COMUNICADO DE BRIGADA CALLEJERA DE APOYO A LA MUJER, E.M.A.C. EN EL MARCO DEL 25 DE NOVIEMBRE. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

COMUNICADO DE BRIGADA CALLEJERA DE APOYO A LA MUJER, E.M.A.C. EN EL MARCO DEL 25 DE NOVIEMBRE. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
A las mujeres que en México y el mundo se dedican al Trabajo Sexual.
A las comunidades que son conscientes de las luchas que debemos seguir fortaleciendo.
A las hermanas y hermanos zapatistas que siguen organizándose.
A los medios de comunicación conscientes del poder ético de difundir información con responsabilidad.

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer EM AC, observa la violencia que ejercen las instancias de gobierno a las compañeras trabajadoras sexuales observando que no se ha avanzado en las formas de atención a una población que se organiza, y denuncia con distintas formas, el aumento de la violencia y las formas en las que son agredidas.
Llevamos ya 5 años desde la pandemia por COVID-19 observando y siendo solidarias con procesos de autocuidado y autogestión para mitigar la caída económica de 50% en los ingresos económicos de las compañeras trabajadoras sexuales, las situaciones de explotación laborar fuera del trabajo sexual, lo complicado que es resolver la manutención de los hijos y la comprar de la canasta básica.
La canasta básica en México para noviembre de 2025 tiene un costo promedio de 910 pesos por familia, con precios que oscilan entre 770.40 y 916.20 pesos dependiendo de la ubicación. Esta canasta incluye 24 productos esenciales, como alimentos y artículos de higiene, y se mantiene bajo el programa "Paquete Contra la Inflación y la Carestía" (PACIC) para garantizar precios accesibles. Lo cual solo está en su imaginario de un apolítica donde no son PRIMERO LOS POBRES, en algunas zonas, como Cuernavaca, Puebla y Tlaxcala, los precios de la canasta básica son más bajos, comenzando desde 770.40 pesos. A pesar de que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador el salario mínimo creció 137 por ciento, todavía no alcanza para comprar la canasta básica, bienes y servicios que requiere una familia para no vivir en condiciones de pobreza.
Así lo señaló el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, Enrique Provencio Durazo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, el economista de la universidad nacional recordó que en 2018 el salario mínimo estaba en 89.44 y pasó a 193.44 en 2024, lo cual fue un incremento significativo, pero es necesario seguir aumentándolo para disminuir brechas en la sociedad. En este ejemplo hablamos de quienes son trabajadores asalariados, quienes están en una rueda de explotación laboral en México.
Las Trabajadoras Sexuales en México ganaron un juicio de amparo que interpuso Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer EM AC, juicio número 112/2013, el cual marco un precedente para arrebatar por la vía del Derecho el reconocimiento al Trabajo, las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la Ciudad de México a raíz de ganar el juicio de amparo, no pueden ser detenidas ante la Ley de Cultura Cívica por incitar a la “prostitución” lo cual era una falta administrativa, el avance jurídico y político en México para las trabajadoras sexuales se ha avanzado una lucha consciente de ser mujeres libres con el derecho al trabajo y lo que implica plantarse en la calle para defender su fuente económica.
En esta Ciudad se avanza para seguir arrebatando los derechos partiendo desde el reconocimiento mas letal para el estado que es reconocer el derecho al trabajo, los derechos que se desprenden de esta avanzada jurídica se logran con fuerza y tenacidad de no venderse y no claudicar.
Ante ello hay grupos y mujeres que son creados desde el ESTADO mexicano como COPRED que construye un discurso del Estado para justificar datos maquillados para dar una imagen falsa de “ayuda a las trabajadoras sexuales”, las VIOLENCIAS SIGUEN Y SON MAYORES para las mujeres que siguen siendo las ultimas en las filas de las migajas que entrega el ESTADO que son gotas de utilidad y servilismo, con la idea de “AYUDA SOCIAL”.
Mientras siguen fingiendo que el país es un ejemplo para el mundo nuestras compañeras siguen muriendo por enfermedades curables, siguen corriéndolas amablemente de los Hospitales por que no cuentan con documentación como INE, más del 3% de las mujeres de la tercera edad que ejerce el l trabajo sexual no están registradas, cuando solicitamos seguimiento de ayuda para algunas áreas como la Secretaria de la Diversidad Sexual, la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, IMSS Bienestar, Registro Civil de la Ciudad de México solo escuchan, anotan con cara de interés sin entender ni importarles los derechos de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, por el contrario siempre buscan la foto, el desgaste y el rescate de las compañeras desde una visión abolicionista.
Las violencias a las compañeras son feminicidas, se entrelazan con la violencia de género, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia vicaria, la violencia sexual y la violencia económica, por parte de las instituciones, la violencia de género tiene consecuencias devastadoras para la salud física y mental de las víctimas, así como para su bienestar social y económico. A pesar de una mayor concienciación sobre el problema, los avances para reducir la violencia contra las mujeres han sido lentos, y se necesitan esfuerzos urgentes para prevenirla y apoyar a las sobrevivientes.
La ciudad de México es el primer lugar en trasfeminicidios, los denunciamos en 2024 al periódico la Jornada explicando que en la ciudad de México se ubica en el primer sitio de transfeminicidios con ocho casos este año, la mitad de los registrados en el país, siendo el último el de Devanny García, cuya muerte en febrero pasado derivó de un “cobro de piso” en su zona de trabajo, en la calzada de Tlalpan, en Cuauhtémoc, señalamos que en dicha vialidad laboran de manera intermitente mil 200 mujeres trans, a quienes se “les obliga a pagar una cuota de entre tres mil y cuatro mil pesos”.
Tras su muerte existe temor entre sus compañeras, por lo que exigimos a la Fiscalía General de Justicia reclasifique el delito por el que se inició la carpeta de investigación, que fue el de lesiones, cuando acudió al Hospital Balbuena, por el de transfeminicidio.
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL
Cada vez está más reconocido el hecho de que la penalización del trabajo sexual es un problema de
derechos humanos, la penalización del trabajo sexual, en todas sus formas, afecta de manera
desproporcionada a las personas más marginadas de la sociedad.
La aplicación de leyes penales contra el trabajo sexual puede ser causa de que las trabajadoras y los trabajadores sexuales sean víctimas de desalojo forzoso, detención arbitraria, investigación, vigilancia, enjuiciamiento y condena, es por ello que en el marco de esta fecha es prudente denunciar las brechas de desigualdad que las mujeres en los Estados de la República sigan siendo obligadas a pagar controles sanitarios con nombres de "tarjeta de salud" o ser discriminadas en la Ciudad de México por la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo STyFE.

