Trabajadoras sexuales resisten desalojo en Ciudad de México por el Mundial 2026

Trabajadoras sexuales resisten desalojo en Ciudad de México por el Mundial 2026

Fotos por Asociación brigada callejera de apoyo a la mujer “Elisa Martínez”.

Las trabajadoras sexuales de la Calzada de Tlalpan advierten que no se moverán, aunque el gobierno de la Ciudad de México impulse el desplazamiento de 2,500 de ellas con la construcción de la ciclovía Gran Tenochtitlán, en el marco de la Copa del Mundo 2026, pese a denuncias por violaciones de derechos de diversos sectores de la sociedad.

“El Mundial perjudica a trabajadoras sexuales por la percepción que hay de parte de las autoridades en no dejarlas trabajar. La limpieza social que están haciendo es impresionante. Pero no se van a ir de Tlalpan”, dijo Elvira Madrid Romero, presidenta de la Asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer ‘Eliza Martínez’, en entrevista con Avispa Mídia.

La ciclovía Gran Tenochtitlán sobre la Calzada de Tlalpan, ya en su fase final, es un proyecto que busca articular el centro histórico con el Estadio Azteca y que contempló la instalación de jardineras que reducen la circulación vehicular, afectando incluso a quienes residen en la zona.

El proyecto fue avalado en marzo de 2025 con un presupuesto de 115 millones de pesos que comprende el trazado de cerca de 15 kilómetros de ciclovía bidireccional sobre la Calzada de Tlalpan y el enlace con otros tramos existentes, sumando un total de 79 kilómetros.

Desde su etapa de diseño, la edificación avanzó sin consultar a habitantes, comerciantes ni trabajadoras sexuales de la zona. Para Brigada Callejera, la intervención funciona como un mecanismo para justificar un desalojo progresivo de quienes ejercen el trabajo sexual, con miras a su exclusión definitiva.

La policía vigila, incluso, que ningún vehículo se estacione. “¿Cómo van a solicitar los servicios los clientes si no pueden detenerse? Esto es una limpieza social aunque ellos (gobierno) digan que no”, reiteró Elvira Madrid.
Fotos por Asociación brigada callejera de apoyo a la mujer “Elisa Martínez”.

Las trabajadoras sexuales, en su mayoría jefas de familia, ya registran pérdidas de hasta 70% de sus ingresos diarios, por lo que encabezaron al menos cinco protestas que comenzaron a mediados de 2025, lo que llevó a la apertura de un diálogo con el gobierno capitalino, pero no hubo resultados concretos. Rechazaron los 58 puntos de “inclusión” para el trabajo sexual, y el cambio de vestimenta que planteó la administración de Clara Brugada.

“No hay mesas de diálogo con autoridades, ya solo engañan y no cumplen, estamos cansadas. El gobierno hace las cosas sin planear y pues así no funciona. Piensa que estamos como en Europa, como países del primer mundo, pero ahí están bien delimitadas las calles y todo. Aquí no”, dijo Elvira Madrid. Aunque este patrón, advierte, podría replicarse en otras entidades sede del Mundial, como Monterrey y Jalisco.

Para las trabajadoras sexuales el conflicto no se limita a la ciclovía, sino a la falta de planeación y a la vulneración de los derechos humanos disfrazado de ordenamiento urbano y prevención de delitos, pues en los argumentos oficiales han señalado que también pretenden impedir la explotación sexual.

Elvira Madrid hizo hincapié en la diferencia entre trabajo y explotación sexual y advirtió que esta última ocurre de manera permanente, independientemente de la realización de un Mundial.

“El turismo sexual será, porque no solo vienen a ver un partido de fútbol, también vienen a contratar servicios sexuales. Es una realidad en todos lados. El riesgo de explotación sexual está en toda época, todo el tiempo, más ahorita con toda la migración y toda la situación de políticas antimigratorias, incrementó”, explicó.

El escenario preocupa a Brigada Callejera pues históricamente las trabajadoras sexuales en México enfrentan altos niveles de violencia y discriminación de policías, clientes y transeúntes, y sufren detenciones arbitrarias, negación de servicios y estigmatización, sin reconocimiento pleno de sus derechos humanos y laborales.

El pasado 27 de enero, Clara Brugada dijo que será este año (2026) el reordenamiento del centro histórico y buscarán, entre otras acciones, “liberar de las calles a 4 mil 500 comerciantes, pues es mucho”, sentenció.
La negación institucional de derechos

“No es que nos guste hablar mucho con el gobierno, pero hay cosas que tenemos que tratar. En 2025 perdimos a muchas compañeras por este sistema de salud. No llegamos todas. No hay ni veo ningún cambio, veo un retroceso. Vas a denunciar y no te hacen caso”, dijo.

Elvira Madrid dio a conocer que a trabajadoras sexuales, mujeres y personas trans se les niegan servicios de salud pública en todas las instituciones del país, lo que las expone al riesgo de fallecer por enfermedades que no fueron atendidas a tiempo.

“Para acceder a los servicios les cuesta mucho y una vez que entran no hay medicamento, no hay personal suficiente, te dan citas muy alejadas”, dijo Madrid según lo documentado en el consultorio de la clínica comunitaria de segundo nivel de Brigada Callejera.
Fotos por Asociación brigada callejera de apoyo a la mujer “Elisa Martínez”.

En las instituciones públicas el argumento es que no hay espacio, no pueden costear la atención médica privada y terminan perdiendo la vida. “Aún con incrementos en el salario mínimo, éste no cubre el costo de vida. Para las trabajadoras sexuales, cuya actividad está estigmatizada y precarizada, esta brecha es aún mayor”, reza un comunicado de la organización.

En el escrito fechado el 25 de noviembre de 2025, Brigada Callejera enfatiza que, aunado a lo anterior, la penalización del trabajo sexual constituye una violación a los derechos humanos, pues facilita desalojos, detenciones arbitrarias y vigilancia institucional.

Para las trabajadoras sexuales, las medidas vigentes, como la negativa a otorgar permisos de trabajo no asalariado, representan un retroceso en materia de derechos humanos y ponen en riesgo su seguridad.
Hegemonia criminal

Por varios años, incluso 2024, la estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) situó a México en el segundo lugar en feminicidios y transfeminicidios. En 2025, en este país ocurrieron 15 feminicidios y 10 transfeminicidios de trabajadoras sexuales documentados por Brigada Callejera.

“El monitoreo dice que aumentó un 35% respecto a hace dos años. De esto casi no se habla ni se dice, pero nosotras que estamos ahí nos damos cuenta cómo es la situación. Y que a veces no los etiquetan como feminicidios ni transfeminicidios. Todo es muy violento”, lamentó Madrid.

Los estados ubicados con focos rojos son Veracruz, Chiapas, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato y Guadalajara, “en nuestro encuentro [realizado a finales del 2025] vinieron compañeras a hacer denuncias muy fuertes”, dijo Elvira Madrid que, además, viven bajo el asedio del cobro de piso por narcotraficantes.

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