Pronunciamientode la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, "Elisa Martínez", A.C sobre el trabajo sexual en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“Cobrarnos tarjetas y servicios de control sanitario, hace al municipio, lenón”: Trabajadora sexual.

Pronunciamiento de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, "Elisa Martínez", A.C., sobre el trabajo sexual en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

• Cobro ilegal de condones del sector salud y pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis
• Reconocimiento de trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas

Por Elvira Madrid Romero y Jaime Montejo de la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, Tapachula, Chiapas, 20 de julio de 2017.-

Si bien es cierto que en México las zonas de tolerancia, espacios donde gobiernos municipales y estatales han designado para el ejercicio del trabajo sexual, se han convertido en muchas ocasiones en verdaderos campos de concentración, donde los abusos, extorsión, explotación sexual y trata de personas, se dan cita con total impunidad y con la participación de actores de la clase política involucrados en un negocio multimillonario, donde el narcomenudeo, la venta de armas, el pacto de secuestros económicos y asesinatos, entre otros delitos, ha estado presente.

También es cierto, que en la práctica representa una oportunidad laboral para no pocas trabajadoras sexuales, meseras, bailarinas y otras trabajadoras y trabajadores que tienen sus fuentes laborales en los diferentes establecimientos de la industria del espectáculo y la diversión que allí se dan cita.

Otra situación a tomarse en cuenta, es que hay zonas de tolerancia que ya vieron irse sus mejores tiempos y que ahora su imagen se encuentra en un franco deterioro ante el público usuario que paulatinamente ha dejado de asistir a solicitar servicios sexuales, beber, escuchar música, presenciar espectáculos de desnudo, table dance, camisetas mojadas, sexo en vivo o show travesti, entre otros más que allí pueden darse cita.

Algunas zonas de tolerancia como la del Pijuyal, de la cual actualmente sólo quedan sus ruinas, no hay mucho más que decir que el negocio del sexo, se traslado a otros espacios en Puerto Madero; otras zonas como Las Huacas, donde sólo dos establecimientos mercantiles siguen funcionando de más de 20 negocios que ya dejaron de funcionar hace mucho tiempo, es posible que vayan quedando en el recuerdo de quienes allí se ganaron la vida y su clientela, como un pasaje histórico de lo que fue el talón en la época dorada de este tipo de lugares.

El control sanitario:

El control sanitario del trabajo sexual, es una práctica discriminatoria y por ello inconstitucional, que además de violentar la dignidad de las y los trabajadores sexuales, no representa ningún beneficio para la salud pública, ni para el control del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, ITS.

El carácter discriminatorio del control sanitario, lo señalan las “Directrices internacionales de VIH/Sida” de las Naciones Unidas, así como la publicación “El VIH, el Sida y los derechos humanos: el caso de las y los trabajadores sexuales”, entre otros documentos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.

Por ello, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., propone como un acto de buena fe, la suspensión de dicho régimen y en cambio la firma de un convenio de colaboración entre el Seguro Popular, la Jurisdicción Sanitaria respectiva que depende del Instituto de salud de Chiapas, el Capasits y la Secretaría de Salud municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para garantizar el acceso a la salud de las trabajadoras y trabajadores sexuales.

Mientras tanto, así como el ayuntamiento tiene facultades para reducir o condonar multas, que se deje de cobrar el costo de la tarjeta de control sanitario y todos los cobros que ello trae consigo y que también se deje de remitir a las trabajadoras sexuales a laboratorios particulares; y que esto, se garantice a través de un acuerdo de cabildo como ocurrió en Huixtla, Chiapas y en otros lugares de la república mexicana.

Un camino más sencillo para transitar del control sanitario al auto-cuidado personal, sin invasión de la intimidad de cada mujer, es coadyuvar para que todas y cada una de las trabajadoras sexuales tramite su seguro popular y allí solicite los servicios de detección de VIH, sífilis, Papanicolaou y otros que necesite, sin que ninguna institución, empresa o particular, tenga que conocer su situación de salud.

Un antecedente está en la suspensión del control sanitario en el Distrito Federal, como lo atestigua La Gaceta número 87 del 25 de mayo de 2000, disponible en la siguiente liga:

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2000_mayo_...

A continuación el aviso de suspensión del control sanitario publicado en la Gaceta:

“AVISO DE SUSPENSION DE LA CREDENCIAL PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES, EXPEDIDA POR CONASIDA

Considerando

I. Que las medidas de prevención para evitar el contagio sexual del VIH/SIDA deben ser educativas, con pleno respeto a los derechos humanos, realizando acciones conjuntas con la población general y en particular con aquellas que se encuentran expuestas frecuentemente a su contagio, como son las trabajadoras y trabajadores sexuales, así como las personas que soliciten o contraten sus servicios.

