecha, de 2021, hemos contabilizado 15,200 porque muchas mujeres perdieron su trabajo, producto de la pandemia. Cerca del 40 por ciento fueron despedidas de tiendas de ropa, papelerías, restaurantes y comercios.

La extorción el cobro de piso así como la violencia que se está ejerciendo por parte de la hidra capitalista a toda la población en Chiapas impacta a las compañeras que de manera libre ejercen el trabajo sexual y la situación por parte de los ayuntamientos y la policía al generar políticas publicas donde las zonas de tolerancia sean las formas de dar un juego y una simulación de reconocimiento al trabajo sexual lo observamos desde Brigada Callejera también en otras partes del mundo, donde la simulación política es constante, dando puestos a algunas mujeres que se autonombran activistas y defensoras de derechos humanos y trabajadoras sexuales, a las que vemos en México y en el extranjero de un momento a otro ser parte de alguna estructura política que lo que da como resultado es un proceso de neutralización, para los movimientos y organización entre las propias compañeras, que ejerce una presión política al tener en su acto de seguridad o cuidado el partido político que las lanzo a un puesto de representación popular la asignación para temas específicos que requiera ese grupo parlamentario, en México los ejercicios y los personajes son bastantes, siendo esto una acción política de invisibilizar la movilización y organización de las compañeras trabajadoras sexuales.

En otros países es también es claro ver algunas carreras políticas que no han avanzado, pero si han hecho un excelente trabajo para el capital haciendo actos de neutralizar las luchas o dar información de grupos, colectivos y de formas de operar y de organizarse de las compañeras y sus colectivas.

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer presentamos el informe que identifica 30 indicadores de violencia de género contra trabajadoras sexuales, donde se destaca que los principales responsables de la violencia son servidores públicos. Uno de los indicadores que expone la mayor violencia contra las trabajadoras sexuales en México es el control sanitario recaudatorio, que al revisar las iniciativas de ley no observamos que hayan realizado un trabajo de investigación previo que les permita no hacer iniciativas que no son aplicables a la vida cotidiana del trabajo sexual.

Derrochando un gasto en las cámaras de diputados federal y local un gasto de gente que no se prepara y no hace trabajo de investigación, teniendo un sueldo de asesor A: $35, 520.00 un asesor B: $28,543.10 y un secretario técnico con un sueldo de: $ 38, 990.00.

Les pagamos su sueldo todos los mexicanos, sin respuestas adecuadas a las necesidades de este país.

La lentitud con la que al abrir las carpetas de investigación se de un proceso para su judicialización ha sido en suma lento, dejando a la victima en un abandono para no acceder a la justica de manera pronta y expedita, como lo son los temas de extorción en los principales puntos de trabajo sexual en esta ciudad, en Guadalajara, Yucatán, Piedras Negras, Querétaro, Chiapas, Nuevo León, son el resultado de las dudas por parte de los ministerios públicos en el momento de la denuncia.

Los feminicidios que se van multiplicando en un estado fálico ya que tenemos datos aterradores donde las cifras aumentan al tener en el trabajo sexual una línea negra de datos que no se denuncian y que en Brigada Callejera recabamos de manera puntual ante las denuncias de las voces de las compañeras que, en anonimato, hablan, saben, explican porque son las que en su geografía física están presentes en los actos de impunidad, violencia y homicidios de nuestras compañeras.

Entre enero y noviembre de 2022 fueron asesinadas en el país 3.450 mujeres, de los que 858 casos se clasificaron como feminicidio, El primer asesinato machista del año en México ha sucedido solo a unas horas de que diera comienzo 2023. Una mujer fue golpeada y degollada en un departamento de la colonia Playa Sol, en el municipio de Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz. Las autoridades investigan el asesinato de acuerdo con el protocolo del delito de feminicidio ya que por ley toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como tal. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre enero y noviembre fueron asesinadas en el país 3.450 mujeres, de los que 858 casos se clasificaron como feminicidio y 2.592 como homicidios dolosos.

Veracruz es el cuarto Estado que más feminicidios que se registró el año pasado con 63 casos, solo por delante del Estado de México con 131 feminicidios; Nuevo León con 85 y Ciudad de México con 70. En cuanto a homicidios dolosos de mujeres, Guanajuato pasó a ser la entidad más peligrosa con un total de 382 entre enero y noviembre, seguido de Baja california con 252; Estado de México con 241; Michoacán con 228 y Chihuahua con 181. En México, en promedio son víctimas de feminicidios 10 mujeres al día.