Que frena un derecho humano dictado por el Juicio de Amparo 112/2013 donde se reconoce al Trabajo Sexual como un trabajo en el que como Trabajo no Asalariado contemplado en la Ley Federal del Trabajo las mujeres pueden asistir a dicha instancia para solicitar la Licencia de Trabajo no Asalariado. Las mujeres se han enfrentado a una negativa con el argumento jurídico sin sustento, como “no fuiste tu quien se amparó, no se te puede otorgar dicha licencia”, olvidando la máxima jurídica de progresividad, con esto nos referimos a la urgencia legal que se requiere para cuidar su seguridad, refieren al principio de que los derechos humanos deben avanzar y mejorar con el tiempo, sin retroceder. Esto significa que las autoridades tienen la obligación de no suprimir ni disminuir el nivel de protección de un derecho que ya ha sido reconocido. Si bien se pueden implementar medidas que restrinjan un derecho, estas deben ser proporcionales, estar justificadas y tener como objetivo último fortalecer la protección de este, evitando la regresividad.

Ante el Gobierno de la Ciudad de México, se vulnera en las acciones cotidianas para acceder a derechos con mayor impunidad a las trabajadoras sexuales en el tema de salud, el área legal de nuestra organización rescato el cuerpo de dos mujeres trabajadoras sexuales Rocío Valdivia en Octubre y María Ramírez en noviembre mujeres que murieron de enfermedades curables, ambas sin un patrimonio, sin un seguimiento médico, sin ahorros para su funeral. * Karla, que también se luchó por recuperar su cuerpo y forzar al ministerio público a reconocer a Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, E.M. A C., como su "familia social", por qué el derecho a una muerte digna sigue siendo una simulación como lo es una "Ciudad de Derechos". Karla no recibió atención ni digna ni mala, no la recibió y al habitar la calle le negaron atención médica por un atropellamiento. Ninguna ambulancia la atendió o traslado para recibir atención, la atención en instituciones médicas, de acceso a la justicia, a trámites de identidad, del Registro Civil, de Seguridad Ciudad sin la menor empatía y con una amplia falta de perspectiva de género es clara cada que una Trabajadora Sexual se acerca a realizar cualquier trámite.

La violencia sistémica, patrocinada desde las estructuras del Estado mexicano, que privilegia
la obtención de la máxima ganancia de empresarios y políticos y que ignora su responsabilidad para garantizar una vida libre de violencia hacia este grupo de mujeres dicha práctica empresarial corporativa, está configurada por diversas circunstancias que fomentan la violencia de género en el mundo laboral de las trabajadoras sexuales en México y la hemos desarrollado a través de treinta indicadores, que nos muestran condiciones adversas e incluyen prejuicios culturales promovidos desde las instituciones públicas. A partir de los testimonios recogidos podemos decir que el 73% de
los responsables de la violencia hacia las trabajadoras sexuales, son servidores públicos. Al respecto Rita Segato nos explica que “la asociación mafiosa parece actuar en red y articulación tentacular
con sujetos insertados en la administración oficial a varios niveles, revelándose por lo tanto como un Segundo Estado que controla y da forma a la vida social por debajo del manto de la ley”.Los indicadores de violencia de género en el mundo del trabajo sexual en México, nos muestran a un sector de servidores públicos, sobre todo a nivel municipal, que tienen una vocación clientelar que busca lograr el apoyo de determinadas personas, grupos o sectores para lograr su apoyo en la defensa de sus propios intereses. Así, dicho sector de la administración pública municipal, recluta voluntades entre trabajadoras sexuales y organizaciones que centran su atención en ellas para dividirlas y poder imponer sus determinaciones. Dicho reclutamiento clientelar es implementado por las diferentes instituciones públicas y confluye en el control sanitario. Reducir el costo de dicho sistema e incluso decretar su gratuidad es una medida utilizada para ejercer una vigilancia permanente sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres que ofrecen servicios sexuales y mantener una tutela gubernamental sobre ellas. Las condiciones laborales abordadas durante la investigación constituyen el anclaje de la violencia de género en el mundo del trabajo sexual en el México actual.

“Reconociendo las múltiples violencias que viven hoy las mujeres
que se dedican al trabajo sexual, no hay que imaginar que prohibir
el trabajo sexual va a terminar con ellas. Al contrario, las prohibiciones
agudizan las violencias”.
Dra. Marta Lamas Encabo, feminista y académica.

Respeto Total al Trabajo Sexual.