II. Que a partir del 1º de noviembre de 1999 se suspendió la expedición de credenciales de CONASIDA para acreditar ante los usuarios del servicio la ausencia del VIH en los trabajadores y trabajadoras sexuales, como consecuencia de haber sido utilizada con fines ilícitos, contrarios a los de prevención o control sanitarios.

III. Que la credencialización de trabajadoras y trabajadores sexuales no garantiza la práctica sexual protegida, indispensable para la prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual.

IV. Que las acciones de prevención que realice la Secretaría de Salud del Distrito Federal se diseñarán conjuntamente con las personas a las que van dirigidas.

Con base en lo expuesto se determina:

Primero.- La Secretaría de Salud del Distrito Federal continuará practicando gratuitamente a los trabajadores y trabajadoras sexuales, los estudios que habitualmente les ha realizado para la detección del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.

Segundo.- Se suspende la expedición de la credencial de CONASIDA y su resello trimestral.

Tercero.- Por lo anterior, ninguna persona o autoridad en el Distrito Federal podrá requerir a los trabajadores y trabajadoras sexuales de dicha credencial o cualquier otro documento con pretensiones de control sanitario.

EL SECRETARIO DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL (Firma) DR. ARMANDO CORDERA PASTOR”

La transición:

Ahora, en una etapa de transición, lo recomendable es que en el consultorio municipal que se encuentra instalado en la zona de tolerancia, sea una médico cirujano mujer, quien tenga el encargo del control sanitario y que todo el personal que labora en la zona de tolerancia, permanezca en dicho lugar de forma temporal para evitar que se de continuidad a prácticas de abuso sexual, extorsión y otros abusos hacia trabajadoras sexuales, en este caso.

Plantear la posibilidad de abrir otra zona de tolerancia para mujeres transgénero o abrir un espacio en la zona galáctica para este grupo humano, abre la posibilidad de promover acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo, entre otras acciones jurídicas para promover la defensa de la dignidad de quienes se puedan ver afectadas por dicha determinación.

Elaborar un censo de trabajadoras y trabajadores sexuales para darle vista a la Fiscalía General del Estado, a la larga va inhibir la participación de muchas personas que puedan sentirse amenazadas por dicha determinación, en su seguridad o anonimato.

Cobros en la zona galáctica:

La zona de tolerancia municipal conocida como “zona galáctica”, es una unidad organizativa que incluye a varios establecimientos mercantiles, donde la propiedad de la tenencia de la tierra no ha sido aclarada a través de “transparencia municipal”, sin embargo, las licencias de algunos negocios como los bares y cantinas de su interior y probablemente las tiendas y fondas, cuenten con propietarios, tales como alguna cervecería o particulares.

Lo que si sabemos es que la zona galáctica está administrada por el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien cobra el pago de un peaje para que los clientes de dicho lugar puedan entrar a consumir bebidas, alimentos, pasearse o pagar servicios sexuales.

Otros cobros son el estacionamiento y el sanitario.

En la actualidad hemos constatado en numerosas visitas mensuales hechas por la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., en compañía de personal del ayuntamiento, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas y del Pacto de Sororidad, que no se expide ningún comprobante de la Tesorería Municipal a nadie y que el cobrador de la entrada de la zona galáctica, conocido como “Paco”, quien probablemente se llame Francisco Miguel Ruiz, tiene dicha encomienda pero no es un servidor público, como probablemente tampoco lo sean quienes están a cargo del cobro de baños y estacionamiento.

Se cobran de forma irregular, las pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis que son aportadas por el Instituto de Salud de Chiapas y/o por el Censida; se venden condones de distribución gratuita del sector salud y se colocan letreros anunciando la oferta comercial de dichos insumos para la salud, se manda a laboratorios particulares a las mujeres para que se hagan el Papanicolaou y pruebas de no gravidez.

La venta de insumos para la salud propiedad del sector salud, se puede tipificar como peculado y hasta concusión, “delitos especiales cometidos por servidores públicos” y en la caso de la participación de varios funcionarios públicos, el delito de coalición de servidores públicos, con independencia de las sanciones administrativas a que den lugar dichas conductas.