Otras violencias también mostraron datos alarmantes, 251.159 mujeres sufrieron violencia familiar en sus hogares este tipo de maltrato puede llegar a ser la antesala de un feminicidio, su manifestación más cruda. En más del 50% de los casos, este tipo de delitos son cometidos por la pareja sentimental, el marido o el novio de la víctima. Los datos de violencia sexual en total 21.615 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, según las autoridades, sumando a estos datos que los numero s de mujeres en el país que ejercen el trabajo sexual que han muerto en hoteles, bares, cantinas y table dance, son hoy 19 de julio del 2023, los homicidios calificados en un 70% en toda la república mexicana, siendo estos de manera violenta y sin ser considerados en las cifras del estado mexicano.

Muertes que no son investigadas por que se llevaron a cabo en lugares clandestinos o tolerados por los ayuntamientos o las alcaldías dando como resultado el abandono de las carpetas de investigación, al tener claro que el proceso de la violencia machista abraza y cubre a los asesinos.

Exigimos que se investiguen los feminicidios que se suscitaron hace tres semanas en la Ciudad de México, en la zona de la merced a una mujer trabajadora sexual cisgénero, en pleno día y en la zona de Tlalpan a una mujer trabajadora sexual transgénero.

Limpieza social.
Autoridades del gobierno capitalino y de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán reconocieron su responsabilidad en hechos que evidenciaron acciones de “limpieza social”, con el argumento de que las personas en situación de calle pueden constituir focos de inseguridad o de insalubridad. Ciudad de México, autoridades del gobierno capitalino y de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán reconocieron su responsabilidad en hechos que evidenciaron acciones de “limpieza social”, con el argumento de que las personas en situación de calle pueden constituir focos de inseguridad o de insalubridad.

En el acto de reconocimiento de la recomendación 15/2018 de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, relativa a la criminalización y retiros forzados de 76 personas en situación de calle, se comprometieron a adoptar medidas de no repetición, así como evitar actos de autoridad en contra de quienes viven o transitan por la capital del país, tras esos hechos cometidos entre los años 2012 y 2017 por una limitada coordinación interinstitucional que había en el pasado, señalaron.

El desconocimiento del paradero de las víctimas ha impedido que se apliquen las medidas de restitución, pero es posible impulsar acciones para garantizar que estos hechos no vuelvan a suceder, afirmó la presidenta de la CDH, Nashieli Ramírez. Con el reconocimiento de responsabilidad, se da un primer paso para consolidar el tránsito de la mirada tradicional de asistencia social hacia un enfoque de garantía de derechos, que les permite ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos que les afecte.

El Estado, por conducto de sus instituciones, tiene el deber reforzado de evitar este tipo de discriminación estructural contra la “ciudadanía más invisibilizada y despojada de personalidad jurídica y social: la población en situación de calle”, afirmó.

La recomendación adjudica responsabilidad a las secretarías de Desarrollo Social, hoy de Bienestar Social, y de Gobierno; y a dichas alcaldías, por nueve casos: cinco de retiros forzados y destrucción de pertenencias, dos de detenciones arbitrarias y dos de agresiones.

La Ciudad de México está entre las nueve entidades donde se discrimina a las poblaciones callejeras en el país. En el año 2012 al ponerse en macha el Programa de Rescate de Espacios Públicos, al menos 900 personas fueron retiradas de las calles de la capital.

La Ciudad de México es paradigmático porque ha institucionalizado la limpieza social a partir de la legislación del artículo 492, que menciona la tutela por desamparo, el cual consiste en retirar o separar a las familias callejeras porque no están en condiciones de apoyo”.

Además de los artículos 124 y 125 de la Ley de Cultura Cívica, que señalan que el espacio público no puede tener fines privados. Pero, “obviamente, la ley es discrecional ya que sólo se aplica a los callejeros de la calle Artículo 123, en el Centro, o a quienes estaban en los bajo puentes de Circuito Interior que fueron concesionados a particulares”.

En mayo de 2012, un conjunto de organizaciones civiles denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que además de la Ciudad de México existían casos documentados de limpieza social en Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla, Acapulco, Xalapa y Chiapas.

Ese año, la CIDH hizo un llamado al entonces jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Cassaubon para que atendiera distintos casos de violaciones a los derechos de la población callejera, sin embargo, nunca fue atendido, estos datos de las personas que sobreviven la calle son proporcionales a las compañeras trabajadoras sexuales en toda la república mexicana.

Desde a finales de 2012, las acciones de “limpieza social” que emprendió el edil de San Cristóbal de las Casas, Francisco Martínez Pedrero en contra de familias indígenas tzotziles, que son acompañados por más de 2 mil 400 niños que se dedican a la venta de artesanías en el centro histórico.

Durante 2011, en Guadalajara, con motivo de la celebración de los Juegos Panamericanos, denunciamos un plan de Reordenamiento Humano para “retirar” a las poblaciones callejeras del primer cuadro de Guadalajara previo y durante la realización de la justa deportiva, dejando también en un estado de indefensión a nuestras compañeras trabajadoras sexuales que no son solo retiradas por el Gobierno de Guadalajara sino por la delincuencia organizada que ha servido para ser brazo derecho del estado mexicano.

