Trabajo sexual en la Ciudad de México, tema que espera resolución

Trabajo sexual en la Ciudad de México, tema que espera resolución
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NTX/RAJ/HTV
31 DIC 2016

El tema del trabajo sexual en la Ciudad de México sigue sin cerrarse, ante la división entre quienes consideran que la actividad fomenta la trata de personas y aquellos que opinan que debe reglamentarse al ser una forma más de ocuparse cuando se hace de manera voluntaria.

Luego de que la Comisión de Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente borró del proyecto sobre trabajo no asalariado la prostitución, en la Asamblea Legislativa se prevé abordar en el próximo periodo ordinario de sesiones reformas para reglamentar el trabajo sexual.

La diputada local Beatriz Rojas Martínez expresó su desacuerdo con que la prostitución se reconozca como trabajo sexual, al juzgar que expone a quienes la ejercen a más explotación y no abona a su erradicación ni a la protección de las víctimas.

La asambleísta de Morena manifestó que casi 80 por ciento de quienes ejercen ese oficio son mujeres, incluso muchas de ellas menores de edad.

A su juicio, no se puede reconocer el trabajo sexual como un oficio asalariado porque abre las puertas a la trata de personas.

Expuso que 85 por ciento de quienes sufren la explotación sexual son mujeres y 70 por ciento son obligadas, traídas a la fuerza o con engaños de Tlaxcala, Veracruz y Puebla, entre otros estados.

Indicó que su reglamentación no supone un control de la industria del sexo, por el contrario la expande, aumenta la prostitución de calle y promueve la prostitución infantil donde a la mujer se le ve como un objeto sexual.

"Incluso mujeres que lo hacen voluntariamente lo hacen porque no hay más opciones, porque persiste la brecha de desigualdad, por necesidad; habría que preguntarse qué mujer estudia para convertirse en prostituta", dijo Rojas Martínez.

La legisladora local advirtió que la Ciudad de México, junto con Tlaxcala, Puebla, Baja California y Chiapas, son las entidades con los índices más alarmantes de trata de personas.

En la capital, señaló, existen 13 corredores donde opera la impunidad y explotación sexual en el centro.

Por su parte el asambleísta Víctor Hugo Romo Guerra impulsa la derogación de la Fracción VII del Artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica local, con el propósito de no "criminalizar" la prostitución cuando se realiza de manera voluntaria y sin coerción.

El legislador local perredista explicó que dicha fracción penaliza tanto el ejercicio de la prostitución como a aquellos que solicitan el servicio, situación que provoca que las trabajadoras sexuales y sus clientes sean extorsionados por las propias autoridades.

Detalló que se trata de reconocer sus derechos no sólo humanos sino también laborales, obligando al Estado a no ser omiso y a que establezca una política pública que genere las garantías legales para que quienes ejerzan la prostitución de manera voluntaria puedan acceder a servicios de salud, por ejemplo.

La idea, abundó, es diseñar una estrategia integral que permita lograr un producto legislativo útil y garantista para diferenciar la trata de personas de quienes ejercen el trabajo sexual de manera voluntaria. "No queremos más trabajadoras sexuales muertas, explotadas y maltratadas", subrayó.

Romo Guerra recordó que el 31 de enero de 2014, a través de la sentencia histórica del Juicio de Amparo 112/2013, se determinó y reconoció por parte del Juzgado I de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal que la prostitución es una forma más de trabajo.

"Esa resolución judicial inédita se fundó en la defensa del Artículo 5 constitucional, que protege la libertad de todas las personas para dedicarse a la profesión u ocupación que elijan", refirió.

Citó a investigadores que consideran necesario regular el trabajo sexual como una forma de lucha contra la trata de personas, además de evitar la estigmatización hacia quienes la ejercen, como si se tratara de un delito.

"La prostitución no es un delito, las personas tienen derecho a intercambiar servicios sexuales y frente a esa libertad se debe proteger los derechos laborales sin extorsión, riesgo de muerte y abuso de los policías u hoteleros hacia quienes son orilladas a ejercerlo por la situación económica u otras causas", indicó el asambleísta del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Expuso que el trabajo sexual debe ser llamado como "comercio sexual", ya que lo que está penado en la ciudad es el lenocinio y no la actividad, y se deben combatir las malas interpretaciones.

Por ello, puntualizó, se tiene que oír la voz de las trabajadoras sexuales, porque en algunos casos se habla de explotación sexual y en otros no, además se tiene que buscar que esas mujeres puedan desarrollar su trabajo con libertad y sin delincuencia.

Romo Guerra planteó la necesidad de reconocer que existen mafias y redes de delincuencia organizada que ejercen presión y agresión a las trabajadoras sexuales, por lo que "tienen que oír su voz, ya que en algunos casos se habla de explotación sexual y en otros no".

La presidenta de la asociación civil Brigada Callejera, Elvira Madrid Romero, agregó que es una lucha más para que se reconozca este trabajo, porque la ciudad tiene que dar garantías a las trabajadoras sexuales.

Además denunció que existe la extorsión y "las zonas de tolerancia no sirven y eso está demostrado a nivel internacional por expertos en el tema".

La diputada constituyente Lol Kin Castañeda reconoció que es un tema complejo y revestido de prejuicios en la ciudad, pero se tiene que abordar como un tema de derechos humanos.