Propuesta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.:

Reconocer a las trabajadoras sexuales de la vía pública y de la zona galáctica como trabajadoras no asalariadas, como lo establece la Sentencia 1112/203 del Poder Judicial de la Federación (PJF), obtenida por un grupo de trabajadoras sexuales de la Ciudad de México, convocadas por la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C. y acompañadas jurídicamente por el bufete Tierra y Libertad donde la abogada Bárbara Zamora y el licenciado Santos García, marcaron la diferencia en el país.

Liga con la Sentencia referida:

http://www.amij.org.mx/micrositios/reconocimientos2014/sentencias/eg/Fol...

La norma jurídica que permitió dicho reconocimiento y acreditación gratuita, es el Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal (RTNA), que señala en el Artículo 2º que “Para los efectos de este Reglamento, trabajador no asalariado es la persona física que presta a otra física o moral, un servicio personal en forma accidental u ocasional mediante una remuneración sin que exista entre este trabajador y quien requiera de sus servicios, la relación obrero patronal que regula la Ley Federal del Trabajo”.

La liga del RTNA, es la siguiente:
http://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/581/cdf/ad6/58...

Producto de la Sentencia 112/2013 del PJF, la voluntad política y una coyuntura que lo permitió, el Congreso estatal de Coahuila, reconoció al trabajo sexual como trabajo no asalariado, en la reforma del Código Municipal del 4 de enero de 2017.

La primera reforma es la del Numeral 4, del Titular VII- “En materia de desarrollo económico y social”, del Artículo 102 del Código Municipal, que señala como facultad de los ayuntamientos del estado referido, lo siguiente: “Promover y proteger los derechos de asociación, capacitación y salud, de los trabajadores no asalariados, tales como, aseadores de calzado; estibadores, maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres; mariachis; músicos, trovadores y cantantes; organilleros; artistas de la vía pública, plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores de carrocerías; fotógrafos; mecanógrafos y peluqueros; albañiles; reparadores de calzado; pintores; trabajadores auxiliares de los panteones; cuidadores y lavadores de vehículos; compradores de objetos varios, ayateros; vendedores de billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas; trabajadores sexuales; y demás individuos que desarrollen cualquier actividad similar a las anteriores, a través de la expedición de licencias de trabajo expedidas por la autoridad administrativa que determine el reglamento correspondiente.”

Así mismo, la reforma incluye el ARTÍCULO SEGUNDO transitorio, en el que se estipula que “Los Municipios contarán con un plazo de 90 días para expedir el reglamento sobre trabajo no asalariado al que se refiere la presente iniciativa de reforma.

Liga con el Código Municipal reformado:
http://congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/coa07.pdf

La zona galáctica, es una zona de tolerancia “municipal”, como los mercados públicos que todavía sobreviven en el país, los centros de salud municipales o escuelas públicas y dicha comparación, quizás sea considerada inmoral o impropia por algunas conciencias.

Avalar el cobro de la entrada a dicha zona, es como aceptar el cobro de cuotas en las escuelas públicas; así el planteamiento sea rebajar dicho “peaje” a su mínima expresión, deja abierta la posibilidad de que en cualquier momento dicho “cover” aumente a discusión de cualquier administración municipal, servidor/a público/a o particular, como el actual cobrador de la galáctica.

El cobro de dicha entrada, repercute directamente en la posibilidad de que los visitantes de la zona de tolerancia, puedan contratar servicios sexuales, ya que estamos hablando de varones de nivel socioeconómico E y D, esto es, en extrema pobreza y pobres; mayoritariamente, quienes deben pagar el servicio de transporte hasta dicho lugar.

Por ello nuestra propuesta es que se retire el cobro de la entrada, que en este momento funge como una especie de “cover”, donde el espectáculo que se cobra, raya en la discriminación, ya que equivale a pagar por ver a un grupo de mujeres, como si se tratara de un espectáculo circense con animales o personas que tienen deformidades o anormalidades físicas, que son útiles para explotar el morbo de visitantes a la zona galáctica.

Ahora, el cobro por el uso del sanitario, que en un mes representó 200 mil pesos reportados a la cuenta pública municipal, sin que se hubieran utilizado recibos de pago foliados para evitar la susceptibilidad de malos manejos de dichas entradas económicas a la hacienda municipal, puede terminar, cuando cada bar, cantina, cabaret o “módulo” (cuartería) de la zona, preste dicho servicio de forma gratuita a quienes consuman en su establecimiento mercantil; como ocurre en muchas otras zonas de tolerancia.

Si se desea mantener el cobro de dicho servicio sanitario, las opciones preferidas por tecnócratas o aspirantes a serlo, es concesionarlo a algún dueño de módulo, a una empresa especializada en el manejo de sanitarios privados, a los dueños de la zona, en abstracto o a mantener el monopolio municipal de dicho servicio.