En la Ciudad de México con la ley de cultura cívica la búsqueda de una limpieza social es cotidiana así como en la asamblea legislativa pensar en zonas de tolerancia es otra forma de limpieza social, denunciamos las actividades que esta emprendiendo la Alcaldía Cuauhtémoc al desalojar sin protocolos de actuación a compañeros migrantes que se encontraban en las inmediaciones de la zona donde está la alcaldía Cuauhtémoc así como llevar a personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana SSC, a las afueras de la estación del metro Revolución para comenzar a amedrentar, buscar en las pertenencias de las compañeras trabajadoras sexuales abriendo sus mochilas, y metiendo sus manos en sus ropas, haciendo comentarios las oficiales de discriminación y violencia sistemática, hemos recabado información de otras seis alcaldías como Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Coyoacán, Xochimilco, Azcapotzalco, Gustavo A Madero, en puntos históricos de Trabajo Sexual.

Haciendo un acto de abuso de poder hacia las compañeras, los gobiernos han ejecutado las directrices internacionales para hacer de un proceso geográfico de limpieza social una herramienta de criminalización para el trabajo sexual y las personas que realizan actividades de manera licita en la vía publica, es una realidad que contrasta con la idea de una ciudad modelo de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y su visión de una cuarta trasformación que ha perseguido a los luchadores sociales, ha generado un campo de batalla a San Cristóbal de las casas y ha mostrado actos represivos a las luchas por la vida, el agua, el territorio.
En Chiapas, trabajamos en la protección de derechos humanos brindando apoyo en servicios de salud, precisamente a mujeres migrantes que ejercen el trabajo sexual y algunas que laboran en bares y cantinas, principalmente en Tapachula, el paso obligado de cientos de migrantes de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití, Cuba.

Apoyamos a mujeres en Huixtla, Cacahoatán, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Puerto Madero, Escuintla y otros municipios; en general, gestionando pruebas de VIH, sífilis, hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual, papanicolaou y consulta médica general.

De igual forma se sigue ayudando a regularizar a más del 60% de las compañeras que no lo solicitan, su situación migratoria para que estén en mejores condiciones de vida y para que les permitan registrar a sus hijos cuando son nacidos en México, ya que a veces desconocen que es un derecho.

Con la llegada de la pandemia también entregamos más de cinco mil despensas, despensas, ya que su trabajó disminuyó en un 80 por ciento, el cierre de negocios y algunos lugares públicos donde ellas se concentraban, lo que las orilló a una situación todavía más precaria, arriesgándose a los contagios, lo que resultó en la muerte de varias, con la total omisión de las autoridades.

Se vieron obligadas a trabajar en la vía pública en sitios muy inseguros, incluso las mujeres que laboraban en bares y cantinas tuvieron que ejercer el trabajo sexual, siendo víctimas de extorsión por parte de la delincuencia organizada que les cobraba por “protección” y “derecho de piso”.

Mientras que, por otro lado, se arriesgaron también a la criminalización por parte de las propias autoridades de seguridad, que no les brindan protección, y escudados en que su oficio es ilegal, realizaban detenciones para sólo extorsionarlas, tenemos más de quinientos casos documentados.

En temas de salud, no hay atención oportuna y de calidad para las compañeras por parte del Gobierno de Chiapas sen ninguno de sus municipios para las compañeras trabajadoras sexuales, por lo cual decidieron gestionar e instalar un consultorio médico en la Frontera sureste.

Llegamos a reportar casos en que una mujer migrante llegaba a urgencias en un hospital público, y aunque estuviera grave les decían que solamente podían atender cinco migrantes al día.
Migración.

El año 2022 dio paso a algunas de las dinámicas migratorias más complejas y de rápida evolución que se hayan visto en México y en el hemisferio occidental en toda la historia, incluyendo el mayor número de personas registradas en tránsito en varios puntos en México, así como en otras partes de América Central, incluido el Tapón del Darién en el sur de Panamá. A la dinámica largo plazo de la migración desde los países del norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras), o NCA, se suman niveles sin precedentes de personas migrantes que llegan por tierra a México cruzando a través de Centroamérica desde la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití, o incluso desde países de África, Asia, y Europa (incluyendo Rusia y Ucrania). Entre estos flujos se encuentran un gran número de mujeres (incluidas mujeres embarazadas y lactantes), niñas, niños, y adolescentes, incluidos niños separados/as y no acompañados/as, personas indígenas, personas con algún tipo de discapacidad y enfermedades crónicas, personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, queer, y más (LGBTQ+),Otros desarrollos importantes incluyen cambios en las políticas migratorias y fronterizas en el sur de los Estados Unidos, los cuales han tenido impactos significativos en la situación migratoria en México y en toda la región. A partir de agosto de 2022, el gobierno de los Estados Unidos anunció que ya no inscribiría a nuevas personas en el Programa de Protocolos de Protección de migrantes mientras que las personas que ya estaban en MPP serían desafiliadas. En octubre de 2022 se anunció una expansión de las expulsiones bajo el Título 423 en la frontera sur de los Estados Unidos para incluir nacionales de la República Bolivariana de Venezuela (de ahora en adelante en el documento, Venezuela), en respuesta al número sin precedentes de encuentros registrados de esta nacionalidad, acompañado de un nuevo proceso a través del cual ciertas personas eligibles, y sus familiares inmediatos, pueden solicitar venir a Estados Unidos de manera segura y ordenada, con un permiso de permanencia temporal de hasta dos años. Después del anuncio, los eventos registrados de personas venezolanas en tránsito por la región disminuyeron significativamente y muchas personas optaron por permanecer de manera temporal en países de tránsito o intentar retornar de forma voluntaria (cabe señalar que las expansiones del Título 42 y el nuevo proceso se ampliaron para incluir a nacionales de Cuba, Haití, y Nicaragua en enero de 2023; el Título 42 permanece activo al momento de elaborar este perfil a pesar de varias disputas legales.

México es uno de los principales países de origen de personas migrantes internacionales, ocupando el segundo lugar a nivel mundial después de India en 2020.5 Según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU DAES), la población de emigrantes mexicanos/as disminuyó en un 10% entre 2010 y 2020, impulsado en gran parte por los altos niveles de migración de retorno. México también se está convirtiendo cada vez más en un país de destino de personas migrantes internacionales. Entre 2000 y 2020, la población inmigrante aumentó en un 123%. Según datos censales, las siguientes entidades federativas tenían las mayores poblaciones de personas migrantes internacionales en 2020: Baja California (13%), la Ciudad de México (9%), Chihuahua (8%), Jalisco (8%), y Tamaulipas (6%). El año 2022 presentó el mayor número de eventos de personas en situación migratoria irregular jamás registrado en México, superando las cifras récord registradas en 2021. La cantidad de eventos de personas en situación migratoria irregular registrada en 2022 aumentó en un promedio de 8% cada mes entre los meses de enero y diciembre.

De los datos vertidos lo que nos preocupa desde Brigada callejera es la forma de operar de las redes de trata de mujeres con fines sexuales, ya que aumento la trata de mujeres a raíz de la pandemia en un 45% siendo alarmante que el delito de trata de personas sea el primero en ser perseguido a nivel mundial.

Entendemos y hemos denunciado en múltiples ocasiones que las redes de trata están conectas a nivel internacional, siendo esto una forma de vinculación entre gobiernos, funcionarios de alto nivel y la delincuencia dejando a las mujeres en peligro y a as mujeres trabajadoras sexuales de la vía publica en un peligro mayor, así como a las compañeras migrantes.

Más de 70 mil personas han ingresado de forma irregular a México este año, de las cuales el futuro de las mujeres que ingresan a México se queda como víctimas de trata o como trabajadoras sexuales de manera independiente, La Secretaría de Gobernación de México (Segob) informó el ingreso de 70 mil 526 migrantes en situación irregular a ese país entre enero y febrero. El dato está incluido en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2023, en el que 66,6% son hombres y 33,4% son mujeres. Las principales entidades federativas en donde se realizó la detección de inmigrantes en situación migratoria irregular en ese periodo son Chiapas, con 41,3%; Tabasco, 9,3%; y Coahuila, 8,8%. De las 70 mil 526 personas migrantes en situación irregular que llegaron a México en los primeros dos meses del año, 57 mil 020 eran mayores de edad y 13 mil 506, niñas, niños y adolescentes. De los mayores de edad, 39 mil 860 eran hombres y 17 mil 160 mujeres, mientras que de los menores de edad 7 mil 085 son varones y 6 mil 421 mujeres.

BASTA DE VIOLENCIA SISTEMATICA A LAS MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES EN EL MUNDO.
BASTA DE LA COMPLICIDAD DE LOS ESTADOS.
BASTA DE LA MUERTE Y FEMINICIDIOS.
BASTA DE LA SIMULACIÓN POLITICA QUE GENERA PERSECUSIÓN Y VIOLENCIA A LAS POBLACIONES CON UNA RESITENCIA SOCIAL POR SOBREVIVIR.
Hemos ganado luchas que van en aumento porque los derechos no se piden se toman, este encuentro es la voz de las sin voz de las mujeres que han dado su vida a las calles de la ciudad de México, de la República Mexicana y de rincones del mundo donde la violencia neoliberal es aplastante como lo es aquí.