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., propone que se termine con el monopolio de dicho servicio y que sí se va a concesionar a alguien, que sea a una sociedad cooperativa integrada exclusivamente por las trabajadoras sexuales que laboran en dicho lugar, capacitadas sus integrantes por nuestra organización que ha constituido cooperativas ded trabajadoras sexuales desde hace más de 20 años a lo largo y ancho de toda la república.

Esto con el objeto para que las ganancias se utilicen exclusivamente a favor de las trabajadoras sexuales y no de terceros involucrados; como en la compra de condones, la formación de un fondo de pensiones, proyectos de vivienda, en la instalación de una tienda cooperativista donde puedan comprar productos de primera necesidad a precios competitivos, que incluya un comedor operado por las mismas trabajadoras sexuales, apoyo a proyectos productivos para quienes deseen retirarse, instalación de un centro comunitario operado por OSC como la nuestra, el Pacto de Sororidad, presidencia municipal y Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas.

La posibilidad de que el usufructo del sanitario beneficie a trabajadoras sexuales, también aplica para el estacionamiento; de igual forma como en su momento ocurrió en Colima, siendo gobernadora la maestra Griselda Álvarez entre 1979 a 1985.

Argumento de peso por peso $$$$:

Si la administración pública municipal del alcalde Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, condonó adeudos millonarios de quienes cuentan con licencias de funcionamiento en la zona galáctica; hoy, se presenta la oportunidad histórica para beneficiar directamente a las trabajadoras sexuales, a través de un proyecto cooperativista en el que participen todas y cada una de las trabajadoras sexuales de dicho lugar; mismo que puede incluir candados que garanticen la transparencia, el no desvío de recursos y la participación directa de las mujeres mencionadas.

El cobro de la tarjeta de control sanitario, debe eliminarse ya que denota abuso económico por parte del ayuntamiento y de servidores/as públicos/as que dicen laborar en dicho lugar y en la práctica representa “beneficiarse de la prostitución ajena”, situación que se equipara a la explotación sexual en la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.

Sólo falta que una denuncia penal, acompañada de instancias internacionales y queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo pueda resolver en la práctica concreta.

A manera de conclusión:

Por todo lo expuesto hasta el momento, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., la Red Mexicana de Trabajo Sexual y la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, desconocemos cualquier propuesta, iniciativa o análisis que implique el cobro de cualquiera de los rubros señalados en este pronunciamiento o la continuidad del control sanitario, bajo falsos esquemas de protección a la salud pública o personal de las interesadas.

Formular una propuesta que incluya costo hacendario para clientes o trabajadoras sexuales de nivel socio-económico que se encuentran en la pobreza y extrema pobreza y laboran en zonas de tolerancia o la vía pública, NUNCA ha sido secundado por la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.

Presentar dicha iniciativa, previa firma de carta compromiso con nuestra organización, sólo denota ignorancia de nuestra trayectoria y postulados presentados en el “Plan de Lucha 2006 a 2031”, en el manual de promotoras de salud en VIH que publicamos en 2004 e innumerables documentos.

Cualquier iniciativa respaldada por nuestra organización, debe haber sido validada por el pleno de la asamblea general de la Red Mexicana de Trabajo Sexual y firmada por al menos 30 trabajadoras sexuales de la dirección colectiva, así como por la representante legal de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., previa consulta interna de nuestras/os activistas, donde haya consenso, esto es, al menos el beneplácito de las ¾ partes de participantes y la mayoría calificada del Patronato.

El argumento de que los trabajadores no asalariados deberían pagar impuestos, fue desechado en la ciudad de México, siendo secretario del trabajo de la república, el abogado Porfirio Muñoz Ledo, cuando se emite el Reglamento de Trabajadores No Asalariados, el 2 de mayo de 1975; entre otras razones por la precariedad en la que dichos gremios urbanos se ganan la vida.

Por ello, todos los trámites para obtener la acreditación mencionada, que consiste en la expedición de licencias y tarjetas de identificación como trabajadores no asalariados; son gratuitos y no hay el cobro de derecho de piso ni ningún otro tributo hacendario.

No entenderlo así, sin considerar la opinión de las trabajadoras sexuales involucradas, así como el desconocimiento de su situación, que no se puede equiparar a la de otras trabajadoras sexuales que sí están en condición de pagar los impuestos de ley, sí y sólo sí, tuvieran acceso a las prestaciones sociales que el derecho laboral establece para las y los trabajadores asalariados.